Al estudiar el proceso que determinó apoyar el ensayo clínico de la Universidad Católica y SINOVAC, nos encontramos con diversas situaciones que demuestran falta de transparencia y grandes beneficios para inversionistas privados. Dirigido por el Ministerio de Ciencia, se excluyó a las instituciones públicas especialistas en vacunación, se intenta modificar las leyes que protegen a los voluntarios de los ensayos y, entre los variados conflictos de intereses, aparece una planta de producción de vacunas en desarrollo donde la UC también participa.
La carrera por encontrar una vacuna contra el virus SARS-CoV-2 está desatada. Las fórmulas que se encuentran más avanzadas son las de las vacunas experimentales de Sinovac Biotech (China); de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y de la compañía Moderna (Estados Unidos).
La fase III de las pruebas requiere de cientos de miles de conejillos de indias en todo el mundo. Hasta ahora en Chile, basado sólo en un acuerdo entre privados – entre la Pontificia Universidad Católica y Sinovac- las autoridades confirmaron que Chile aportará 3.000 voluntarios para el ensayo clínico de la vacuna CoronaVax del laboratorio asiático, y se recalca que esta participación puede significar una predilección para recibir la vacuna, si llega a ser exitosa.
Se sugiere que dependemos de tomar un buen número en la fila de los laboratorios farmacéuticos porque, lamentablemente, Chile no cuenta con una planta nacional productora de vacunas.
Se omite con frecuencia que nuestro país produjo vacunas y sueros inmunológicos desde el año 1887 y que, con más de cien años de historia, la Planta de Producción Nacional de Vacunas del ISP, tenía prestigio internacional y se dedicaba a exportarlas.
Con la instalación del Estado Subsidiario en dictadura y la profundización de las políticas neoliberales en los gobiernos de la Concertación, la falta de recursos para la planta sólo le permitieron agonizar, hasta que en 2002 llega a su fin la fabricación de las vacunas nacionales bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se dijo que era ineficiente.
Dos años después, el primero de enero de 2004, se firmó el Acuerdo de la OMC “Aspectos de los Derechos sobre Propiedad Intelectual relativos al Comercio” (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
Durante años diversos especialistas han apuntado que la ADPIC fue un traje a la medida para la industria farmacéutica, muchas cuyas patentes en esa época estaban a punto de vencer.
Saltando la institucionalidad
“Las leyes dan estabilidad y certeza y protegen a todas las personas, y especialmente a los más vulnerables, de la discrecionalidad y los abusos, porque en un Estado de Derecho todos debemos cumplir la Ley” dijo el Presidente Sebastián Piñera el 22 de junio.Precisamente las leyes establecen que son de competencia del Ministerio de Salud todas las acciones vinculadas a la promoción, protección y recuperación de la salud. Y que ante una alerta sanitaria recibe facultades extraordinarias para enfrentar todos los aspectos que sean necesarios.
Para todo lo referente a vacunación e inmunización el Minsal cuenta con tres instituciones que trabajan en coordinación: Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) y el Instituto de Salud Pública (ISP), todas fueron excluidas de la discusión de la Estrategia Nacional para la disponibilidad de la Vacuna COVID-19, encabezada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El propio Ministerio de Salud fue reducido a un papel irrelevante.
Para llevar a cabo esta estrategia, el Mincyt creó una institucionalidad paralela encabezada por el Comité Asesor Interministerial para la disponibilidad de la Vacuna COVID-19.
El Comité Asesor Interministerial está integrado por el Ministro de Ciencia Andrés Couve, que lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y el Ministro de Salud Enrique Paris. Sólo en caso de impedimento de las dos primeras autoridades, el Ministro de Salud podrá presidirlo.
Para la asesoría científica de esta estrategia se creó el Comité Asesor Científico y para desarrollar el ensayo clínico fase III de CoronaVax, de Sinovac, el Consorcio Científico Nacional COVID19. Ambos organismos son liderados por el bioquímico de la Universidad Alexis Kalergis director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII).
Seguir la creación de esta institucionalidad paralela no es fácil, por lo que creamos una línea de tiempo con los principales hechos vinculados a la estrategia de la vacuna COVID-19.
A ello se suma que en el Congreso se discuten reformas que tienen que ver directamente con la Alerta Sanitaria.
Para el abogado experto en Salud Eduardo Álvarez uno de los aspectos más preocupantes es el proyecto presentado por el diputado José Miguel Castro (RN), miembro de la comisión de Ciencia y Tecnología, que modifica las normas que protegen a los voluntarios del ensayo que comenzarán a reclutarse ahora en agosto.
