La ley del gallinero: Petorca ante los gigantes

La provincia de la Región de Valparaíso lleva dos décadas enfrentando una profunda crisis socioambiental relacionada al depredador monocultivo de paltas. Los habitantes de municipios como Cabildo buscan la manera de resistir al desierto que se les echa encima y a un futuro cada vez más incierto.

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La casa de Jimena Valdebenito se encuentra al borde de un río en el que ya no hay agua. De las paredes cuelgan fotos enmarcadas que narran la vida de esta pequeña agricultora, que con cariño y nostalgia nos va señalando los rostros de los que siguen y de los que ya no están. En esta misma casita pintada de azul, con techo de calamina, nació ella. Su familia llegó de Patagua con la reforma agraria de Salvador Allende. De origen minero, vinieron a instalarse en lo que ahora es la población San José de Cabildo con la intención de sembrar un campito, terreno que los hijos fueron manteniendo desde entonces. Pero en los últimos años los animales murieron, sus cultivos se secaron, así como el pozo por el que la familia inscribió y pagó sus respectivos derechos de aprovechamiento para respetar el Código de Aguas de 1981 que todavía hoy rige en Chile, y que mantiene el carácter privado de este bien natural sin el que la vida se hace imposible.

“Antes cada uno tenía su noria y sacaba a través de baldes. Ya después uno empezó a querer tener accesible agua potable, por las comodidades. Hicieron un grupo y un pozo que empezaron a trabajar, y de ahí… compraron los señores de arriba, de la Villa San José, compraron, y ese pozo lo transformaron para ellos. Es terrible. El agua se supone que iba a ser para los pequeños agricultores”, narra Jimena.

Al otro lado del puente que se alza frente a su hogar, en grotesco contraste, destacan los boyantes y frondosos paltos de la empresa agrícola Cabilfrut S.A., propiedad de la familia Cerda. Eduardo Cerda, su fundador, fue diputado de la Democracia Cristiana antes, durante y después del gobierno de la Unidad Popular, así como tras el regreso a la democracia. Su hijo, Eduardo Cerda Lecaros, es ahora el administrador, tras haber ocupado el sillón de alcalde de Cabildo durante cinco mandatos consecutivos (entre 1992 y 2012). Todo el verdor que falta en los polvorientos alrededores parece concentrado allí, en esas parcelas pobladas por el “oro verde” de Petorca. Ese puente que separa la tierra verde de la tierra yerma se llama oficialmente, por cierto, Alfredo Cerda Jaraquemada, en honor al patriarca de la familia, también ex parlamentario y senador. Aunque, como nos recuerda Jimena, los pobladores de San José no aceptan ese nombre que se dictaminó en el Congreso, y llevan años peleando para que se reconozca su nombre original: “Puente San José”.

“Tienen aparte un predio pero del demonio, si usted lo viera, pero grande, grande. En todos lados están ellos, es como una pandemia de ellos, desde que aparecieron”, suspira Jimena en referencia a las grandes agrícolas que ya en los años noventa, pero sobre todo a comienzos de siglo, se expandieron por la localidad y por toda la provincia, imponiendo el monocultivo de paltas, consumiendo el agua a espuertas valiéndose de los amplios derechos de aprovechamiento que la institucionalidad entregaba sin calibrar el agua a disposición y que, cuando las aguas superficiales se agotaron, construyeron pozos profundos contra los que los pequeños agricultores no podían competir. Incluso, después de que en 1997 la provincia fuese declarada “área de restricción hídrica”, la Dirección General de Aguas siguió entregando derechos de aprovechamiento de carácter “provisional” durante casi dos décadas más a las grandes empresas, hasta que una sentencia judicial en 2014 revocó estos últimos (no así los derechos permanentes que ya poseían), declarando como claramente manifiesto el descenso sostenido de los niveles de agua subterránea.

“El clima también nos afecta, hay que ser realistas que eso está pasando. Pero deberían ser más consecuentes ellos, venir y decir: ‘Vamos a compartir el agua’. Si nos va a llegar la sequía, que nos llegue a todos por igual. No porque tú eres un pequeño agricultor tienen que dejar que se te mueran tus árboles. Si tuviéramos un vecino (en problemas), diríamos: ‘¿Sabes qué? Te voy a dar un día para ti, para que tú riegues tu predio de alguna manera’. Nosotros estaríamos accesibles a hacer esas cosas, pero con estos señores no. A ellos les interesa tener ellos nomás, y bueno, si te jodiste, te jodiste nomás. Es la ley del gallinero, como se llama”, reflexiona Jimena.

