El drama de miles de pacientes obligados a migrar a otros centros de diálisis tras cuestionada licitación de Fonasa

La diálisis es un tratamiento esencial para aquellas personas en quienes sus riñones no están cumpliendo la función principal de eliminar las toxinas y el líquido extra de la sangre, lo que implica un peligro que puede incluso llevarlas a la muerte. En ese sentido, lo que hace tanto la hemodiálisis como otros tipos de diálisis, entre ellas la peritoneodiálisis, es cumplir la función que no están desarrollando correctamente los riñones. 

El 12 de julio de 2021 el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunció su licitación pública número 591-19-LR21, la que -como se señala en la misma- “tiene por objetivo la compra de servicios de Hemodiálisis y Peritoneodiálisis para adultos, para la resolución de los beneficiarios del FONASA con el problema de salud Enfermedad Renal Crónica Etapa 4 y 5 para cumplir con las garantías GES vigentes”.

Un proceso que ha sido duramente cuestionado por significar un cambio que alcanza ribetes de drama en algunos casos, debido a que desde el pasado 3 de enero se está traduciendo en que pacientes de Fonasa que tienen una enfermedad renal crónica en las mencionadas etapas, han debido obligatoriamente migrar desde los centros de salud prestadores de diálisis a los que asistían hacia los nuevos que les están siendo asignados.

Lo anterior, luego de que alrededor de 30 recintos en donde por años han llevado a cabo ese proceso quedaran fuera de la aludida licitación adjudicada a empresas como Nephorcare, continuando solo con la atención a aquellos pacientes que estén en Isapres.

Cabe recordar que los beneficiarios de Fonasa que padecen una patología considerada en la Ley 19.966 de Garantías Explicitas en Salud (GES), asisten a estos recintos de diálisis luego de ser derivados a ellos a través de la Modalidad de Atención Institucional (MAI). De ahí que, en caso de que opten por atenderse en lugares de su preferencia por medio de la Modalidad de Libre Elección (MLE), no regirán las mencionadas garantías GES, tal como lo estipula la citada ley.

De acuerdo al oficio 66/2022 publicado por Fonasa el 4 de enero pasado, en total son 1.301 las personas que finalmente serán migradas a los recintos adjudicados en la licitación. En ese sentido, la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI) ha enfatizado que “muchos de estos pacientes se han dializado por más de 10, e incluso 20 años, en el mismo centro”. 

Fonasa emitió una declaración pública en donde defienden la vapuleada licitación, argumentando que de los 22.000 pacientes que reciben el tratamiento de diálisis a nivel país a través de prestadores licitados, “el 95% de ellos, es decir, aproximadamente 20.700, permanecerán en sus centros actuales”. 

Junto con ello, desde el Fondo Nacional de Salud aseguran que han “procurado que todos los pacientes reciban su tratamiento en la misma comuna en que residen, pues, además de la calidad de las prestaciones, hemos puesto especial atención en la cercanía del paciente con su centro de diálisis, y si ello no ocurriese, se revisarán los casos en los que el cambio implique una complejidad mayor”.  

HABLAN LOS AFECTADOS

Carolina Ávila es vocera de pacientes dializados. “La entidad de Fonasa no puede jugar con las vidas de las personas y con las emociones -no son muebles, ni objetos-. Sería un acto un tanto discriminatorio. Con este cambio Fonasa está amenazando su calidad de vida, ya que muchos de ellos llevan años atendiéndose en los mismos recintos de salud”, apunta la dirigenta. 

En ese sentido, Ávila advierte que ya hay pacientes que “han implementado un deterioro notable en sus diálisis a raíz de este cambio arbitrario de su prestador Fonasa. Una paciente la semana pasada se descompensó con crisis de pánico y de angustia, siendo derivada de urgencia a su centro asistencial correspondiente (…) Todo esto genera trastornos en su calidad de vida, no solo a los pacientes, sino que también a su familia”. 

Junto con ello, Carolina apunta que hay personas que no quieren asistir al nuevo prestador debido a que “algunos ya vivieron las malas experiencias en el centro Nephorcare y una de sus tantas falencias es la alta rotación del personal, por lo que las diálisis resultan de mala calidad; los pacientes tienen miedo de irse en la diálisis porque el personal no los conoce”. 

José Ávila, su padre de 70 años, es un ejemplo de lo que expone Carolina. Lleva 7 años en diálisis en la Clínica Indisa. “Me siento bien acogido, tengo el vínculo de apego y me siento seguro; conocen mi historia clínica. Y de un día para otro, arbitrariamente Fonasa nos cambia el prestador. Soy además minusválido, por lo que la distancia del nuevo centro prestador privado Nephocare para mi estado de salud actual no resulta favorable, no presenta estacionamientos, el personal se rota constantemente y esto genera diálisis de muy mala calidad, porque no alcanzan a conocer al paciente, no se genera apego”, relata. 