Reunión en el CAVEI
A la sesión ordinaria del CAVEI del 24 de junio asistió el Dr. Kalergis para presentar al Consorcio Científico y explicar detalles sobre el ensayo clínico que es fundamental para saber si la vacuna de Sinovac es efectiva y confiable para uso humano.
Sobre sus resultados hasta ahora el Dr. Kalergis destacó: Ser segura, inducir anticuerpos neutralizantes y conferir protección contra SARS-CoV-2 en macacos.
Según el acta, la reacción de los miembros del CAVEI, PNI e ISP fue, a lo menos, de preocupación por los niveles de exigencia que deben tener los ensayos clínicos, la responsabilidad de daño sin prescripción en los voluntarios, el desconocimiento de un registro del producto de investigación de Sinovac en Chile y sobre todo por la exclusión de los 3 organismos de todas las decisiones en torno a la vacuna COVID-19.
Tras la reunión, el CAVEI solicitó una audiencia con el Ministro de Ciencias para hacerle ver estas preocupaciones, que a la fecha no se ha concretado.
“Ya se han hecho estudios clínicos fase III como el de la vacuna Meningococica y otras. Pero el CAVEI, el PNI y el ISP somos los actores que importan en materia de vacunación y tenemos que participar en el desarrollo de la información y en la discusión de la vacuna COVID-19” explica la infectóloga experta en vacunas y miembro del CAVEI, Jeannette Da-banch.
Según la doctora Dabanch el CAVEI – a diferencia del Comité de Asesores que recomendó el ensayo clínico- tiene una preocupación constante por los conflicto de Intereses. El protocolo de conflicto de intereses del CAVEI fue auditado en 2018 por dos organismos internacionales y hubo una buena evaluación por sus estándares muy estrictos. “Si alguno de los miembros tiene un potencial conflicto de interés debe declararlo al inicio de cada reunión y de acuerdo a lo que sea, ese miembro se abstiene de un tema o de la reunión completa”, comenta.
El CAVEI es un organismo consultivo, como muchos otros en el mundo llamados NITAG. Sus recomendaciones pueden tener considerables implicaciones para las ventas de vacunas y por eso sus miembros deben ser independientes de la influencia de la industria farmacéutica.
Por ello, dice Dabanch, las decisiones del CAVEI “tienen que tener como única interferencia el interés de la salud pública”.
Las presiones de las farmacéuticas ocurren en realidad en todas las áreas del Ministerio de Salud, y son históricas:
“Eso lo confirmo, trabajé en el Minsal entre 2002 y 2018, y los 3 últimos años fui Jefe de la División Jurídica. Redacté el primer formato de declaración de intereses del Minsal y tengo muchas anécdotas, casi inocentes, sobre cómo reaccionaban las jefaturas ante los ofrecimientos de las farmacéuticas. Pero no se trata sólo de la industria, sino de todas las grandes instituciones que están siempre alegando, cooperando y seduciendo”, explica Eduardo Álvarez.
El Comité de Asesores Científicos tiene siete miembros, cinco vinculados a universidades, una a una fundación científica y el último a una empresa de vacunas y fármacos veterinarios. Estos son:
Dr. Alexis Kalergis: Pontificia Universidad Católica de Chile; Dr. Miguel O’Ryan: Universidad de Chile; Dra. María Teresa Valenzuela: Universidad de los Andes; Dr. Mario Calvo: Universidad Austral; Dr. Carlos Pérez: Universidad San Sebastián, David Farcas, director de Centrovet y Dr. Mario Rosemblatt: Fundación Ciencia y Vida.
Excepto Centrovet, las demás instituciones son las mismas del Consorcio que hará el ensayo clínico de la vacuna CoronaVax.
Según Álvarez, eso en sí mismo un conflicto de intereses, porque si bien las universidades no tienen fines de lucro, hacen buenos negocios.
“No digo lucro en términos despectivos, una universidad puede hacer actividades que les dejen utilidad, sólo que no la reparten como una empresa. Pero sí hay honorarios y fondos para los investigadores y otras ganancias, como fortalecer su posicionamiento”, comenta.