Olvidando momentáneamente la muleta con la que se apoya al caminar, Jimena desaparece en un pasillo del que reemerge sosteniendo un par de fotos enmarcadas. En ella se muestra el acto de inauguración del puente en 2001, al que asistió el Presidente de entonces, Ricardo Lagos. Como cruel ironía del destino, sucedió que, al ser Jimena dirigente social en aquellos años, le solicitaron que ella diera el discurso de inauguración de ese puente que hoy día separa la bonanza de la precariedad. Ya no recuerda muy bien lo que dijo, pero supone que dio las gracias. Una imagen que quizá retrate a la perfección el Chile de los últimos treinta años, en el que el incuestionable “progreso”, esa “alegría que ya venía”, solo venía para algunos.

¿SEQUÍA O SAQUÉO?

La provincia de Petorca ha ido acumulando decretos de emergencia hídrica a lo largo de las dos últimas décadas, sin que nada parezca poder detener la hecatombe de lo que ya se ha bautizado como “megasequía”. Al contrario, el proceso se ha ido acelerando. En menos de 15 años el río La Ligua, que circulaba bajo el puente, pasó de un extremo al siguiente. Convertido ahora en un basural dantesco, a lo largo y ancho pueden encontrarse neumáticos, chatarra oxidada, montañas de deshechos, autos hechos pedazos. Un muchacho recorre los montículos en el frío de la mañana, reuniendo alambres y piezas de cobre, un poco para limpiar y otro poco para vender. Entre las piedras resaltan además los surcos que van dejando los vehículos que ahora utilizan el lecho del río como carretera. En la distancia, a solo metros de plantaciones de paltos, se alza la malla que envuelve un relave minero, otra realidad potencialmente devastadora con la que conviven diariamente los habitantes del municipio y la provincia, rica en yacimientos y grandes explotaciones de la industria extractiva.

Nada que ver con lo que capta un dron desde las alturas a poco que uno lo haga sobrevolar los terrenos de las agrícolas cercanas. En cualquiera de ellos podemos encontrar los mismos paltos frondosos, los mismos embalses rebosantes de toda el agua que desapareció de este ecosistema otrora en equilibrio. Años de monocultivo, de microembalses, de plantaciones masivas en montículos, en terrazas, en camellones a favor y en contra de las pendientes, trepando poco a poco por los cerros hasta erosionarlos, impidiendo el libre escurrimiento de aguas, años de sobreexplotación de las cuencas fluviales, de extracciones y desvíos ilegales de los cursos naturales, de intervenciones en quebradas, así como de obras agrícolas faraónicas y deforestaciones de bosques nativos financiadas por la misma Comisión Nacional de Riego, dan cuenta de que la crisis que vive la provincia no puede atribuirse únicamente a un cambio climático en el que, por otra parte, colabora la propia industria agroexportadora.

Varias han sido las empresas acusadas y/o multadas por irregularidades o por extraer agua de manera ilegal, muchas de ellas propiedad de grandes nombres del mundo político o de empresarios estrechamente relacionados con ellos, como Edmundo Pérez Yoma (dos veces ministro de Defensa en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ministro de Interior con Michelle Bachelet y que ha tenido como abogado a un ex director de la misma Dirección de Aguas), Osvaldo Jünemann (cuñado del ex ministro y propietario de Agrícola Los Graneros), Ignacio Álamos (cuñado del senador Juan Antonio Coloma y propietario de Agrícola Viento Norte), Marcelo Trivelli (ex intendente de Santiago y propietario de Agrícola Liguana), además de la misma familia Cerda, que también posee la Sociedad Agrícola Pililén. Cuando se han dictado multas, siempre con un retraso de años, representan cantidades irrisorias en comparación con las ganancias que sus firmas reportan año tras año. Y algunos, como Coloma y Pérez Yoma, incluso estuvieron entre los políticos que votaron a favor de la privatización de las empresas sanitarias chilenas en los años 90.

