La acción legal apunta a un eventual delito de desacato al no cumplirse por parte del Ministerio de Salud y el Hospital San José una reciente sentencia en favor de la atención domiciliaria de la paciente, por lo que el director de dicho recinto también está incluido en la acusación.
El pasado martes el 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella criminal por el delito de desacato consumado interpuesta por la paciente del Hospital San José de la Región Metropolitana, Cecilia Heyder, en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, y el director del mencionado centro asistencial, Luis Escobar González, además de quienes resulten responsables.
Cabe recordar que Heyder -quien ha iniciado un potente activismo por la aprobación en Chile de una ley de eutanasia- padece múltiples enfermedades graves e irrecuperables.
En la acción legal se sostiene que los querellados “han incumplido grave y reiteradamente” la sentencia dictada por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2021, que acogió un recurso de protección de Heyder presentado por el abogado Pablo Villar Maureira.
El máximo tribunal ordenó entonces a ambas partes -Ministerio de Salud y Hospital San José- que “coordinadamente y en un breve plazo, pongan a disposición los medios técnicos y humanos para brindarle a la recurrente las transfusiones de sangre, como todo otro cuidado paliativo que su condición determine y voluntariamente requiera, en su mismo domicilio, a través de la unidad de hospitalización domiciliaria u otros medios”.
Dicho esto, en la querella se advierte que a seis meses y 22 días de la dictación de dicha resolución de la Suprema, esta “NO SE HA CUMPLIDO ni siquiera en parte por los querellados”.
En ese sentido, en la acción legal el abogado Villar plantea que “el fallo incumplido fue un importante precedente en materia de derechos fundamentales de personas terminales en nuestro país. Ante la ausencia de ley de eutanasia, fue el remedio que la Corte Suprema le dio a mi representada ante las flagrantes vulneraciones de sus derechos fundamentales por parte del Estado para que pudiera tener una muerte digna. Esa es la gravedad del incumplimiento”.
Para ejemplificar las afectaciones que ha implicado para Heyder este incumplimiento, se relatan algunos episodios que ha debido enfrentar la paciente y también activista por los Derechos Humanos. Cecilia narra que, por ejemplo, el pasado 21 de agosto, “en contravención a lo dispuesto por la Corte Suprema, me van a buscar a mi domicilio para llevarme al Hospital San José a realizarme transfusión en dicho establecimiento (y no en mi casa como dispuso la Corte). Se me señaló que estaba todo listo para realizar la transfusión, llegando a las 15:00 horas. Sin embargo, tuve que esperar, con frío y sola, sin comer, en un pasillo hasta las 20:00 horas, ya que en realidad nunca estuvo listo el procedimiento como se me señaló por teléfono, lo que me vulnera gravemente tanto a nivel físico como emocional”.
“¿HASTA CUÁNDO QUIEREN QUE SIGA ESPERANDO?”
En conversación con La voz de los que sobran, Cecilia Heyder calificó como un “hito” que se haya admitido a tramitación la querella contra Enrique Paris y Luis Escobar. “Lo que estoy pidiendo es justicia y castigo, nada más. Es pedir dignidad, respeto”. “Creo que soy la voz de mucha gente que está atrás. No puede ser que un organismo estatal venga a estar por sobre la Justicia. Es justo y necesario que se conceda el traslado a mi domicilio, como se estableció en un principio”, enfatizó la paciente del Hospital San José.
“Ya no me dieron eutanasia. Ya el daño psicológico está hecho; el daño físico también lo tengo. ¿Qué más quieren? ¿Hasta cuándo quieren que yo siga esperando? ¿Quieren que me muera antes de tener un trato digno, en mi casa, rodeada de mis seres queridos, en vez de estar 24 horas esperando para una transfusión? No es digno. Creo que un animalito recibe más piedad que uno en este país”, concluyó Heyder.
En tanto, el abogado Pablo Villar advirtió que el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema es “especialmente grave, porque el artículo 76 de la Constitución establece que ningún funcionario público, ningún órgano del Estado, puede incumplir un fallo de los tribunales de la República, cuestionarlos o catalogarlos en ningún sentido”.
Al respecto, Villar añadió que el ente encargado de hacer cumplir dicha resolución es la Corte de Apelaciones de Santiago. “Nosotros le hemos solicitado reiteradamente que haga uso de sus facultades de apercibimiento respecto de los recurridos rebeldes, el ministro de Salud y el director del Hospital San José. Solicitamos que se les amoneste, que se les sancione con medio goce de sueldo por cuatro meses suspendidos de sus funciones, pero la Corte no hace uso de sus facultades y deja pasar el tiempo”, señaló el jurista, recordando que junto con la querella interpusieron un recurso de queja disciplinaria en contra de la sala tramitadora del aludido tribunal de segunda instancia.
Villar realizó igualmente un llamado al Ministerio Público para que a este caso “se le dé la importancia que merece, porque es un caso de Derechos Humanos (…) La Corte Suprema lo dice: es un precedente histórico. Todas las causas son importantes, pero por algo esto llegó y fue resuelto por la Corte Suprema y celebrado por la Justicia”.
Junto con ello, el abogado destacó que con Cecilia Heyder han incluso expuesto ante la comisión de Salud del Senado sobre este caso. “Los senadores se enteraron de este incumplimiento. Ellos son funcionarios públicos que se enteraron del desacato en que están incurriendo estos agentes estatales y no denunciaron a la Fiscalía, lo que es una irregularidad”, apuntó.
Y en esa misma línea, Pablo Villar añadió que también “hay varios diputados que están en conocimiento de esta situación, como Vlado Mirosevic (PL) y Maya Fernández (PS) (…) La Cámara de Diputados tiene la facultad de realizar una comisión investigadora. Tanto la comisión de Derechos Humanos como la de Salud podrían hacerlo, y eso es lo que también vamos a solicitar ahora. El conocimiento los hace responsables”.
