La fantasmagoría conservadora de Rodríguez Elizondo

Hace algunas semanas, CNN Chile publicaba una entrevista televisada del periodista Fernando Paulsen a José Rodríguez Elizondo, abogado y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2021), en torno a “las Constituciones en América Latina” y, por consecuencia evidente, sobre la Constitución de nuestro país que se encuentra en la palestra con miras al próximo plebiscito de septiembre.

En dicha nota, llama la atención que el entrevistado utilice una serie de falacias argumentativas para denostar el actual proceso constituyente, con una base teórica muy dudosa. Así, comienza señalando que las constituciones actuales de América Latina se embeben de la figura de Hugo Chávez que, a diferencia de Fidel Castro, “quiso apostar por cambios institucionales”. Sin indagar con mucha profundidad sobre aquello, convenga recordar que las dos últimas constituciones de Cuba se realizaron dentro del marco de la Revolución: 1976 y 2019. La participación popular fue una prioridad para el Gobierno, en ambos casos.

Con posterioridad, Rodríguez Elizondo expone una serie de argumentos sin relación causal ni lógica, como si fueran verdades irrefutables: (1) Señala que la idea de “autonomías”, para el caso indígena proviene de Lenin, omitiendo que marxismo e indigenismo tienen raíces políticas y filosóficas diferentes. (2) Señala que la idea de una Constitución que reconozca a dichas autonomías representa “un peligro para el Estado”; y que “está bien reconocer a los pueblos indígenas, pero que eso no implique una atomización del Estado-nación”.

Ahora bien, en el capítulo 1, artículo 3 de la nueva Constitución, se señala que “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”. Y el artículo 5, inciso 1, a su vez plantea: “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”. Por ello, no tiene lugar ni sentido la preocupación respecto a la posible “atomización del Estado”.

El entendimiento de estos procesos históricos complejos por parte de Elizondo es maniqueo, conservador y busca directamente la desinformación a través del miedo. Claro que en este caso, a diferencia de Patricia Maldonado o Johannes Kaiser, el emisor parafrasea a Mariátegui, Simón Bolívar o Bertolt Brecht, con citas sin ninguna relación con el tema en cuestión (recordemos el recurso llamado “magister dixit” o recurrencia a la supuesta sabiduría del emisor, para darle un aura de solemnidad y veracidad a cualquier extravagancia que se le ocurra sostener). Volviendo a lo señalado anteriormente, la idea de autonomía territorial en el nuevo texto constitucional está siempre subordinada a la idea de “unidad del Estado”. 

Con posterioridad a lo señalado, el entrevistado comienza a dar cátedra de su expertiz en geopolítica. Pero recordemos: la geopolítica es un campo de estudio muy amplio, enseñado tanto en Universidades como en academias militares y heredero, en su variante conservadora, de ciertas tradiciones belicistas del siglo XX. Desde dicha perspectiva clásica o conservadora -que no es la única tradición en geopolítica, por cierto, si recordamos la geopolítica crítica-, Elizondo recurre a la vieja idea castrense de que nuestro país se encuentra amenazado por distintos enemigos: concretamente, Bolivia y Perú. Clásico de esta visión geopolítica conservadora el ver adversarios donde no existen.

Así pues, acá estamos nada más ni nada menos que frente a la exhibición rancia del conservadurismo concertacionista, que busca recuperar algún atisbo de actualidad, dentro de su fosilizada pléyade. Es decir, se propone simple y únicamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, más “las medidas correspondientes de reparación”, pero sin resolver el problema de fondo de la autonomía, la tierra y la soberanía. Esta ha sido la idea de la Concertación durante los últimos 40 años, sin conseguir ni dar respuesta a la necesidad de justicia interétnica dentro del país y causando violencia y exclusión, así como asesinatos de diversos luchadores mapuche y entregando el país a las mineras, forestales y salmoneras, a merced de las comunidades indígenas locales.

Para el sr. Elizondo, quienes él llama una y otra vez como “araucanos” no pueden constituirse en una especie de sujeto histórico o constitucional “de privilegio”. Esto recuerda, entre otros grupos, a la reacción de los blancos sudafricanos afrikáaners que, migrados a Orania (única ciudad enteramente blanca en el país) señalan que “los negros nos quitan los empleos”; “los negros tienen todos los derechos”. La misma idea de Bernardo Fontaine de que los grupos más poderosos del país son ahora las “víctimas” del proceso en curso. Lo que a estas alturas ya es la expresión del pavor de las clases dominantes frente a la irrupción social y política de grupos que ellos mismos han venido pauperizando por décadas.

