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Denuncian por desacato a director del Serviu de Arica: cerro intoxicado por químicos suecos fue privado de agua durante pandemia

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“El Estado no ha sido capaz de hacer bien las cosas, ni menos de reparar el daño que nos han causado. El caso de la población Cerro Chuño es un ejemplo de la incompetencia y la irresponsabilidad del Estado, particularmente de este gobierno, que viola los Derechos Humanos de manera sistemática, en muchos niveles”, sostiene la abogada Josefina Prado, quien presentó la acción legal contra Francisco Meza.


El lunes fue presentada ante el Ministerio Público una denuncia por desacato en contra del director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica, Francisco Meza Hernández, por no dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema del 30 de abril pasado que ordenó reponer el suministro de agua y alcantarillado en la población Cerro Chuño de la ciudad nortina, cuyo corte fue realizado hace ya cinco meses.

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Ocurre que el 15 de enero Meza ordenó a la empresa Aguas del Altiplano la suspensión de los servicios básicos, esto como una medida de presión para continuar con la total erradicación de dicha área donde todavía habitan unas 2.500 personas. El Ministerio de Vivienda llevó a cabo esta tarea desalojando a los propietarios originales de las edificaciones del Cerro Chuño, dando así cumplimiento a la obligación del Estado chileno establecida en la Ley 20.590 de Polimetales para Arica.

LA IMPORTACIÓN DE MUERTES DE PROMEL

Para entender lo anterior hay que citar lo ocurrido en la ciudad de Arica en los años ’80, cuando -como abordamos en un reciente reportaje en La voz de los que sobran– la empresa chilena Promel trajo a partir de 1984 a nuestro país alrededor de 21 mil toneladas de desechos químicos pertenecientes a la compañía sueca Boliden.

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Una acción que desde entonces ha significado muertes, malformaciones y una serie de enfermedades -como cáncer, fibromialgia, leucemia, esquizofrenia, autismo y fibrosis pulmonar- a los pobladores chilenos, sobre todo a los más pequeños, luego de años caminando y jugando sobre esa verdadera bomba de tiempo, sin saber la toxicidad que había bajo sus pies.

Fue una internación de desechos nocivos que contó con la autorización del Servicio de Salud de la época, los que fueron instalados en el Cerro Chuño y que -de acuerdo a lo que estableció en 2004 un informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados- se trató de “una situación dolosa” por parte de Promel, “ya que en su declaración de importación para obtener la autorización de ingreso, se faltó a la verdad respecto de la composición de los residuos”.

Cementerio tóxico traído por Promel. Captura reportaje de CHV

“Promel no compró estas ‘materias primas’, sino que recibió dinero para deshacerse de ellas, a sabiendas de que eran sustancias catalogadas como peligrosas en el país de origen, o que, por lo menos, requerían de una especial disposición”, informó entonces la comisión del Congreso respecto al funesto negocio de la compañía local que le significó embolsarse nada menos que 1 millón 600 mil dólares por esa labor.

Una exitosa maniobra para los empresarios locales, pero que se ha traducido hasta nuestros días en una estela de muerte que ahora reflota con el nuevo golpe que reciben quienes continúan habitando el Cerro Chuño.

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En ese sentido, cabe recordar que el pasado 23 de marzo seis relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta al Estado chileno y al gobierno sueco, emplazándolos a entregar una solución definitiva al crimen ambiental generado en la ciudad de Arica hace ya 37 años por parte de dos empresas de dichas naciones, en complicidad con las autoridades de la época. El organismo internacional instó a ambos países a repatriar o asegurar la eliminación de los desechos peligrosos, a realizar una reparación a los afectados y a entregarles una solución habitacional lejos de la contaminación.

EL FALLIDO DESALOJO

Josefina Prado, abogada de Derechos Humanos que hoy representa a los pobladores del Cerro Chuño, explica que “por ley, el Gobierno estaba obligado a hacer un proceso de reubicación de esas familias”, lo que comenzó a realizarse a partir del año 2012. “A las primeras familias se les hizo una especie de permuta, se les entregaron viviendas en otro sector de Arica, ellos devolvieron el subsidio, por lo tanto las viviendas llegaron nuevamente a manos de Serviu. Es decir, Serviu es el dueño de las casas de la población Cerro Chuño”, apunta la jurista, quien asesora a la Organización Social y Cultural Los Peregrinos y al comité de allegados Fuerza de Vida.

