La bioética de los derechos fundamentales hacia los derechos sexuales y reproductivos

Durante las últimas semanas se ha instalado en la Convención Constitucional la discusión sobre la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos entre los derechos fundamentales de la nueva Constitución, considerando entre estos el acceso a Educación Sexual Integral, la atención de salud sexual y reproductiva (incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo) y su protección en las políticas públicas en salud y otras áreas.

La bioética es la ciencia que analiza desde la ética las atenciones de salud, los avances tecnológicos y, en una visión más amplia, la relación entre las personas y el resto de los seres vivos y el medio ambiente que habitamos. La bioética se basa en cuatro principios elementales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

La autonomía es el respeto a la capacidad de decisión de las demás personas en base a sus valores y creencias. Nace de la noción de que los seres humanos tenemos racionalidad y, por ello, podemos tomar decisiones reflexivas.

En el caso de la autonomía sexual y reproductiva, esta hace referencia a tener libertad sobre las decisiones que conciernen a nuestros cuerpos y reproducción como parte de nuestra capacidad de autodeterminación. Esa noción implica también aceptar que cada mujer puede definir lo que es más coherente con sus proyectos, deseos, responsabilidades, etcétera. Se desprende de este principio que cada persona tiene el derecho a determinar si quiere o no tener hijos, cuándo, cuántos y también la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado como parte de lo anterior.

El principio de beneficencia se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares; en otras palabras, obrar en función del mayor beneficio posible para las personas y la no maleficencia en el deber de no hacer daño. Los preceptos morales provenientes de la no maleficencia son: no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni causar discapacidad evitables. Tras el análisis de estos, es evidente que impedir que una persona acceda a métodos anticonceptivos, a tratamientos de fertilidad, a educación sexual, a tratamiento de infecciones de transmisión sexual y a la interrupción del embarazo, los contraviene, generando daño y sufrimiento físico, psíquico y social.

Es necesario que consideremos que obligar a una mujer a cursar un embarazo no deseado implica hacerle daño, ya que la expone a riesgos físicos inherentes al embarazo, especialmente si ella tiene patologías de base; y, además, a riesgo de patologías de salud mental secundarias al embarazo no deseado, a que sufra o que se perpetúen situaciones de violencia, y a mayor vulnerabilidad económica.

El principio de justicia nos obliga a tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad social, cultural y económica, entre otras. La justicia reproductiva es una estrategia positiva que enlaza la sexualidad, la salud y los derechos humanos con los movimientos de justicia social, al poner en la discusión el aborto y los temas de la salud reproductiva en un contexto más amplio del bienestar y la salud de las mujeres, las familias y las comunidades. Esta postula que la habilidad de cualquier mujer de determinar su propio destino reproductivo está directamente ligada a las condiciones en su comunidad, por lo tanto, no es sólo un asunto de elección y acceso individual, sino que colectivo.

La penalización del aborto, la falta de acceso a métodos anticonceptivos (incluyendo las múltiples fallas que han ocurrido en Chile) y a Educación Sexual Integral, afecta principalmente a grupos sociales históricamente excluidos y marginados, generando un círculo vicioso que expone a violencia sexual, embarazos adolescentes, embarazos no deseados, abortos inseguros y mayor empobrecimiento de las mujeres. Mientras, en los estratos sociales más altos éstas tienen más opciones de acceder a información, métodos anticonceptivos de calidad y abortos seguros (de manera clandestina en Chile o viajando a países donde no está penalizado).

Creemos que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto crear condiciones que permitan a todas las personas, especialmente a las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas, ejercer con libertad su derecho a elegir un proyecto de vida, contando con todas las herramientas para poder decidir sobre sus cuerpos y sus futuros.

Es en este contexto en que la posibilidad de una nueva Constitución más inclusiva, paritaria y equitativa, abre las puertas para que los derechos sexuales y los derechos reproductivos estén consignados para todos quienes habitamos el territorio, como los derechos fundamentales que son. Y para que así, a diferencia de lo que actualmente ocurre, quienes trabajamos en el sistema público de salud podamos realmente garantizar estos derechos a todas las personas y trabajar por que se respeten en niñas, adolescentes, mujeres y en todas las personas que han sido desplazadas de la toma de decisiones por años en este país.

*Romina Suárez es médica ginecoobstetra e integrante de la Red Chilena de Profesionales, organización parte de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.