Una de las fantasías más notables de Elizondo dice relación con que la nueva Constitución podría suponer un espacio propicio para la guerra contra Bolivia. Ante esto, Fernando Paulsen pregunta cómo se puede asegurar algo así. Y el abogado responde que “puede que no pase, pero también puede que pase. Y si no pasa ahora mismo, puede pasar en un tiempo más”. Una aseveración absurda y totalmente indemostrable. O que, al menos, revela una imaginación prodigiosa. La justificación principal de esto es que “Evo Morales ha sido beligerante con Chile”, según el Premio Nacional. Y que “los bolivianos quieren recuperar Arica”, otra afirmación para la que no se dan fuentes. De hecho, no existe autocrítica alguna en el entrevistado sobre cómo la línea comunicacional de los cancilleres de la ex Concertación, especialmente Heraldo Muñoz, contribuyó a agudizar las tensiones con Bolivia. Y que dicha tensión se agudizó dentro de una Constitución autoritaria como la actual, no de una con un carácter social y democrático. 

Por otra parte, tampoco se entiende porqué la próxima Constitución de Chile puede generar dicho problema eventual, si leemos en el artículo 14, incisos 2 y 3, cuando se señala sobre “la importancia de desarrollar relaciones internacionales dentro de un marco de respeto a la paz y al principio de no intervención”. En el caso del inciso 3, se establece abiertamente que “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia; impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas”.

Frente a ello, Elizondo señala que un peligro es que ahora “los indígenas van a poder sostener y desarrollar relaciones internacionales autónomamente”, cuestión a todas luces falsa, desde la perspectiva que confunde autonomías territoriales con Estados-nación y la pluralidad de las primeras como un espacio para la paradiplomacia, algo que no aparece en el texto. Esta es una mentira abierta y descarada, pues implica entender que las autonomías indígenas son en el fondo “distintos pequeños Estados”. En el caso de los maoríes, por ejemplo, la representación política asegurada constitucionalmente no ha implicado que este pueblo busque desarrollar una política comercial o guerra con otras potencias cercanas.

Ante ello, el entrevistado en cuestión da cuenta de una supuesta voluntad de los Presidentes Luis Arce y Pedro Castillo por “recuperar el Tahuantisuyo”, a partir de una supuesta reunión entre ambos, que tampoco se especifica ni contextualiza. Por otra parte, si observamos las estadísticas, en Sudamérica no se registra una guerra interestatal desde el año 1995 (Ecuador-Perú) y esta no surgió por motivos de “cambios en la Constitución” de los países involucrados. De hecho, según el UCDP, Centro de Estudios sueco especializado en estadísticas sobre conflictos armados, las Américas es el territorio más pacífico a nivel mundial, en términos de guerras interestatales.

Lo que no señala nuestro experto en geopolítica es que Chile el año 2009 firmó el Convenio 169 de la OIT, según el cual se promueve la autonomía de los pueblos indígenas y el derecho a consulta sobre lo que ocurre en sus territorios. Lo problemático es que este tratado se firmó y suscribió, pero no ha sido aplicado a la fecha. En ese sentido, si revisamos la información de IGWIA, ONG internacional especializada en pueblos indígenas, veremos que la legislación actual en el país sobre esta materia se encuentra totalmente atrasada a nivel internacional. Por otra parte, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT -bastante cercano en contenido a lo que la nueva Constitución propone- no presupone “fragmentar al país” (¿cómo podría un convenio internacional fomentar la fragmentación de los Estados nacionales?).

Acá cabe realizar una precisión, frente a un término que los impulsores del Rechazo suelen atacar de manera generalizante. Se habla del término “plurinacionalidad”, como si este fuera un concepto unívoco. Como si este principio significara lo mismo en Bolivia, en Rusia o en Ecuador. Lejos de ello, la Constitución que se ha redactado difiere bastante de la boliviana. El principio de unidad del Estado se superpone a las autonomías territoriales y a los territorios especiales, en el caso chileno. 

Todo lo anterior: las aseveraciones sin sustento, mentiras o fantasmagorías (“no tengo evidencia que lo confirme, pero eventualmente podría pasar que…”) evidencian el profundo enclaustramiento de una parte de la élite (académica) nacional, que mira con pavor los mínimos gestos de justicia y dignidad hacia todas y todos quienes han sido marginados por la misma casta neoliberal durante los últimos 40 años, y que para ello inventa una serie de escenarios falsos o escatológicos. El profesor Elizondo, un hombre “culto”, bien hablado, mira a los “araucanos” desde su torre, mientras vaticina guerras y se declara “de izquierda” en la TV, al tiempo que deambula incesantemente por las portadas de El Mercurio y El Líbero con una frecuencia, a lo menos decir, sorprendente.