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Sin embargo, como explica, las viviendas no fueron demolidas como ordenaba la ley. “Como esto no se hizo, las casas fueron tomadas por otras personas pertenecientes a dos sectores muy importantes: primero, personas sin vivienda; y el segundo grupo es de inmigrantes, representando cada uno de estos a aproximadamente un 50%”, profundiza Prado.

Ante este escenario, el Serviu, a través de la Gobernación de Arica, intentó un primer desalojo en el año 2017, lo que fue impedido por un recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Pero no solo eso: la Corte Suprema estableció que la Gobernación no tiene autoridad para realizar un desalojo de una propiedad con un dueño determinado, que en este caso es el propio Serviu, por lo que debía ser este último el que iniciara en tribunales civiles un proceso judicial para recuperar sus viviendas.

Captura reportaje de CHV

Fue entonces que el Serviu activó lo que se conoció como Plan de Retiro Voluntario, que involucró incentivos para los vecinos, tales como la asignación de subsidios de arriendo de 200 mil pesos por diez meses o un bono único de traslado de 600 mil pesos. Una iniciativa que, como explica la abogada Prado, no ha dado resultados debido a que la gran mayoría de la población se ve imposibilitada de cumplir con los requisitos impuestos, entre ellos el alto costo de los arriendos en Arica o la necesidad de contar con un contrato de arriendo firmado.

El llamado Plan de Retiro Voluntario fracasó, decidiendo entonces el Serviu ordenar a la empresa Aguas del Altiplano cortarle a los habitantes del sector en cuestión el suministro de agua potable y alcantarillado.

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LA BATALLA LEGAL

“El agua potable es reconocida como un Derecho Humano esencial en tratados ratificados por Chile, y los órganos del Estado están obligados no solo a respetarlos, sino que también a garantizar su cumplimiento”, enfatiza Josefina, quien presentó un recurso de protección en contra de Aguas del Altiplano. En él advirtió que Serviu había solicitado a la empresa cortar el suministro y el servicio de alcantarillado solo en una parte de la población, en la Villa El Solar, sin embargo, la empresa lo hizo en la población completa.

La respuesta de la Corte de Apelaciones de Arica, fechada el 5 de abril de 2021, fue que la responsabilidad no recaía en Aguas del Altiplano, sino que en Serviu como propietario y quien ordenó la interrupción del servicio. Ante esto la abogada interpuso un segundo recurso contra el ente estatal, el que también fue rechazado, pero esta vez porque a mediados de diciembre de 2020 el organismo realizó una suerte de convenio de distribución de agua con la fundación Caritas, perteneciente a la Conferencia Episcopal de Chile.

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Las razones de por qué el Estado realizó este acuerdo son desconocidas para la abogada, quien destaca que además este se llevó a cabo sin licitación pública e involucró la suma de 58 millones de pesos, traduciéndose en cambio para los pobladores en la disposición de estanques de agua por parte de Caritas.

“La Corte de Arica consideró que esos estanques de agua -que implican que la gente deba hacer filas enormes para llegar con baldes a unos estanques que están en medio de la basura-, en plena pandemia y en cuarentena, era suficiente para cubrir el agua potable en el Cerro Chuño”, advierte Prado.

Abogada Josefina Prado

En ese sentido, el máximo tribunal del país fue categórico al sostener que si bien el Serviu se encuentra obligado a dar cumplimiento al mencionado plan de erradicación de viviendas en el sector contaminado, “no es posible que para ello adopte resoluciones que importan un perjuicio aún mayor para quienes, aunque de manera ilegal, se encuentran ocupando los inmuebles del sector de Cerro Chuño”.

Junto con esto, la Suprema estableció que el aludido plan “se debe ejecutar procurando evitar al máximo cualquier menoscabo en la integridad física y psíquica de las personas afectadas por dicha medida”.

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EL DESACATO

La abogada Josefina Prado advierte que hasta hoy el Serviu no ha llegado a un acuerdo con Aguas del Altiplano para concretar lo ordenado por la Corte Suprema. En un oficio enviado el 5 de mayo pasado a la empresa, el ente estatal le solicitó “arbitrar las medidas pertinentes en el menor plazo posible a fin de reponer el suministro de agua potable y alcantarillado en el sector de Cerro Chuño”. Por su parte, la compañía le respondió con fecha 24 de mayo que podían realizar lo solicitado a través de un “arranque común a nombre de Serviu”, agendando para ello reuniones de coordinación.

