Ambos representan, a 31 años de acabada la dictadura cívico-militar, ese pesado legado simbólico y político que permanentemente impide avanzar hacia lo que naturalmente aspira cualquier sociedad que quiere despojarse del maltrato como forma de entendimiento entre el poder y el pueblo: una vida humana y digna.
A la Concertación la han dado por muerta tantas veces como a la “vieja Lucía”, apodo con el cual espontánea y despectivamente los chilenos se refieren a la esposa del dictador Augusto Pinochet.
Han entrado una y otra vez a la U.T.I. y vuelven a salir de allí con vida. No es que sea un deporte en nuestro país esto de andar deseándole la muerte a alguien -como si no fuera suficiente el historial de masacres y catástrofes padecidas-, pero hay algo muy profundo que hermana a estos dos personajes de nuestra historia política a la hora del natural e ineludible juicio histórico popular.
Y es que la “vieja Lucía” y la Concertación representan, a 31 años de acabada la dictadura cívico-militar, ese pesado legado simbólico y político que permanentemente impide avanzar hacia lo que naturalmente aspira cualquier sociedad que quiere despojarse del maltrato como forma de entendimiento entre el poder y el pueblo: una vida humana y digna.
De alguna forma, una mayoría de la sociedad chilena observa en la supervivencia de Lucía Hiriart la corporeización de esa burlesca impunidad respecto a las violaciones a los Derechos Humanos que ha teñido la transición chilena con “justicia en la medida de lo posible”, con condenas irrisorias que llegan 30 años después y con cárceles especiales para los criminales de lesa humanidad; pero también con la continuidad de esos rentables privilegios judiciales de los que siguen gozando aquellos que -como la “vieja Lucía” y su familia- participaron del saqueo a Chile mientras estuvieron en el poder.
Y es probablemente en esto último donde más se hermanan la esposa del dictador y la Concertación, sin dejar de lado por supuesto las violaciones a los Derechos Humanos que, guardando las proporciones, han tenido lugar en nuestro país tras la salida de Augusto Pinochet del poder, especialmente en contra del pueblo mapuche. La Concertación se ha esmerado durante tres décadas -¡qué duda cabe!- en mantener y profundizar el modelo económico neoliberal impuesto en Chile a partir de 1973, lo que se ha traducido en una precarización humillante de nuestra cotidianidad, en un abuso sistemático en contra de la población de parte de la élite empresarial y en el fortalecimiento de una justicia llena de privilegios para quienes detentan el poder, convirtiendo a este país en una olla a presión que explotó el 18 de octubre de 2019 de la mano de la rotunda consigna de No son 30 pesos, son 30 años.
A dejar atrás definitivamente este maltratador legado de la dictadura habría apuntado supuestamente la negativa de los candidatos presidenciales Daniel Jadue y Gabriel Boric a incluir en las primarias al PPD y al Partido Radical, por representar -según se desprende de sus palabras- aquello que hoy la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar. Una intención que, no obstante, se ha visto debilitada y ha sido legítimamente cuestionada en las últimas horas debido a que, así como no estuvieron abiertos a unir fuerzas con estas colectividades, sí lo hicieron respecto al Partido Socialista, igualmente responsable de la continuidad de un modelo de desarrollo que ha significado desigualdad y abuso.
Y lo ocurrido en las últimas horas -como la intención del PS de incluir por debajo al PPD en esta alianza, como una suerte de Caballo de Troya de ese desahuciado legado, o el cuoteo de futuros cargos como condición para enfrentar una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años-, no hacen sino darle nuevamente la razón a todos quienes ven en esa forma de hacer política de los partidos una continuidad de la vieja politiquería castigada justamente el pasado fin de semana, ya sea a través de la inclinación de los votantes hacia los sectores que dicen representar al mundo “independiente” o de una alta abstención de un electorado que continúa mirando con desconfianza procesos que son institucionalizados por la élite.
La Concertación y la “vieja Lucía” se niegan a morir como quien se aferra a un pedazo de tabla que en cualquier momento se hundirá en medio de una tormenta en el mar. Y los chilenos -como probablemente no harían con nadie más- no están dispuestos a lanzarles el salvavidas que ahora tienen en sus manos, pues saben que del hundimiento de ellos depende en gran parte su propia dignidad y la de sus seres queridos.
