En una reunión que duró dos horas, representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras/os y funcionarios/as de la salud (FENASENF), junto a otros gremios de trabajadores de la salud, expresaron su preocupación y rechazo a la decisión del Gobierno de desvincular a más de 6.500 trabajadores a honorarios a partir del 30 de septiembre, con otros 6 mil previstos para diciembre.
Estos trabajadores, inicialmente contratados para hacer frente a la pandemia de COVID-19 con recursos de la Alerta Sanitaria, actualmente desempeñan roles fundamentales en el sistema de salud, según los dirigentes gremiales.
El presidente de FENASENF, José Luis Espinoza, lamentó la respuesta del Gobierno después de la reunión mantenida con el Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. Según Espinoza, el Gobierno insiste en proceder con estas desvinculaciones a pesar de las preocupaciones planteadas por los gremios de salud.
“Los gremios de la salud hemos demostrado hasta el cansancio que el personal de refuerzo COVID hoy está cumpliendo funciones permanentes y vitales para la red de salud, por ende, los despidos afectarán indudablemente la calidad de atención y también provocarán más sobrecarga en las y los funcionarios”, agregó José Luis Espinoza.
En un esfuerzo por ilustrar la importancia de estos trabajadores, Espinoza destacó que para armar un pabellón de alta complejidad se requieren 8 contratos, que permiten atender a un promedio de 3 personas al día, lo que equivale a 15 pacientes en una semana. Asimismo, señaló que la creación de 600 camas intermedias requeriría 1600 profesionales a nivel nacional para atender a 6 pacientes en esas camas. Ante este panorama, los gremios de salud plantean que los despidos afectarán negativamente la atención a pacientes y aumentarán las ya extensas listas de espera en el sistema de salud.
Ante la falta de respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, José Luis Espinoza anunció que los gremios de salud tomarán medidas de protesta y movilización para defender los empleos de las y los trabajadores a honorarios y presionar al Presidente Boric para que cumpla su promesa de fortalecer la salud pública. Finalmente, la situación se torna crítica, ya que la desvinculación masiva de estos trabajadores podría tener un impacto significativo en la atención médica y en la capacidad de respuesta del sistema de salud.