Fue en uno de estos encuentros, como explica Prado, que el Serviu le exigió a Aguas del Altiplano instalar medidores en cada uno de los domicilios, lo que -apunta la abogada- resulta “absurdo” y no sería más que otra acción dilatoria por parte del organismo de gobierno. “Los medidores se utilizan cuando tú tienes usuarios distintos, pero aquí el único propietario es el Serviu, hay una cuenta única, entonces esto no tiene ningún sentido”, enfatiza Josefina.

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“En definitiva, lo que ocurre es que Aguas del Altiplano le dice a Serviu que les ofrece una solución; Serviu les responde que esta no les sirve y que quieren otra, y así pasó un mes y la gente sigue sin agua”, advierte la abogada, quien frente a este escenario ingresó este lunes a Fiscalía una denuncia por desacato en contra del director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Arica, Francisco Meza Hernández.

Foto: Arica al día

En la acción legal se cita al mencionado dictamen de la Corte Suprema del pasado 30 de abril que ordenó al organismo dirigido por Meza “adoptar de inmediato las medidas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados con el corte del suministro de agua y alcantarillado, ordenando la reposición de tal servicio a Aguas del Altiplano”.

A la fecha, el denunciado NO ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema, incurriendo en el delito de DESACATO, sin perjuicio de otros delitos contemplados en el Código Penal respecto de funcionarios públicos, poniendo en riesgo la vida y salud de más de 2.500 personas, en contexto de pandemia y cuarentena”, sostiene en la denuncia la abogada.

Al respecto, Josefina Prado declara que “todos y todas queremos que el sector contaminado con residuos tóxicos tenga el tratamiento que corresponde para dejar de ser un foco de contaminación para toda Arica. Sin embargo, el Estado no ha sido capaz de hacer bien las cosas, ni menos de reparar el daño que nos han causado. El caso de la población Cerro Chuño es un ejemplo de la incompetencia y la irresponsabilidad del Estado, particularmente de este gobierno, que viola los Derechos Humanos de manera sistemática, en muchos niveles”.

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“Cortar el agua potable a una población completa, en medio de una pandemia mundial y pretender expulsarlos a la calle, a pesar de que existe una orden del más alto tribunal de la República, es una muestra más de la indiferencia de este gobierno ante las necesidades de las personas comunes y de la impunidad con la que pretenden seguir violando los Derechos Humanos y constitucionales de la población”, concluye la abogada.

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La otra historia criminal que tiñe a Clínica Cordillera: Pediatra en ejercicio fue condenado por muertes por envenenamiento en dictadura

La Justicia estableció que el doctor y general (r) del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, produjo la muerte del locutor radial Archivaldo Morales en 1973 y de al menos dos internos de la ex Cárcel Pública en 1981, casos por los que de hecho décadas fue expulsado décadas más tarde del Colegio Médico.

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Por estos días el nombre de la Clínica Cordillera, ubicada en la calle Alejandro Fleming de Las Condes, ha hecho noticia por un brutal acontecimiento. Una de sus enfermeras, Pola Álvarez, fue apuñalada el pasado domingo al salir de su turno, hecho por el cual se encuentran detenidos y formalizados los enfermeros Enrique Hanson y Patricia Henríquez, esta última ex compañera de trabajo de Álvarez.

En el contexto de la gran cobertura que la prensa le ha asignado al caso, el medio de comunicación Muros y Resistencia recordó antecedentes de otro hecho criminal que salpica a la Clínica Cordillera, en los que en este artículo profundizamos, y que están vinculados con un médico que figura como uno de sus funcionarios y con las violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la dictadura civil-militar.

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Ocurre que en ese recinto de salud ejerce como pediatra el general (r) del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, quien ha sido condenado como autor de homicidios por envenenamiento de presos comunes y políticos durante el régimen encabezado por el dictador Augusto Pinochet.

Los envenenamientos en la ex Cárcel Pública

El 20 de febrero de 2017 el juez Alejandro Madrid sentenció a 20 años de presidio al mencionado Eduardo Arriagada Rehren y al veterinario Sergio Rosende Ollarzú por su participación en las muertes de los presos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, en el bullado caso del envenamiento de reos en la ex Cárcel Pública ocurrido en diciembre de 1981.

