Connect with us

Hoy

Promel: ¿Quiénes son los empresarios locales que trajeron a Arica los mortales desechos tóxicos suecos?

Publicado

on

Tras el comentado reportaje emitido recientemente por CHV, poco se ha dicho sobre la compañía nacional y sus dueños responsables de instalar en nuestro país un verdadero basural químico. Tampoco se ha mencionado la responsabilidad que le cupo a las autoridades sanitarias de la época, todo lo cual abordamos en el siguiente artículo.


El pasado lunes CHV Noticias emitió un reportaje sobre las fatales consecuencias que durante décadas ha significado para un sector de los pobladores de Arica la exposición al arsénico, plomo, mercurio y otros químicos traídos a inicio de los ’80 desde Suecia por la empresa chilena Promel, e instalados a la intemperie en un verdadero basurero industrial, el que se ubicó originalmente a 250 metros de la población Sica Sica.

Fueron 21 mil las toneladas de desechos químicos que la sueca Boliden trasladó en 14 envíos a nuestro país a partir de 1984, bajo el argumento de que estaban afectando la salud de sus trabajadores, provocándoles cáncer al pulmón y al estómago. Sin embargo, de acuerdo a lo que denuncian los habitantes del sector afectado en Arica, dicho trasvasije ha significado muertes, malformaciones y una serie de enfermedades -como cáncer, fibromialgia, leucemia, esquizofrenia, autismo y fibrosis pulmonar- a los pobladores chilenos, sobre todo a los más pequeños, luego de años caminando y jugando sobre esa verdadera bomba de tiempo, sin saber la toxicidad que había bajo sus pies.

Captura reportaje CHV

De acuerdo a lo que señaló a CHV el académico Leonardo Figueroa, del Departamento de Química de la Universidad de Tarapacá, quien aún conserva muestras de los contaminantes, todavía “queda mucho material residual dispersado en la superficie del suelo”.

El reportaje generó alto impacto, apuntando las críticas principalmente a la compañía sueca y al convencional constituyente chileno recién electo, Fernando Atria, quien es mencionado en la nota por haber participado como abogado experto, aclarando que su rol fue elaborar un informe sobre el funcionamiento del derecho chileno para la empresa sueca el año 2012.

Advertisement
Captura nota CHV

Sin embargo, poco se ha dicho sobre la empresa chilena responsable de traer a nuestro país los desechos tóxicos y de sus dueños, quienes se embolsaron nada menos que 1 millón 600 mil dólares por esa labor. Poco se ha mencionado igualmente respecto de la responsabilidad que le cupo a las autoridades sanitarias de la época, así como a las que le siguieron una vez acabada la dictadura cívico-militar, las que levantaron viviendas sociales para las poblaciones Sica Sica, Cerro Chuño y Los Industriales en los alrededores del basurero industrial, aprovechando el bajo costo que implicaba construirlas ahí.

MARCOS BEOVIC VRANICIC, “UN PIONERO DE LA MINERÍA”

De acuerdo a los vastos antecedentes respecto a las enfermedades y muertes asociadas a la instalación en Arica del aludido vertedero tóxico a raíz de la exposición de los pobladores a arsénico, plomo, mercurio y otros químicos, es posible afirmar que la empresa chilena responsable de su llegada a nuestro país mintió.

En un documento fechado el 21 de marzo de 1984, en el que Promel le solicita al director del Servicio Nacional de Salud de la época autorización para desembarcar en la ciudad nortina 48 kilos de contenido metálico proveniente de Suecia -donde se menciona entre varios otros al arsénico, mercurio y cadmio-, se asegura que este “no es tóxico” y que si bien “no se puede ingerir, cualquier persona puede manipularlo”. Junto con ello, la compañía local destaca que “hemos traído minerales similares de España y Bolivia, sin registrar a la fecha problema alguno de salud con el personal que elabora en nuestra planta”.

El documento está firmado por Marcos Beovic Vranicic, entonces socio y director ejecutivo de Promel. Beovic llegó a vivir a Arica en 1954, cuando tenía 34 años, con la intención de hacer negocios. Quería importar autos usados desde Panamá. Por las restricciones cambiarias decidió abandonar esa idea y se fue a Caleta Vítor en esa misma región, donde se hizo de unas minas de cobre que comenzó a trabajar. Corría 1955 y fue favorecido por el 50% con que el Estado chileno beneficiaba a las exportaciones ariqueñas, gracias a lo establecido por ley por el general Carlos Ibáñez del Campo, quien por entonces gobernaba.