Frente a esta impunidad y colusión descontroladas, la pequeña ciudad de Cabildo: un puñado de casas apiñadas en medio de lo que ya es un desierto selectivo. Tan crítica es la situación para los habitantes de los campos cercanos, que llevan los últimos años abasteciéndose mediante camiones aljibe de la empresa Esval, a su vez subsidiados por el Estado. Otro jugoso negocio para el sector privado, que no siente reparos en enriquecerse con este recurso natural que la ONU considera un Derecho Humano. Solo desde marzo de 2021, tras un fallo de la Corte Suprema, el Gobierno se vio obligado a asegurar la provisión de 100 litros de agua al día (el equivalente a lo que gasta el chileno medio en una ducha) a cada habitante, para cumplir con los tratados internacionales suscritos por el Estado. Antes de eso, durante el pico de la pandemia de coronavirus, muchos sobrevivieron con 50 litros o incluso menos.

En las calles de Cabildo, caracterizada por parques de escasa vegetación, los carteles publicitarios de empresas que suministran maquinaria para realizar pozos profundos conviven con murales y rayados que ensalzan el origen obrero y minero de la localidad, pero que también denuncian los conflictos socioambientales que han degradado su entorno. Entre ellos destaca uno en particular que se repite, escrito en las paredes de las instalaciones sanitarias y mineras, uno que también resonó con fuerza a lo largo de la ola de masivas protestas iniciadas en octubre de 2019 y que recorrieron todo el país: “No es sequía, es saqueo”.

LA LEY DEL GALLINERO

A 18 kilómetros de allí, río arriba, en la comunidad de La Viña, el escenario cambia ligeramente para bien. Todavía algunas parcelas de agricultores parecen resistir a la maldición que ya ha arrasado Cabildo. Pero el desierto, implacable, se acerca cada día más.

“Estamos llegando a agosto y no ha llovido nada. Apenas 5 milímetros. Se nos viene negro el asunto. No sé qué es lo que va a pasar. O qué vamos a hacer si no hay agua”, dice Guillermo Toledo, quien es el secretario de la comunidad de parceleros y coordina el trabajo con el único ente del que reciben alguna ayuda: el Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario). Este organismo colabora en la financiación de obras menores siempre y cuando se trate de proyectos asociativos (que cuenten con al menos diez miembros), como revestimientos de tranques, pavimentación de canales o ahondamiento de pozos. Frente a los recursos de los “grandes”, a los “pequeños” no les queda otra que asociarse para resistir.

“Aquí a los agricultores los salvan los pozos comunitarios, que los ahondamos con Indap a 120 metros de profundidad, y sacamos 18 litros acá, 15 litros arriba, y con eso usted ve verde el sector acá, porque con los pozos comunitarios les damos 6 horas a cada agricultor para que riegue sus arbolitos, sus lechugas, sus papas. Y con eso nos salvamos”, relata Toledo.

Guillermo es también dirigente del Comité de Agua Potable Rural (APR) de La Viña-La Vega, que abastece a 900 hogares. Los comités pertenecen al Estado y tienen a su cargo la distribución del agua potable para las zonas rurales, proveniente de pozos (cuando aún tienen agua) o, las más de las veces, alimentados a su vez por los camiones aljibe. Las personas que los administran, al ser dirigentes sociales, realizan su trabajo gratuitamente. “Nos dan una pequeña pepa para pagar la bencina del vehículo y poder ir a la Gobernación, a ver al alcalde… En este aspecto, los APR estamos críticos”, advierte.

“Pasamos rabia”, insiste el agricultor, y añade: “Problemas, problemas. Tenemos racionada el agua en este minuto para todo el comité. La cortamos entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana”.

Las napas subterráneas bajan cada día más y, actualmente, para poder encontrar agua, los pozos deben tener un mínimo de 100 metros. En el pozo que utilizan para el agua potable, que tiene 127 metros, el agua ya está en los 120. Unos pocos días atrás recibieron la visita de una representante de la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas), quien les prometió ahondarles nuevamente uno de sus pozos. Pero la obra no podrá realizarse antes de seis meses. “Se nos va a secar el pozo. Y cruzando los dedos a esperar que llueva, porque si no, nos vamos a quedar sin agua. Y si no hay agua, no hay vida”, alerta Toledo.