Por otra parte, Madrid los condenó igualmente por los intentos frustrados de homicidio en contra del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de la organización subversiva Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos.

La investigación del juez estableció que las muertes se produjeron por la acción de la toxina botulínica, la que fue introducida en los alimentos que le llevaba su madre a Guillermo Rodríguez y que este compartió con los otros internos.

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En ese sentido, el fallo añadió que a los envenenados que terminaron falleciendo no se les suministró posteriormente un tratamiento adecuado, argumentándose entonces falsamente que solo padecían una gastritis aguda.

La sentencia consignó también que la sustancia aludida fue obtenida por el Instituto Bacteriológico desde Brasil, la que luego fue enviada al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, del cual Arriagada Rehren era el encargado y que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Pediatra Eduardo Arriagada Rehren

El envenenamiento del locutor radial Archivaldo Morales

El segundo crimen por el que ha sido condenado el pediatra con especialidad en broncopulmonar Eduardo Arriagada Rehren es el del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva. El 27 de septiembre de 2021 el hoy funcionario de la Clínica Cordillera de Las Condes fue sentenciado por la Corte de Apelaciones de Santiago a 10 años y un día de presidio como autor del delito consumado de homicidio calificado en contra del comunicador.

De hecho, en un fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada lo que hizo fue modificar la pena de 7 años que había impuesto el ministro en visita, Mario Carroza, y rechazar que concurriera en este caso la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por parte del especialista.

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De acuerdo a lo que estableció la Justicia, el crimen ocurrió en noviembre de 1973, en la ciudad de San Fernando, Región de O’Higgins, cuando el médico suministró Persantin al detenido Archivaldo Morales, sabiendo que la condición en la que lo habían dejado las torturas a las que había sido sometido podía implicar su fallecimiento.

El ministro Mario Carroza dio por establecido que el 26 de septiembre de 1973 el locutor de Radio San Fernando, Archibaldo Morales, fue detenido en Santiago por la Policía de Investigaciones y trasladado tres días después a San Fernando. Tras ser interrogado, Morales fue llevado a la Cárcel Pública de San Fernando, donde estuvo incomunicado por alrededor de 43 días, “sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, la que funcionaba en el Regimiento Nº 19 Colchagua.

Días después, ya en el mes de octubre, mientras esperaba en la guardia del regimiento ser interrogado por el fiscal militar Juan Ramírez Rojas -“con indicios evidentes de haber sido torturado”-, quiso incorporarse a la fila de los detenidos, pero se desvaneció, siendo llevado a la enfermería del recinto.

Ahí fue atendido por el médico del regimiento, el oficial de Sanidad e integrante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), el aludido doctor Eduardo Arriagada Rehren, quien -como estableció el fallo- “luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía, pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal”.

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Archibaldo Morales / Foto: diarioelmarino.cl

En ese sentido, la resolución judicial enfatiza que “los antecedentes del proceso dan cuenta que el acusado Arriagada tenía pleno conocimiento de la privación de libertad del señor Morales, puesto que su asistente era pareja de este último, y le consultaba habitualmente por su estado”.

Por otra parte, se apunta que sabía quién era el detenido debido a que se trataba de “un conocido periodista de la localidad, locutor de un programa de radio, que constantemente criticaba su gestión como director del Hospital de Chimbarongo”, y que “conocía la condición física de la víctima producto de las torturas, la cual era, según los testigos, evidente y notoria”.

Esto último adquirió relevancia para el juez Carroza a la hora de dictar condena, bajo el argumento de que como “conocedor de la situación que afectaba a la víctima (torturas y encierro permanente, por un periodo prolongado, con el subsecuente nivel de tensión que ello naturalmente conlleva en una persona), decidió inyectarle el medicamento denominado Persantin (…), sabiendo la reacción inminente que causaría en aquella, justamente dado por la profesión de desarrollaba”.

Junto con ello, en el fallo se advierte además que el doctor Eduardo Arriagada introdujo a la cárcel por iniciativa propia dicho medicamento, debido a que este “no se encontraba en el Servicio de Salud de la zona de O’Higgins”.