Luego formó junto a un magnate boliviano la compañía minera San Carlos en terrenos “liberados” por el Estado para esas labores, hasta que más tarde, a fines de la década del `70, creó Promel, de la cual -según detalla una nota del 3 de agosto de 2009 del medio regional El Morrocotudo– fue socio y director, en conjunto con David Fux Glickman, Blas Martino Muñoz, Natalio Fosk Rosemberg, Alberto Koch Sologuren y Eduardo Fosk Abrahamson.

“Empecé a traer por mi cuenta minerales de Bolivia, India, España, Estados Unidos, China, Perú, y se los vendía a la minera San Carlos que los procesaba dando un valor agregado de alta pureza. Se abre entonces el poder comprador y se comienza a trabajar la pampa Camarones, el mineral de Choquelimpie y Chaca”, le relató el empresario al periodista Pedro Clemente del diario La Estrella de Arica -perteneciente al conglomerado de El Mercurio-, en una entrevista publicada el 13 de julio de 2008 y que lleva como titular Un pionero de la minería y testigo de la historia de Arica.

“¿Fue otro de los grandes momentos de la minería ariqueña?”, le señala el entrevistador a Beovic al consultarle por la empresa Promel, omitiendo tanto él como su entrevistado la estela de muerte y enfermedades que dejó a su paso la instalación del basural químico en las inmediaciones de las poblaciones ariqueñas a partir de 1984.

Advertisement
Captura inicio entrevista a Marcos Beovic

Sin ir más lejos, en el artículo -donde se sostiene que “no puede haber palabra más autorizada para hablar” sobre el ámbito de la minería que él- se enfatiza que el empresario “fue destacado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y por la Escuela de Minas de Copiapó”, y que en 1967 “se le rindió un homenaje en la Municipalidad de Arica por su aporte al desarrollo minero de la zona”. Además, se releva que la propia Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) también “lo distinguió” por eso mismo.

LAPIDARIO INFORME PARLAMENTARIO CONTRA PROMEL

Cuatro años antes de la entrevista de La Estrella de Arica, específicamente en el mes de agosto de 2004, en la Cámara de Diputados del Congreso se dio a conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora que tuvo como objetivo analizar la “grave contaminación de plomo” que por entonces afectaba a miles de personas en la ciudad de Arica.

Y en el documento la instancia parlamentaria fue lapidaria: “El proceso que provocó que esta grave situación sanitaria llegara a afectar la vida de miles de ariqueños, especialmente los residentes en los sectores Los Industriales, Cerro Chuño, Villa El Solar, Villa Los Laureles y Villa El Amanecer, tienen como principal responsable a la empresa Promel, la que, concertada con la empresa sueca Bolliden Metal, internó ilegalmente estas sustancias por las cuales, además, habría percibido utilidades”.

Junto con ello, se establece en el informe que “es posible presumir con fundamento que Promel no compró estas ‘materias primas’, sino que recibió dinero para deshacerse de ellas, a sabiendas de que eran sustancias catalogadas como peligrosas en el país de origen, o que, por lo menos, requerían de una especial disposición”. En ese sentido, se advierte que “ello podría configurar una situación dolosa, ya que en su declaración de importación para obtener la autorización de ingreso, se faltó a la verdad respecto de la composición de los residuos”.

Captura CHV

Por otra parte, es importante destacar lo expuesto en dicha instancia investigadora por Julio Monreal, entonces director del Departamento de Salud del Ambiente del Ministerio de Salud, quien acusó que Promel lo que hizo fue declarar lo que estaban internando a Chile desde Suecia “como un insumo industrial, es decir, como sustancias para reciclar y obtener metales preciosos”. Sin embargo, años después la dirección del Servicio de Salud de Arica estableció que “se trataba de residuos que habían sido internados en forma encubierta, declarándolos como insumos industriales y no como lo que realmente eran (…) Así fue como la empresa Promel internó las sustancias”.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES

Advertisement

Entre los invitados a la mencionada instancia parlamentaria investigadora estuvo el abogado Raúl Allard Neumann, quien ejercía como Director Nacional de Aduanas para 2004. Entre sus declaraciones, la autoridad destacó -como se lee en el informe- “que la Aduana no ha hecho absolutamente nada en esta materia, desde 1984 hasta hoy, sin la autorización y un certificado del Servicio de Salud”. Con esto, Allard traspasó la responsabilidad por lo ocurrido en ese año y los posteriores a la cartera de Salud de los gobiernos de la dictadura y de los que siguieron a ese régimen.

