A pocos días de la audiencia de formalización de Martín Pradenas por cinco delitos sexuales, entre ellos el de Antonia, se han presentado dificultades varias en el proceso: Testigos que se niegan a las pericias en sus celulares, la posible prescripción de tres de las denuncias, y el rechazo a la solicitud de la familia Barra para que la formalización sea presencial. Estas situaciones dejan al descubierto las dilaciones que enfrenta la familia Barra para conseguir justicia y la prisión preventiva de Pradenas. La presentación de pruebas y argumentos deberá realizarse de forma “virtual”.
Era la tarde del sábado 12 de octubre del 2019. Antonia Barra conversó por teléfono con R.C para confesar la agresión sexual de la que había sido víctima, en manos de Martín Pradenas Durr. Sin que ella supiera, R.C grabó la conversación para mostrársela a una joven cercana al agresor.
En ese tiempo, Padrenas estaba tratando de no dejar rastro de lo que había pasado la madrugada del 18 de septiembre, estuvo esparciendo otra versión entre su grupo de amigos, rumores acomodados para no recibir recriminaciones en caso de que Antonia lo denunciara. Decía que él había intimado con la joven de manera consensuada. Por ese motivo ella fue interpelada por unos de sus cercanos por lo que había ocurrido, es decir la angustia y hostigamiento por la agresión se extendió hasta el día de su suicidio.
En un primer momento, tanto R.C como otros testigos relevantes en la investigación decidieron colaborar con el proceso. Sin embargo ahora la situación es distinta y la policía se encontró con un tropiezo importante ante la imposibilidad de periciar los teléfonos móviles por negativa de las mismas personas.
Seis meses después de su primera confesión, R.C se negó a la petición de la Policía de Investigaciones (PDI) para pesquisar su celular, justificándose en que lo ocupaba a diario en sus estudios. Además informó vía correo electrónico, su intención de mantenerse al margen del proceso.
La misma situación ocurrió con una joven vinculada al caso de iniciales B.F. Ella fue unas de las principales testigos de lo ocurrido en la cabaña de la calle Arauco de Pucón en donde habría ocurrido la violación y del estado en que se encontraba Antonia Barra. Explicó que no podía entregar su teléfono móvil para el peritaje de la PDI por motivos educacionales, ya que lo ocupaba diariamente en sus clases en la universidad.
Un tercer joven, de iniciales M.M, quien es parte del círculo cercano de Martín Pradenas, también rechazó entregar su celular para la extracción de información, justificándose en que lo ocupaba para trabajar. Le solicitaron dirigirse a las dependencias regionales de la PDI para dejar en acta la solicitud, pero se excusó de asistir por la contingencia de COVID-19.
En otros testigos se repitieron situaciones similares y se negaron a prestar declaraciones por diversos motivos. Por ejemplo, K.D explicó por correo electrónico que se encontraba en cuarentena voluntaria con su familia y no tenía nada más que declarar, mientras que Y.N, afirmó que quería mantenerse al margen del caso.
-Hay personas que no han tenido la mejor disposición, como por ejemplo entregar sus celulares para que se pueda acceder a información, o conversaciones que pudiesen aportar antecedentes para la causa-, afirma una fuente cercana a la investigación.
Consultada por este medio, Marlen Quintanilla, abogada feminista, comenta que la falta de cooperación es preocupante dado la ley sí entrega facultades para enfrentar la negativa de a cooperar de testigos, como se ha visto en el caso de Antonia.
-El Ministerio Público puede solicitar al Tribunal la autorización para incautación de los teléfonos, todo esto está amparado ante los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal. Además, la tarea del Ministerio Público es apercibir mediante el Tribunal que los testigos cooperen– explica.
El problema es que quedan muy pocos días para la audiencia de formalización en contra de Martín Pradenas, fijada para el martes 21 de julio tanto por el caso de Antonia Barra Parra como otros cuatros delitos de connotación sexual que se le imputan. Además, a esto se suma la intención de su defensa de alegar la prescripción en tres de las acusaciones.
El primer caso es un delito de abuso sexual propio -a una persona mayor de 14 años-, ocurrido en Temuco, en noviembre del 2010. El segundo es por abuso sexual impropio -a menor de 14 años-, sucedido entre diciembre del 2012 y enero de 2013. El tercer caso al igual que el primero es por abuso sexual propio, efectuado en abril del 2014. Y el cuarto hecho es por violación, ocurrida en noviembre del 2018.
Gaspar Calderón, el abogado defensor de Pradenas, conocido por ser “un hábil litigante en materia penal” y haber participado en importantes casos en la región, solicitó el 8 de julio al Tribunal de Garantía de Temuco que en la formalización se debatiera el sobreseimiento por prescripción de la acción legal en cuanto a los tres primeros casos de abusos sexual presuntamente cometidos por Pradenas. El Tribunal accedió a esta solicitud.
Formalización “Virtual”
Otro problema para la familia de Antonia ha sido el sistema que se ocupará para formalizar a Pradenas dada la contingencia por Coronavirus. Hasta último momento insistieron para que la audiencia se efectuara de forma presencial para una correcta presentación de pruebas y su comprensión.
Sin embargo, Gaspar Calderón pidió rechazar la petición por “el peligro e inseguridad que representaría para la integridad física y la de sus defensores una audiencia presencial”, según se consignó en diario El Austral. Además, Calderón enfatizó que la formalización es un “mero trámite”.
El pasado miércoles 8 de julio, el Tribunal de Garantía de Temuco acogió los argumentos de la defensa de Pradenas y rechazó la solicitud de la familia Barra, expresando que para salvaguardar la salud de los funcionarios del Tribunal y los intervinientes del caso, debido a la crisis sanitaria que vive el país, la formalización se realizará de manera virtual el 21 de julio a las 9 de la mañana.
A pesar de las dificultades que ha enfrentado la defensa y la familia de Antonia para esclarecer y hacer justicia por su hija, Alejandro Barra, su padre, es enfático respecto al objetivo que buscarán conseguir en la formalización: Prisión preventiva para Martín Pradenas Durr.
-No es el escenario idóneo la formalización virtual, debido a las importantes pruebas de audio, video y texto, que no causarán la objetiva recepción de quienes expongan (…) Haremos todo un esfuerzo para cumplir ese objetivo y lograr la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Durr-, comentó a este medio el padre de Antonia.
-Estamos expectantes al desarrollo de este caso que ha sido emblemático para todo el país, donde lamentablemente un “suicidio femicida” es prueba de que los mecanismos jurídicos fallaron en el deber de otorgar protección a la integridad física y psíquica de las mujeres, que por la carencia de formación de género de los operadores de justicia, desconfían profundamente del sistema y se ven obligadas a tomar estas decisiones-, agrega Viviana San Martín, directora regional de Abofem Araucanía.