Por último, se destaca en la resolución que “el hecho de que (el medicamento) aún permanezca en los restos de la víctima, demuestra que la cantidad inoculada fue a todas luces excesiva, considerando las condiciones físicas de aquella, conocida por Arriagada, por lo que no resulta aceptable lo alegado por su defensa, en el sentido de que se limitó a actuar en su calidad de médico, no existiendo dolo homicida”.

La funa y la expulsión del Colmed

El caso de Eduardo Arriagada Rehren no es desconocido. De hecho, fue funado en septiembre del año 2014 por la emblemática Comisión Funa cuando este ejercía como médico en la Clínica Vespucio.

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Foto: Muros y Resistencia

En tanto, en octubre de 2018 el facultativo fue expulsado del Colegio Médico (Colmed), gremio que en su resolución argumentó que “sus actividades desplegadas en la época en que ocurrieron los hechos que fundamentan su condena a veinte años de presidio, según sus propias declaraciones y más allá de la participación en los homicidios por los que fue condenado, son prueba suficiente de que se apartó completamente del ejercicio de la Medicina para incursionar en actividades ajenas a los fines de esta profesión, vulnerando gravemente la ética médica”.

Ante esto, Arriagada presentó un recurso de protección en contra del Colegio Médico, el que en marzo de 2019, en un fallo unánime, fue rechazado por la Corte Suprema, tribunal que confirmó la sentencia que previamente había desechado el intento del ex oficial del Ejército para revertir su salida de la orden gremial.

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“La sentencia fue anulada”: Defensoría Popular denunció que orden de detención en contra de absueltos del caso Hotel Principado no tiene fundamento jurídico

Durante esta jornada, los abogados de la Defensoría Popular, John Maulen, Lorenzo Morales y Rodrigo Román, en un punto de prensa, se refirieron a la orden de detención solicitada por Rothfeld y las acciones que tomaran.

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El pasado 28 de junio, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de Benjamín Espinoza, Matías Rojas y Jesús Zenteno por una condena que había sido anulada por la Corte Suprema. Además, Espinoza y Rojas habían sido absueltos de todo cargo el pasado 31 de mayo. Mientras tanto, Zenteno tenía audiencia el próximo 8 de agosto.

“Notifíquese la presente resolución al Ministerio Público y a la Defensa (…) Despáchese orden de detención en contra de los sentenciados (…) a fin de dar cumplimiento a lo ordenado”, indica la cuestionada resolución firmada por la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ely Rothfeld Santelices y que llegó a manos de la Defensoría Popular durante la madrugada del pasado 29 de mayo.

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En una declaración pública, los abogados de la Defensoría Popular señalaron que “en el actual momento queremos comunicar especialmente la sospechosa decisión adoptada por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, a instancias del Consejo de Defensa del Estado, de decretar la detención de Benjamín, Matías y Jesús, que son los muchachos del caso Hotel Principado”.

Al mismo tiempo, los juristas explicaron que la orden de detención “carece de fundamento fáctico y jurídico”. Así mismo, dieron a conocer que se presentaron recursos de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Espinoza, Rojas y Zenteno.

El abogado Lorenzo Morales, quien fue parte de la defensa de los acusados, señaló que el “equívoco que comete la jueza es grave y tiene que ver que ella quiere ejecutar la sentencia del primer juicio que se fue a anulado”.

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“La sentencia fue anulada. Ese es el equívoco mayor que tiene que ver contra la libertad ambulatoria de nuestro representado. Nosotros tenemos derecho, como ciudadano a sospechar de esa resolución”.Lorenzo Morales

Por su parte, el abogado Rodrigo Román señaló que “el Consejo de Defensa del Estado actúa en esta etapa del proceso y hay una norma expresa en la ley que impide que cualquier querellante o acusador particular actúe. El artículo 466 del Código Procesal Penal prohíbe que el Consejo del Estado, el ministro del Interior, como querellante, intervengan en este estado del proceso y sorpresivamente lo que hace es que estos solicitan curso, provisión, auto y se libra una orden de detención que es arbitraria e ilegal”.

“Nosotros esperamos tener noticias en la jornada de hoy, en término que se coja la orden de no innovar y que quede sin efecto esta ilegal orden de detención”, agregó Román.