En ese sentido, llama poderosamente la atención lo señalado por otro de los invitados a la comisión investigadora, el doctor Domingo Barrientos Vásquez, director del Servicio de Salud de Arica en esos años, quien señaló que en 1984, cuando comenzaron los ingresos del material tóxico a Arica, “no había disposiciones legales que impusieran la obligación de efectuar seguimiento a los productos” y que el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos data de 1992.

Captura CHV

Dicho eso, apuntó lo siguiente: “Cuando ingresaron esos productos, el antiguo jefe del departamento de programa sobre el ambiente envió muestras al Instituto de Salud Pública (ISP) para su análisis. El Instituto, a través de un escrito, respondió que no era necesario hacer un análisis de los productos y que bastaba una declaración jurada. Eso está documentado. Por lo tanto, nunca hubo análisis de muestras por parte del ISP”.

Respecto al rol que cumplieron las autoridades del Ministerio de la Vivienda en la construcción entre 1990 y 1995 de casas en el sector afectado por los desechos tóxicos, en el reportaje de CHV el abogado Ezio Costa de la ONG FIMA afirma que “hubo responsabilidad del Estado por la responsabilidad del Servui relacionada a la construcción en un sitio que está contaminado”.

En ese sentido, durante las sesiones de la comisión investigadora se hizo presente que existe una nota, fechada el 28 de junio de 1994, enviada por el delegado provincial del Serviu, Sergio Carrasco, “quien reconoció ante el director del Servicio de Salud, Juan Carlos Guirao, que las viviendas estaban sobre un basural y que no se haría ningún tratamiento en el suelo, porque era muy oneroso para el Estado”. Las poblaciones Industriales I, Industriales III, Cerro Chuño I, II, II, IV, V y VII, se edificaron finalmente en terrenos de Bienes Nacionales y sin los permisos correspondientes, como quedó consignado en la instancia parlamentaria.

Captura nota CHV

Por último, a la comisión de la Cámara de Diputados fue invitado el ministro de Salud de la época, el doctor Pedro García Aspillaga ( DC), quien explicó que debido a que desde 1992 en las cercanías del depósito de los desechos se fueron creando barrios urbanos, el Servicio de Salud “exigió un buen manejo de los residuos y, luego, su traslado a una ubicación en el sector de Quebrada Encantada, para lo cual se adoptaron todas las medidas de mitigación y contención de los residuos, de acuerdo con lo que las exigencias modernas recomiendan”.

En el reportaje de CHV se da cuenta justamente de esta acción, pero se agrega un trascendental dato. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle decidió trasladar el vertedero de desechos tóxicos a otro lugar, como lo informó por entonces el ministro de Salud Alex Figueroa (DC). Estos debían quedar a 3 mil metros de la población Cerro Chuño. Sin embargo, de acuerdo a lo que se consigna en la nota, solo fueron ubicados a 650 metros. Junto con ello, se advierte que durante ese mismo proceso el Servicio de Salud de Arica “extravió” más de 5 mil exámenes que daban cuenta de las enfermedades que afectaban principalmente a niños.

AHORA EN EL SALAR DE SURIRE

Advertisement

Entre las empresas chilenas Promel y Quiborax hay apellidos que se repiten: Fux y Fosk. De acuerdo a lo que se consigna en el Directorio Minero de Chile, David Fux, quien formara parte de la primera, hoy es gerente general de la segunda. Y al igual que en Promel, en Quirobax la familia Fosk ocupa distintos cargos: Allan Fosk es su presidente y gerente de administración y finanzas, y Moisés Fosk su director comercial.

¿Y por qué hablamos de Quiborax?: Porque ocurre que de acuerdo a lo que ha denunciado la periodista de investigación Barinia Montoya, los habitantes cercanos al Salar de Surire, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, aseguran que las poblaciones de flamencos se han reducido debido a las actividades mineras que realiza la empresa Quiborax en el lugar. 

Mina de Quiborax en el Salar de Surire. Foto: Fundación Relaves

Así lo detalla en un extenso reportaje publicado en el medio de periodismo ambiental de Latinoamérica Mongabay, en donde además se apunta que, a pesar de tratarse de un área protegida, “los impactos de las faenas no han sido evaluados, ya que la empresa opera gracias a una autorización firmada por Augusto Pinochet, que la ha librado de pasar por el sistema de evaluación ambiental”. 