Guillermo denuncia que de los 364 pozos que hay en funcionamiento en el área, apenas un 40% se encuentra legalmente inscrito en la DGA. “La Dirección General de Aguas tiene un inspector para toda la región, imagínese, para cinco provincias: Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe y Los Andes con un inspector… ¡No pueden hacer nada! Entonces, como todos quieren agua, es la ley del gallinero, como dice el chileno: El de más arriba perjudica al de más abajo”, explica.

“Formaron las CASUB (Comunidad de Aguas Subterráneas) a través de la vía judicial el 2015, para que nosotros prácticamente nos controlemos entre nosotros, pero por lo que se ve no ha resultado. Este último año no han hecho reunión. Le echan la culpa a la pandemia, ‘que estamos con pandemia, que estamos enfermos, no nos podemos reunir’. (…) Escasamente tenemos una secretaria y una directiva que poco y nada puede hacer, porque los dirigentes prácticamente son los grandes empresarios que tienen aguas inscritas. Entonces, no están ni ahí”, denuncia.

Hace unos años, se llegó a hablar de un proyecto para instalar desalinizadoras, con la idea de traer agua de mar, pero todo quedó en el papel. La única planta desalinizadora que hay cerca se encuentra en la Región de Coquimbo y pertenece al Ejército, pero solo para su propio uso. “Estaban proyectando copiar ese sistema acá en la provincia de Petorca, pero dicen que sale muy caro. Todo ha quedado en blá blá blá. Las empresas agrícolas recurren a la pura agua subterránea nomás. Se les seca un pozo de 80 metros, hacen uno de 100; se les seca el de 100, hacen uno de 120. Como tienen recursos…”, apunta Guillermo.

La última promesa gubernamental, a la que se aferran Toledo y el resto de parceleros de la zona, es un proyecto de conducción que traería agua desde la cordillera y buscaría crear una red para conectar y alimentar los APR cercanos. Pero, al igual que el proyecto de ahondamiento de su pozo, tardarán seis meses únicamente en iniciar las obras. Hasta ocho empresas están ya licitando para obtener el proyecto, pero como la misma DOH le comunicó, este no empezaría a funcionar hasta dentro de cinco o seis años. Y tiempo es, precisamente, lo que menos les queda a los agricultores.

En Petorca, el ciclo de agua se ha invertido: en vez de ser el agua filtrada desde las alturas de los cerros la que alimenta los valles, son los valles, ya intervenidos, los que nutren a los cerros del agua que necesitan los paltos, a pesar de que los cerros sean oficialmente considerados “terreno no cultivable”. Durante la última dictadura, Pinochet privatizó los asentamientos campesinos que creó la reforma de Allende, dividiendo los terrenos en unidades asignadas a cada agricultor. Junto con el Código de Aguas y la Constitución del ’80, tierra y agua quedaron también desligadas, convirtiéndolas en productos a manos del mejor postor. “La tierra para el que la trabaja”, fue el lema que se utilizó entonces. Pero las consecuencias no se ajustaron al eslogan.

“A la gente, los agricultores, no los educaron para trabajar la tierra”, suspira Guillermo. “Ellos estaban acostumbrados a ser inquilinos de fundos. A trabajar nomás adonde los mandaran, pero no estaban preparados para recibir 5, 6 hectáreas de tierra, que es lo que les repartió el Gobierno, no estaban preparados para eso. Entonces, muchos vendieron la tierra que les dio el Gobierno, y ¿a quiénes se la vendieron? ¡A los antiguos patrones! (…) En todas partes, los antiguos patrones se quedaron con los cerros. Y ellos no compraban los cerros para tenerlos de floreros. ¡Los plantaron! Porque, cuando hay helada, en la parte baja se hielan todos los arbolitos. Pero en los cerros no, entonces ellos encontraron que ahí estaba el detalle. Y el agua, ¿de dónde la sacan? Del río, del valle nuestro la sacan, y la tiran a los cerros. Y eso mismo hace que bajen las napas para todos. Las consecuencias están ahí”, acusa el dirigente.