Gladys Rodríguez González es otro caso. Llegó a dializarse en 2006 a la Clínica Indisa. Cuenta 16 años ahí. “Es mi segunda casa, ya que conozco a todas las personas que me atienden cada día. Ellos conocen todo mi historial médico, mi fístula, y hoy nos quieren cambiar de diálisis arbitrariamente. Siento que no nos valoran como persona, que somos pacientes terminales. Estoy muy preocupada por lo que me pueda pasar; psicológicamente no estoy bien con este cambio, ya que aparte arrastro el fallecimiento de mi hermana, quien era mi tutora”, narra.

Víctor Rojas Cid tiene 58 años. Hace uno y cuatro meses que se dializa también en Indisa. “En el transcurso de mi tiempo en la clínica he conocido compañeros, amigos y personal médico importantes para mi recuperación, por lo que los lazos se hacen fundamentales, ya que se ha convertido en mi segundo hogar (…) No me quiero ir porque me siento tranquilo y seguro. Bastante complicado ha sido aceptar esta enfermedad, y ahora viene este cambio tan arbitrario, que sería perjudicial para mi vida y la de mi familia”, enfatiza.

El 10 de enero un grupo de 50 pacientes de distintos centros de diálisis llegaron hasta La Moneda para entregar una carta en rechazo a lo que calificaron como una “migración forzada”. En ese sentido, los denunciantes acusaron que “para cumplir con los requisitos de la licitación, los centros de diálisis se vieron en la necesidad de cumplir un sin fin de condiciones muy diferentes a las licitaciones anteriores, donde se privilegió el tema económico (67%) por sobre el tema técnico (33%), que debiera ser el principal pues se refiere directamente al cuidado y al trato que se le da al paciente”.

En la ocasión los manifestantes fueron acompañados por la diputada Claudia Mix (Comunes), quien el 10 de enero pasado envió un oficio al director de Fonasa, Marcelo Mosso, en donde le solicita precisamente “esclarecer si hubo problemas técnicos o administrativos en la plataforma de Mercado Público, y los documentos que no habrían sido considerados en el caso de algunos de los centros de diálisis que fueron rechazados en la licitación”.

Lo mismo había hecho el 12 de noviembre de 2021 la diputada Carolina Marzán (PPD), quien en su oficio a Mosso destacó que organizaciones de pacientes dializados agrupados de norte a sur, «han manifestado que (…) a juicio de ellos, las bases de licitación pública no habrían asignado puntaje a criterios de calidad de los centros de diálisis: calidad del agua para hemodiálisis, tasas de infecciones asociadas a la atención de salud, tasas de mortalidad del centro de diálisis, tasas de hospitalización, etcétera». En esa misma línea, apuntó que «tampoco se habría asignado puntajes al ítem de seguridad en la atención de pacientes en HD».

En su calidad de diputada, el 9 de enero pasado Karol Cariola (PC) ofició igualmente al director del Fondo Nacional de Salud con el objetivo de que le informara respecto a la derivación de pacientes a otros centros de diálisis, específicamente sobre “la calidad de estos centros licitados, es decir, si presentan mejores condiciones para los beneficiarios”. 

En su escrito la diputada comunista alertó que este proceso “ha significado para dichos beneficiarios un perjuicio, debido al cambio que afectará su acceso a tratamiento o su calidad de vida”. Junto con ello, destacó que estos han acusado que la medida fue “arbitraria, al ser notificados en un corto plazo” de la inminente modificación.   

COLEGIO MÉDICO, ENFERMERAS Y NEFRÓLOGOS SE PRONUNCIAN 

Días después, el 13 de enero, el Colegio Médico (Colmed) decidió igualmente pronunciarse respecto a esta problemática, expresando su apoyo a las organizaciones de pacientes, quienes -advirtieron- “han manifestado no haber sido escuchados en sus demandas de mayor participación y transparencia; y sobre todo, de la falta de inclusión de criterios de satisfacción usuaria y calidad de vida, en la toma de estas decisiones”.

La organización gremial enfatizó que “las decisiones tomadas a partir de esta licitación afectan su rutina diaria, los tiempos de traslado y la calidad del servicio que reciben”. Junto con ello, el Colmed ofreció su mediación para aportar a conseguir “una solución justa y prudente”. 