En la nota se entrevista a diversos testigos del accionar de la compañía de la familia Fosk en la zona. Uno de ellos es Luis Mamani, de origen aymara y habitante de Guallatire, una localidad ubicada a 45 kilómetros del Salar de Surire, quien relata lo siguiente: “Los camiones de Quiborax transitan a alta velocidad por el único camino que conduce a la extracción, generando una alta polución en desmedro de los habitantes del pueblo y además atropellan a las llamas”.

Hoy

Por el Derecho a la Seguridad Social: La Iniciativa Popular de Norma que busca acabar con las AFP

La propuesta presentada por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP pretende consagrar la seguridad social como derecho inalienable en la nueva Constitución. Derecho que, según esta iniciativa, debiera ser garantizado por el Estado y que que jamás deba estar sujeto al lucro.

Publicado

on

Hasta el 1 de febrero se podrá patrocinar alguna de las casi de 2 mil iniciativas que han sido publicadas en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional.

Este mecanismo de participación ciudadana, conocido como Iniciativa Popular de Norma, consiste en que cualquier persona u organización puede presentar a la Convención una propuesta de norma para que sea discutida su incorporación en la nueva constitución.

Para que estas sean consideradas por los integrantes del órgano deben juntar al menos 15 mil patrocinios provenientes de por lo menos cuatro regiones distintas. Una vez cumplido este requisito, las iniciativas serán discutidas en una de las siete comisiones temáticas y posteriormente votadas, para luego admitir su discusión y votación en el Pleno, y así tener la posibilidad de ser incluidas en el texto constitucional definitivo.

En el marco de este proceso, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP presentó la propuesta “El Derecho a la Seguridad Social”, a la que se le adjudicó el número 4.758, la cual busca que la nueva constitución instale las bases para implementar un sistema de pensiones solidario, que permita reconocer el trabajo remunerado y no remunerado de todos los hombres y mujeres, garantizando a las personas pensiones que les permitan vivir con dignidad.

Advertisement

La iniciativa, surge como respuesta a la crisis que atraviesa el actual sistema de pensiones en nuestro país, estableciendo que el Estado deberá reconocer a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, solidaridad, suficiencia, entre otros, garantizando el cumplimiento de este derecho a través de instituciones públicas y sin fines de lucro.

Desde la Coordinadora se han movilizado diariamente a lo largo del país para reunir las firmas necesarias, desplazándose en espacios públicos y en lugares propiciados por organizaciones sindicales y sociales que apoyan desde siempre esta demanda. Es así como uno de los puntos de recolección de firmas ha sido el hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel, apoyados por la Fenats del establecimiento y su presidenta Brisa Gálvez, activa militante de NO+AFP, “desde sus inicios empezamos a trabajar en conjunto con la Coordinadora, nos motiva que los mismos trabajadores de la salud reciban pensiones paupérrimas”, señala la dirigenta.

Hasta este punto han llegado dirigentes sindicales y sociales a apoyar la recolección de firmas para alcanzar las 15 mil necesarias, es el caso de la vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, Ana Luz Palleras, quien afirma que “la gran motivación nuestra es que esta iniciativa sea considerada y recuperar la seguridad social. Este sistema que hay actualmente no ha sido creado para dar pensiones.

Chile está en deuda con sus ancianos, que se han sacado la mugre toda una vida trabajando para recibir estas pensiones de hambre, por eso la seguridad social debe ser un derecho en la nueva Constitución. Nosotros estuvimos marchando en las calles, hemos estado participando constantemente y se tiene que reconocer que esta propuesta es viable. Viable para el pueblo, inviable para los empresarios”, agregó.

Algunas complicaciones con el sistema de participación ciudadana

Sin embargo, han surgido una serie de cuestionamientos contra el mecanismo de participación ciudadana, acusando tanto la falta de difusión como dificultades técnicas a la hora de intentar patrocinar una norma. Entre los problemas evidenciados se encuentra la complejidad que presenta la plataforma para los sectores menos tecnologizados, que son justamente la población carente de derechos sociales fundamentales: personas de la tercera edad y pobladores sin acceso a la información, y muchas veces, a internet.

