lunes, julio 15, 2024

Si la justicia no es para todas y todos, no es justicia, es privilegio

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En Chile, aún estamos reservando la justicia sólo a aquel grupo reducido de gente privilegiada que encaja con las ideas hegemónicas del buen ciudadano, y aquello no es justicia, es privilegio.


Esta semana ha sido noticia el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó al Fisco a pagar la suma de $1.000 millones de pesos a la familia de la pareja Luchsinger-Mackay. La razón de dicha indemnización es que, a juicio de nuestro máximo Tribunal, el Estado de Chile habría incumplido sus obligaciones para con la pareja al no haber resguardado por medio de las Fuerzas de Seguridad y Orden el fundo en que vivían en un contexto de alta tensión en la zona por la muerte del comunero Matías Catrileo, incurriendo así en una falta de servicio que volvió al Estado de Chile en responsable de la muerte de ambos luego del ataque incendiario a su hogar, obligándolo a reparar el daño moral sufrido por sus familiares.

Desde luego que esta columna no pretende restar la importancia que debe tener para la familia este importante fallo: no hay dinero que sea capaz de reparar el dolor producido por la muerte de un familiar cercano.

Lo que nos debieses interesar es que centrar la mirada un segundo en todos los otros casos que no son la pareja Luchsinger-Mackay para preguntarnos si acaso nuestro Poder Judicial mira con los mismos ojos situaciones que debiesen recibir el mismo trato. Lamentablemente la respuesta a esa pregunta es no, no lo hace.

Si nos fijamos un segundo en cuanto al monto de la indemnización, con tristeza nos daremos cuenta que la vida de las víctimas de la violencia estatal en dictadura no es valorada con el mismo baremo. Una ex prisionera política y torturada o un familiar de un detenido desaparecido o de un ejecutado político puede, con suerte, aspirar a una reparación que estará 50 veces por debajo de la abultada suma concedida en este caso, sin que nadie se atreva, sin embargo, a cuestionar que las circunstancias sufridas por estas personas iguales o más terribles que las de la familia de la difunta pareja.

La cuestión no mejora en nada si nos fijamos ahora en cuanto al estándar de cuidado que se le ha impuesto al Estado en esta ocasión. Muchos son los fallos en los que se ha sostenido que los familiares de las personas privadas de libertad, que revisten el estatus de personas bajo la custodia del Estado, que mueren a manos de otro recluso o por falta de atención médica no pueden responsabilizar al Estado, puesto que este no podía hacer nada más para evitar que el resultado letal acaeciera. Esto, aún cuando habían denuncias, amenazas, solicitudes de traslado y antecedentes de comorbilidad previos.

Por otro lado, desconozco si algún familiar ha demandado al Estado de Chile por el actuar negligente de Carabineros de Chile al no ejecutar las medidas de protección y cautelares decretadas en casos de violencia intrafamiliar, situación que ha permitido tristemente que muchos de estos acaben con femicidios consumados. Pero de seguro que si las hay, o las hubiera, la respuesta del Poder Judicial sería que no había forma de que el Estado evitara eficazmente su muerte, sin perjuicio de la existencia de amenazas y agresiones, denuncias y medidas de protección y cautelares decretadas y no ejecutadas, todas previas al femicidio.

Es lamentable que un caso en el que una familia logra obtener justicia y reparación por el dolor sufrido nos recuerde que nuestro Poder Judicial carece de perspectivas de clase, de raza y de género que le permitan superar las desigualdades estructurales de la sociedad chilena, para mirar con las anteojeras de la igualdad ante la ley y la universalidad de los Derechos Humanos casos que debiesen recibir el mismo trato.

En Chile, aún estamos reservando la justicia sólo a aquel grupo reducido de gente privilegiada que encaja con las ideas hegemónicas del buen ciudadano, y aquello no es justicia, es privilegio.

Juan A. Mena Valdés
Juan A. Mena Valdés
Abogado U. Chile.

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