Guillermo nos cuenta que realizó un catastro años atrás. De las 46 parcelas que había, apenas queda una decena en manos de los agricultores. “Los grandes fundos de antes han regresado, porque han ido comprando, comprando. Y la juventud, usted aquí ve…”, dice y extiende los brazos, mirando a los lados desesperado. “¡Puros los viejos nomás, poh! Porque los cabros se han ido. Yo tengo dos hijos. Hay uno que está en Santiago, la otra en Valparaíso. No se quedan acá. Porque aquí no hay futuro, y uno tiene que mandarlos a estudiar. ¿A dónde los manda a estudiar? A la ciudad. Porque aquí hay hasta octavo básico. Y para la enseñanza media tienen que ir a Cabildo. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? A todos les va a pasar lo mismo. Se mueren los papás, llegan los cabros, ‘este terreno no me sirve’, y lo venden. Ellos no están ni ahí… A todos nos está pasando lo mismo”, se lamenta.

UNA BATALLA QUE NOS INCUMBE A TODOS

Para Blanca Saavedra, histórica dirigente social de Cabildo que lleva años participando en las organizaciones y asambleas locales, y que colabora en uno de sus comedores solidarios, “esto no es de ayer ni de anteayer. Nosotros llevamos más de una década con la lucha del agua”.

En los últimos años, y ante la agudización del conflicto socioambiental provocado por las grandes agrícolas, los habitantes de Petorca fueron uniéndose en un amplio movimiento social que con actos, marchas, denuncias y movilizaciones dentro y fuera de la región, logró dar a conocer la problemática a nivel no solo nacional, sino incluso más allá de las fronteras. Fueron los años del surgimiento de Modatima (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente), que llegó a contar con cientos de agricultores. Algunos de sus miembros ocupan hoy incluso cargos institucionales, como su principal vocero, Rodrigo Mundaca (ahora gobernador regional), y otras figuras que integran la Convención Constitucional. Pero ni siquiera las protestas colectivas lograron encontrar respuesta.

“Marchamos a la Intendencia en Valparaíso, a la DGA, a La Moneda, a los distintos gobiernos que tuvimos los últimos años, primero Bachelet, luego Piñera, luego repetimos con Bachelet, luego repetimos con Piñera, y todos te prometen cosas y todos te dicen: ‘Oy, qué terrible lo que está viviendo la gente en Petorca’, pero nadie te da una solución”, sostiene Saavedra.

Blanca se enfurece al recordar el caso reciente de un agricultor que llegó a quitarse la vida en Chincolco junto a sus animales, esto ante la imposibilidad de seguir enfrentando una sequía que solo sufren los pequeños agricultores, mientras las grandes empresas siguen sembrando.

“Igual te dicen ‘Nosotros damos trabajo’, pero ¿qué tipo de trabajo le dan a la gente? Las contratan por tres meses. Les hacen el finiquito y las vuelven a contratar. Yo fui temporera, fui cosechera. No teníamos ni siquiera dónde ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas. No teníamos dónde lavarnos las manos. Y teníamos que almorzar en unas piedrecitas, rodeadas de los pollitos del dueño. Te hablo de los años noventa y algo. Pero si tú vas ahora no es mucha la diferencia. Y como han plantado los cerros, la gente tiene que amarrarse para subir a cosechar. Y ahora ya no estás contratado directamente por el fundo, sino por subcontratistas. Entonces, si tú tienes un accidente, el dueño del fundo se lava las manos”, denuncia la dirigenta.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que nuestros hijos estudien, se preparen, pero para venir a retribuir a su tierra. Pero tampoco se les da la oportunidad. El municipio estaba lleno de profesionales de fuera. Y nosotros los tenemos, los mismos profesionales. Cuando empezaron la pavimentación de las calles acá en Cabildo, trajeron empresas de fuera. Cuando armaron el puente, lo mismo. Cuando se suponía que era para paliar un poco el tema de la cesantía. Pero ¿a quiénes te contrataban? Al obrero que iba con la picota y la pala. Pero los profesionales eran todos de fuera. Y ahí es donde tú dices: ¿Dónde está el beneficio para mi comuna?”,plantea Blanca.