Previamente, el 31 de diciembre de 2021, la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI) también había publicado una declaración en donde manifestaron su “profunda inquietud y preocupación” por la aludida licitación, advirtiendo que “los resultados del mencionado proceso terminaron desembocando en el peor de los escenarios”. Lo anterior porque -según argumentaron- “Fonasa terminó por adjudicar una menor cantidad de cupos de diálisis, profundizando el riesgo de que pacientes vean peligrar su acceso al tratamiento”.

Tras gestiones con el Fondo Nacional de Salud, el 14 de enero de este año la Asociación comunicó que la alta dirección de la repartición pública aceptó postergar el traslado de los pacientes de diálisis de un centro a otro hasta el próximo 1 de febrero, período en el cual se dialogaría con aquellos que no estén de acuerdo con realizar dicha modificación. Por otra parte, ASODI anunció que ya contaban con recursos de protección preparados para presentar en favor de 400 pacientes.      

Y es que se trata de un verdadero drama que, incluso, ha sacado a las calles a quienes se están viendo afectados. El pasado 7 de enero pacientes de diálisis de Maipú decidieron realizar una protesta luego de que una semana antes Fonasa les comunicara que más de 80 personas que se atendían hasta entonces en el Centro de Diálisis Maipú, ya no podrían continuar haciéndolo allí, luego de que dicho recinto quedara fuera de la licitación.

En su respectivo oficio enviado al director Fonasa el 10 de enero de este año, la diputada Claudia Mix advierte que en el caso del Centro de Diálisis Maipú, «el personal médico señala que este fue rechazado (en la licitación) debido a que uno de los documentos solicitados en Mercado Público no fue recibido, pese a que fue adjuntado en la plataforma«. En ese sentido, la parlamentaria destaca que dicho recinto «incluso estuvo dentro del ranking de los 10 mejores centros de diálisis del país en base a los indicadores de Fonasa en el año 2017».

Otra entidad que se pronunció de forma rotunda respecto a esta cuestionada modificación fue la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal (SENFERDIALT), organización con “más de 45 años de trayectoria en la promoción del conocimiento, divulgación y desarrollo de la especialidad en Enfermería en el área de Diálisis y Trasplante Renal”, como reza su presentación.

“Vemos con profunda preocupación el resultado de la licitación pública 591-19-LR21 realizada por FONASA, la cual ha significado que miles de pacientes deberán dejar sus Unidades de Diálisis, para trasladarse a aquellas que lograron ganar la licitación”, advierten en un comunicado difundido el pasado 6 de enero.

En ese sentido, y aterrizando lo que en la práctica significa esta modificación, la SENFERDIALT sostiene que “no es ético desentenderse de las personas que se dializan y de sus vidas; cada paciente confía en la enfermera/o que lo conoce desde siempre”, añadiendo que, por ejemplo, esa profesional sabe que si un paciente “sufre de cefalea repentina, significa que su presión va a bajar abruptamente”. Además, destacan que “muchos pacientes no tienen familias y sus compañeros de diálisis y equipos de salud llegan a convertirse en su única red de apoyo social y emocional”.

La misma posición manifestaron un total de 27 nefrólogos, quienes -encabezados por el doctor Eduardo Briones Núñez- publicaron este 24 de enero una carta pública en donde señalan que “como especialistas dedicados al cuidado de pacientes con enfermedades renales (…) vemos con preocupación el impacto emocional, psicológico y el riesgo cierto de morbilidad y mortalidad que implica un traslado masivo de pacientes entre centros de diálisis”.

Al respecto, plantean que “los criterios técnicos utilizados en esta licitación debieran haber considerado la dignidad del paciente y privilegiado elementos de calidad reconocidos por todos en la atención de diálisis”.

Junto con manifestar su apoyo a quienes se están viendo afectados por lo obrado por Fonasa, los nefrólogos llaman a la autoridad sanitaria a reconsiderar y revertir la criticada decisión.

LA BATALLA DE PUERTO MONTT

Mientras tienen lugar todos estos pronunciamientos, esta semana un grupo de pacientes dializados de Puerto Montt lograron salir victoriosos por ahora de la batalla que han decidido librar en la Justicia respecto a la situación en la que quedaron tras la licitación de Fonasa.

La Corte de Apelaciones de esa ciudad dictó una orden de no innovar y suspendió el traslado dispuesto por el Fondo Nacional de Salud para 43 personas con insuficiencia renal crónica a la Unidad de Diálisis Hemosur Ltda.

El tribunal de alzada dio, además, un plazo de 5 días para que Fonasa remita un informe, “debiendo adjuntar todos los antecedentes que obren en su poder y digan relación con el recurso interpuesto”, según quedó consignado en el fallo.