Finalmente, el abogado señaló que “vale la pena recordar que (Benjamín, Matías y Jesús) se mantuvieron más de dos años en la cárcel. Se encuentran de noviembre a la fecha. Privado absolutamente virtual. Su domicilio para decir su restricción de libertad ya alcanza casi los tres años, lo que pudiera ser una pena”.

Tras la conferencia de prensa, la Defensoría Popular emitió una grave denuncia en contra de Carabineros, quienes habrían llegado hasta el edificio donde se llevaría a cabo el punto. Al ser descubiertos, salieron raudos del lugar.

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Cabe consignar que la orden de detención emanado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aún no es ejecutada por la policía.

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Municipio de Ñuñoa ingresa oficio al SEA para que cuestionado proyecto inmobiliario sea sometido a Estudio de Impacto Ambiental

La municipalidad sostiene que, tal como está, la iniciativa se traduciría en una hiper-densificación en el sector de Plaza Egaña que traería importantes afectaciones a la comunidad.

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En la imagen, la alcaldesa Emilia Ríos junto a las concejalas Alejandra Valle y Mireya del Río

La mañana de este viernes la Municipalidad de Ñuñoa ingresó un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el objetivo de que el proyecto inmobiliario “Egaña Comunidad Sustentable” sea sometido a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Dicha iniciativa, ubicada en el sector de Plaza Egaña, es la misma que a inicios de abril de este año hizo noticia luego de que los trabajadores realizaran una serie de protestas reclamando a dicho municipio por la paralización de las obras, cuando en realidad la decisión había sido tomada días antes por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, la que entonces rechazó los cambios introducidos al proyecto por la Inmobiliaria Fundamenta.

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Leer también: “¡Les estaban pasando lista!”: Alejandra Valle advierte ‘manipulación’ en protestas por paralización de obras en Plaza Egaña

Agencia Uno

En ese sentido, en su oficio ingresado esta jornada la municipalidad ñuñoína sostiene que existen “inconsistencias sustanciales que cambiarían el carácter y criterio por el cual este proyecto pasaría a clasificarse dentro del SEA”.

Dicha incongruencia tiene que ver -de acuerdo a lo que se apunta- con la diferencia de la densidad señalada al momento de hacer su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y que correspondería a 2.240 Hab/ha (habitantes por hectárea), con aquella consignada en el permiso de obras, la que en cambio se cifra en 4.619 Hab/ha. “Este índice de densidad es considerado hiper-densificación”, advierte al respecto el municipio de Ñuñoa.

Para profundizar en esto último, en el oficio se cita el artículo 7 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -que se refiere a la “obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento”- para denunciar que “Egaña Comunidad Sustentable” es un proyecto urbano que con dicha densidad “aumentaría considerablemente el flujo de automóviles en zonas donde antes no ocurría”.

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Plaza Egaña
Agencia Uno

Junto con ello, y también en relación al mencionado reglamento del SEIA, se añade que la iniciativa implicaría una “reducción del espacio para el tránsito peatonal en veredas debido al déficit de estacionamientos, o la carencia de ciclovías que conlleva al uso de veredas para el tránsito de las mismas”, entre otras afectaciones.

Paralelo a ello, se cita el artículo 11 de la Ley N°19.300, donde se establece justamente que los proyectos que se sometan al SEIA requieren de la elaboración de un EIA.

Por otra parte, en la presentación de la Municipalidad de Ñuñoa ante el SEA se mencionan igualmente estudios académicos “con respecto a los efectos que tienen los procesos de verticalización del espacio urbano y de hiper-densificación residencial intensiva en el tejido de los barrios”.

Alcaldesa Emilia Ríos

Tras le exposición de estos antecedentes es que finalmente se pide al Servicio de Evaluación Ambiental someter a la iniciativa “Egaña Comunidad Sustentable” a un Estudio de Impacto Ambiental, debido a que la Inmobiliaria Fundamenta -dice el escrito- “no acredita que su proyecto cumple con lo establecido en el Art. 11 de la Ley N°19.300, en lo referente a una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.

“Efectivamente, creemos que hoy este proyecto no cumple con los requerimientos ambientales mínimos que se necesitan para una planificación urbana sustentable y responsable”, declaró en ese sentido en entrevista con CNN Chile la alcaldesa Emilia Ríos.

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Puedes leer acá de forma íntegra el oficio ingresado al SEA por la Municipalidad de Ñuñoa.

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