Por otra parte, la gran cantidad de Iniciativas de norma, generadas por personas individuales, muchos abogados o miembros de ONG, que impulsan normativas a título personal y sin mayor respaldo, ayuda a confundir y desincentivan la participación. Cabe destacar que un 90% de las iniciativas han sido presentadas por individuos, en contraste con las propuestas hechas por organizaciones o movimientos sociales legitimados.

Advertisement

A dos semanas de que se cierre el plazo para apoyar las distintas iniciativas de norma, las y los activistas de la Coordinadora Nacional NO+AFP siguen desplegados desde Arica a Magallanes, informando y sacando patrocinios a la norma Nº 4758, por El Derecho a la Seguridad Social, con el total convencimiento que esta es la madre de todas las batallas.

Frente al CDT del Hospital Barros Luco, y bajo el sol candente del medio día, conversamos con Luis Mesina, vocero nacional del movimiento NO+AFP y le pedimos su opinión respecto del proceso de participación ciudadana, afirma por experiencia propia recogiendo los apoyos, que en la población existe una desinformación total respecto del proceso, “la gente en general, la gran mayoría no sabe de qué se trata, no hay una información permanente respecto al rol que juega la Convención Constitucional. Además, hay una campaña de la derecha de descrédito, que hace que la gente tenga mucha apatía y desconfianza, y en consecuencia ha costado convencer a la gente y eso explica porqué la derecha ha logrado imponer tantas iniciativas, cuentan con los recursos y sabemos que los están destinando para interferir en este proceso, nosotros no, estamos haciéndolo con la gente”, señala, reafirmando su confianza en que lograrán las 15 mil patrocinios exigidos para instalar el tema en la discusión constitucional. “Han convertido la salud y las pensiones en un negocio inmoral, por eso la seguridad social debe ser restituida en la nueva constitución”, recalcó. 

La iniciativa lleva hasta el momento más de 12.500 mil firmas y se puede patrocinar en el siguiente enlace https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/

Advertisement
Continue Reading

Hoy

“Se requiere que esté acompañado de medidas concretas”: Colegio de Profesores ante anuncio de regreso a clases presenciales

Carlos Díaz Marchant señaló que se debe garantizar que “no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”.

Publicado

on

El Colegio de Profesores cuestionó este miércoles el anuncio del Gobierno del regreso a clases presenciales para este año 2022, planteando como primer argumento el retroceso de la Región Metropolitana a la Fase 3 del Plan Paso a Paso. “La situación es bastante crítica. Estamos con niveles de contagio muy superiores a los que habíamos visto en el último tiempo, y eso por supuesto que nos preocupa como profesores”, señaló el líder del gremio, Carlos Díaz Marchant.

“No basta con solamente anunciar que volveremos a la presencialidad. Se requiere que ese anuncio esté acompañado de medidas concretas y, por sobre todo, de medidas que den cuenta de que no seguiremos cometiendo los errores que ha cometido el actual gobierno”, sostuvo el presidente del Colegio de Profesores.

En ese sentido, Díaz Marchant realizó un llamado al Presidente electo, Gabriel Boric, para que “avance en medidas concretas respecto de cómo enfrentar el retorno a la presencialidad”.

Advertisement
Continue Reading

Hoy

Cámara de Diputados aprueba requerir al TC que declare inconstitucional la licitación del litio realizada por Piñera

La explotación por 29 años de nuevos yacimientos del recurso natural ya fue adjudicada por el Gobierno a dos empresas.

Publicado

on

Por 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) que declare la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 23 del Ministerio de Minería que permitió la cuestionada licitación de nuevos yacimientos de litio.

Cabe recordar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dispuso de un total de 400 mil toneladas de litio de los salares del norte del país para que sean explotadas por empresas privadas hasta el año 2050, resultando finalmente ganadoras de la convocatoria las compañías BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Leer también: Gobierno se adelantó y adjudicó licitación del litio a dos empresas en medio de controversial debate

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, celebró la aprobación del requerimiento que se realizará ante el TC, sosteniendo que “tenemos el deber y obligación de defender el bienestar del país”. “Llevaremos adelante todas las acciones que sean necesarias para evitar que unos pocos sigan vendiendo nuestro futuro”, añadió la parlamentaria.

Advertisement

Continue Reading

Lo más visto

¡Apoya al periodismo independiente! Sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran.
Únete aquí

¡Apoya al periodismo independiente!

Súmate, sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran. Así podremos seguir con los reportajes, crónicas y programas, que buscan mostrar la otra cara de la realidad, esa que no encontrarás en los medio de comunicación hegemónicos.