Respecto al Consorcio que hará el ensayo agrega “Siempre te van a decir que se necesita que alguien haga la investigación, pero debe ser transparente. El Consorcio puede tener una meta país, pero lo que se lee (en el Acta del CAVEI) muestra que en el marco de una relación contractual, la PUC ya tiene una posición ventajosa. Todos estos aspectos debieran ser transparentes. Podrían participar igual, pero sin privar a la ciudadanía de la posibilidad de conocer todas las ramificaciones y hasta dónde pueden llegar”, agrega.
Al revisar con detalle potenciales conflictos de intereses de cada uno de los miembros del Comité de Asesores Científicos – fuera de su vinculación a los centros académicos- el Dr. Carlos Pérez es el único que no presenta conflicto.
El infectólogo Mario Calvo es miembro del CAVEI y del Comité al mismo tiempo y esto debió declararlo como conflicto de intereses en la sesión del 24 de junio del CAVEI. Cuando el Comité fue presentado, se señaló que funcionaba desde principios de Junio. Fuera de ello Calvo no registra vinculaciones políticas o de negocios.
Los restantes miembros sí presentan situaciones que pueden representar conflictos de intereses Acá les presentamos el resumen y el detalle se puede ver en el mapa.
El ingeniero David Farcas es director de Centrovet, dedicada al desarrollo de productos veterinarios, y entre ellos el principal son las vacunas para salmones. Centrovet es el corazón de la fortuna de los Farcas Guendelman. En su propiedad figura el ex diputado PPD, Daniel Farcas, reconocido como “el delfín” del Senador PPD Guido Girardi.
El bioquímico Mario Rosemblatt es parte del comité ejecutivo de Fundación Ciencia y Vida, que, como centro científico de excelencia, recibe el Fondo Basal que entrega ANID del Ministerio de Ciencia. La Fundación también cuenta con un área de patentes, de las cuales 11 son de vacunas para salmones y Rosemblat está entre los inventores en la totalidad de ellas.
La razón por la que se mencionan las vacunas para salmones en estos dos casos, es porque hasta 2002 fueron desarrolladas por la Planta de Producción Nacional de Vacunas del ISP. Era un mercado grande y en crecimiento. Ya en 2001 se vacunaron 70 millones de salmones. El cierre de la Planta Nacional benefició directamente a los desarrolladores y productores privados.
El virólogo Miguel O’Ryan, investigador del Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia (IMII), se ha mostrado públicamente muy cercano al Dr. Kalergis durante la pandemia. Fue parte del primer equipo del CAVEI. Una investigación periodística de 2013 sobre conflicto de intereses en el CAVEI lo muestra como defensor de la participación de los miembros del CAVEI en laboratorios farmacéuticos y que él mismo trabajaba en GlaxoSmithKline mientras fue miembro.
La médico cirujano María Teresa Valenzuela fue Directora del ISP durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Ahora participa en el Consejo Asesor COVID-19 y en ese rol ha defendido públicamente las políticas de nueva normalidad. Su hijo, Felipe Fleiderman Valenzuela, es dueño de Pharol SPA, la primera farmacia digital del país, emprendimiento que recibió millonarios fondos públicos y apoyo institucional de los principales servicios públicos de Salud, especialmente del ISP.
Finalmente el Dr. Alexis Kalergis, líder del Consorcio Científico Nacional COVID19 que realizará el ensayo clínico; líder del Comité de Asesores Científicos para la vacuna COVID19 y líder del convenio entre SINOVAC y la Pontificia Universidad Católica, también lidera, desde su gestación, Atacama Desert Vaccine Laboratory, la Planta Productora de Vacunas propiedad de la Universidad de Antofagasta y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Es decir el representante de la PUC en todo el proceso de la vacuna COVID-19 en Chile, está ligado al verdadero negocio de una vacuna, su producción y distribución.
Negocio privado con financiamiento público
Desde 2003 la OMS advertía a los países que se prepararan para una gran pandemia que podía estar vinculada a los virus SARS, era una situación conocida en el mundo de la Salud y la Ciencia. El Estado podría haber recuperado la Planta de Producción de Vacunas del ISP.
“Hoy tendría un costo entre US$15 y US$20 millones, de acuerdo al volumen que se requiere para cubrir las necesidades de la población, no para exportar”, estimó Gastón Hernández, el último director de la Planta de Vacunas Nacional.
Por el contrario, se entregaron fondos para iniciar el proyecto Atacama Desert Vaccine Laboratory (ADVALAB), planta de producción de vacunas de la Universidad de Antofagasta y de la Universidad Católica.