La antigua cosechera recuerda que, en tiempos de campaña, todo es buenas palabras, todos se acuerdan de ellos entonces, pero luego rápidamente los abandonan cuando acaba el periodo eleccionario. Incluso las autoridades locales, si no colaboraban directamente con las empresas, tampoco fueron capaces de hacer frente a su poder. Hace una década, en 2011, el gobernador Gonzalo Miquel, que había iniciado una investigación con la DGA y agricultores locales para denunciar las irregularidades, apenas duró un año en el cargo antes de que lo hicieran dimitir. De igual modo, la directora de la misma DGA fue trasladada y uno de sus fiscalizadores de la Región de Valparaíso, removido de su cargo.

“¿Hasta dónde llega la ambición de no pensar que al de al lado lo estás dejando seco?”, exclama Blanca. “Los grandes agricultores tienen su staff de abogados que los defienden, y nosotros somos ‘ecoterroristas’, somos ‘rojos disfrazados de verdes’. Nos descalifican y nos dan el epíteto que ellos quieren porque nosotros alzamos la voz en favor de la gente que no se atreve a hacerlo”, espeta Saavedra.

Para los activistas medioambientales que dan el paso de denunciar las tropelías de los dueños de los fundos, las consecuencias no se hacen esperar. Todavía es reciente, por ejemplo, el caso de Verónica Vilches, gestora del APR de San José, quien ha recibido amenazas telefónicas, encontrado rayados amenazantes en las paredes del comité y a la que incluso quemaron el vehículo hace menos de un mes.

EL NIDO NO SE VENDE

“Tenemos que mirarnos a los ojos y entender que esta es una lucha de todos”, insiste Blanca. “De todos. Porque cuando nosotros quedemos sin agua, ellos van a agarrar su plata y se van a ir a joderle la vida a otras personas en otro lado. Pero los que vamos a quedar acá sin agua vamos a ser nosotros”, enfatiza.

La batalla de Petorca no es tan solo una lucha por el agua. Es una lucha por la vida. Las grandes empresas no solo consumen el territorio, sino también el futuro de sus habitantes, en lo que parece ser una política sistemática de vaciamiento, acoso y derribo y, finalmente, expulsión, mientras se siembra y se compra y se vende y se siembra hasta que no quede nadie con quien compartir la tierra.

Así parece verlo Jimena Valdebenito, en su pequeña casa junto al puente de San José. “Yo pienso que eso es lo que al final va a ocurrir. Que vendan los pocos terrenos y entonces ellos volver y seguir, yo creo que ese es el anhelo de estos señores de acá al frente. (…) Nosotros en este momento estamos rodeados de puros grandes, y somos chiquititos nosotros acá. Son puras agrícolas grandes. Yo les digo ‘los gigantes’, que nos aplastan a nosotros”, comenta.

“Yo no tengo miedo de decir lo que está pasando acá. Y lo digo porque tengo nietos. Tengo nietos y bisnietos. Y pienso en ellos, que ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Porque este es el futuro que estamos dejándoles nosotros. Ojalá que logremos que se cambien las leyes y sea compartida el agua para todos, para todos, iguales”. añade Jimena.

“No puede uno quedarse callado. Yo tengo muy poca educación, lo digo honestamente, tengo muy poca educación, porque en esos tiempos ha sido así, quedaba repitiendo la persona y ya no… Pero quisiera, a mi manera, de forma bien sencilla, con faltas de expresarme, hacer llegar el grito de voz de que por favor se preocupen de nosotros”, sostiene Valdebenito.

En medio de su campo desecado, en el que apenas quedan un par de tímidos limoneros, llama la atención una estructura de madera. Jimena nos cuenta que están construyendo una casa para su hijo. La noticia resulta tan desconcertante en este panorama como inspiradora. A pesar del duro clima que atraviesan, regresa su niño, algo que llena a Jimena de ilusión. Y antes de despedirnos, defiende que no está dispuesta a abandonar ni su casa ni su tierra, tan llenas de recuerdos.

“Esto es el ‘nido’, que le decimos. De aquí parten (los hijos), pero cada tanto vuelven”, dice. Y para que eso se cumpla, tiene que seguir habiendo nidos, defendidos entre todos, a los que podamos regresar.