El 29 de septiembre de 2017 el Consejo Regional de Antofagasta aprobó el proyecto FIC-R para la creación del Atacama Desert Vaccine Laboratory. El monto aprobado fue de $.1.002.431.640 equivalentes a US$1.571.209 de la época.
Un informe sobre las asignaciones FIC-R de ese año destaca que Antofagasta se excedió en 2 mil millones en el presupuesto sin explicación y notó que de los 25 proyectos aprobados, 11 fueron para la Universidad de Antofagasta (UA).
El fondo fue aprobado en pleno por los CORE de la Nueva Mayoría, que según fuentes reservadas “recibieron órdenes de arriba”. Eran los meses finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando existía una estrecha relación entre la Ministra de Salud Carmen Castillo, y el Senador Guido Girardi.
Asimismo, el Senador Girardi y el Dr. Kalergis tienen una relación desde el 2016, cuando el médico se integró como asesor de la Comisión de Tecnología e Innovación del Senado .
El proyecto FIC-R fue dirigido por la Dra. Margarita Lay, y codirigido por Kalergis, actualmente Lay es Seremi de la Macrozona Norte del Mincyt.
Mientras se tramitaba el fondo FIC-R, el 28 de julio de 2017, también se firmó un Convenio marco de colaboración en investigación y desarrollo entre UA e IMII, que estableció como se repartiríanlos beneficios de las investigaciones conjuntas, excluyendo las generadas en forma independiente.
En el convenio firma la “Fundación Ciencia Translacional, entidad que alberga al IMII”. En su registro en el Ministerio de Hacienda indica que su representante legal es Kalergis y su dirección es Portugal 49, Santiago, la misma de la Facultad de Ciencias Biológicas de la PUC.
El 3 de marzo IMII anunció su proyecto para desarrollar la primera “vacuna candidata” para el COVID–19, que es patrocinado por Fundación Copec, del Grupo Angelini.
El 16 de junio pasado Sinovac y la PUC afianzaron su alianza con un memorándum de entendimiento que, según el relato de la propia universidad constituyó un verdadero evento, con la participación, vía zoom, de autoridades de gobierno encabezadas por el Ministro Andrés Couve, el director general de ProChile, Jorge O’Ryan y “destacados empresarios y académicos de diversas instituciones del país”.
En la tarea de encontrar nuevos inversionistas para la planta de vacunas, la UA y la UC, han contado con la ayuda de importantes lobistas como el Ministro de Salud, Enrique Paris, el Ministro de Ciencia, Andrés Couve, el Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco y el diputado RN José Miguel Castro (quien presentó el proyecto para modificar los artículos sobre ensayos clínicos y protección de los voluntarios en las pruebas).
Todos ellos aparecen como convocantes a una reunión con ejecutivos de la gran minería el 17 de Julio. En la ocasión se señaló que el proyecto – que se inició con más de $.1.000 millones aportados por el Estado- tiene ahora un valor cercano a 21 millones de euros ($18.925 millones).
En el encuentro el ministro de Salud Enrique Paris sostuvo que “Podemos transformarnos en un país con mayor cantidad de exportación en ese rubro”. El ministro de Ciencia, Andrés Couve, manifestó que “Puede ser una buena oportunidad de contribuir a una infraestructura que no existe en Chile. Tenemos que poner atención en los próximos cuatro meses”.
Lo afirmado por los ministros respecto a producción y hasta exportación de la vacuna coincide con las palabras del presidente de Sinovac Biotech, Yin Weidong, cuando se firmó el memorándum de entendimiento con la Universidad Católica.
“Queremos que esta colaboración entre Chile y China pueda ser de referencia a nivel internacional. También estamos dispuestos a trabajar juntos para llevar la vacuna al público”. Dijo Weidong.
El pasado domingo 02 de agosto, el Ministro Couve informó que el Gobierno decidió apoyar la vacuna de SINOVAC como la mejor estrategia para Chile. El Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez – presente en el anuncio- se mostró complacido “Agradezco al Ministerio de Ciencia, a la CPC y a todos quienes han aportado. Esto es una gran noticia para Chile”, comentó.
En este punto solo falta mencionar el último conflicto de interés: Andrés Couve Correa es hijo de Andrés Couve Rioseco, principal asesor durante décadas de los negocios pesqueros del Grupo Angelini, al que pertenece Fundación Copec, patrocinador de IMII y de su prototipo de vacuna COVID-19.
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Felicitaciones por este reportaje, lo leo recién ahora y me parece importantísima toda esta investigación que aclara muchísimos el panorama. Felicitaciones y gracias!