Tanto como la constitución de Jaime Guzmán genera una institucionalidad anti-mayoritaria en Chile, el reglamento del Senado estadounidense bloquea la voluntad popular. Esa institución tiene 100 escaños – dos por cada estado – sobre-representando las zonas rurales conservadores en desmedro a las grandes urbes más progresistas (580 mil ultraconservadores de Wyoming tienen el mismo peso electoral que 40 millones de liberales-progresistas en California). Con un sistema electoral así de sesgado el senado suele ser un obstáculo conservador.
Con cada día que pasa la administración de Biden se parece más al gobierno de la Nueva Mayoría (NM). Al fin y al cabo, la NM fue bastante más anti-neoliberal que la Concertación. La Concertación gobernaba desde la estrechez de la ‘democracia de los acuerdos’ y, para proteger la mítica ‘moderación’, su último ministro de Hacienda Andrés Velasco desplegó todas sus fuerzas para bloquear la propuesta de subir los impuestos.
A la Nueva Mayoría le llovieron críticas de Velasco porque sí hizo una reforma tributaria para bajar la desigualdad. En evidente contraste con la Concertación, su fracaso no fue por la falta de ambición de su programa sino por su incapacidad de llevarlo a cabo. A pesar de incluir al Partido Comunista en la coalición, la NM mantuvo una práctica política basada en negociaciones cupulares, excluyendo a los movimientos sociales. Entonces se quedó sin defensas frente a la embestida opositora que ocupó la institucionalidad anti-mayoritaria (sobre todo el Tribunal Constitucional) para bloquear sus propuestas. Parece que algo similar pasará con Biden.
Biden ya está gobernando desde una posición más anti-neoliberal que Obama. Obama quería gobernar de forma ‘bipartidista’ gastando muchas fuerzas infructíferas tratando de ganar votos republicanos en el congreso. Para proteger la mítica ‘moderación’ su primer director del Consejo Económico Nacional Larry Summers desplegó todas sus fuerzas para bloquear la propuesta de un rescate financiero más grande para llegar al pleno empleo.
A Biden le han llovido críticas de Summers porque ha dicho que no va a reducir el tamaño de su estímulo fiscal hasta que el mercado laboral llegue a la normalidad. En evidente contraste con la administración de Obama, los problemas de Biden no tienen que ver con la falta de ambición de su programa sino su incapacidad de seguir una estrategia capaz de llevarlo a cabo. A pesar de tener a Bernie Sanders como presidente de la comisión de presupuesto, Biden ha insistido en una estrategia política basada en negociaciones cupulares tradicionales y entonces se está quedando entrampado en la institucionalidad anti-mayoritaria (sobre todo del Senado).
Tanto como la constitución de Guzmán genera una institucionalidad anti-mayoritaria en Chile, el reglamento del Senado estadounidense bloquea la voluntad popular. Esa institución tiene 100 escaños – dos por cada estado – sobre-representando las zonas rurales conservadores en desmedro a las grandes urbes más progresistas (580 mil ultraconservadores de Wyoming tienen el mismo peso electoral que 40 millones de liberales-progresistas en California). Con un sistema electoral así de sesgado el senado suele ser un obstáculo conservador.
Así, pese a la desastrosa presidencia de Trump, hay un empate en la cámara alta (50 escaños para cada partido). Técnicamente la vicepresidenta tiene el voto dirimente y entonces los demócratas podrían legislar con ese nivel de apoyo. Sin embargo, el senado no impone límites de tiempo para sus debates y un senador podría seguir hablando infinitamente, evitando que se llegara a votar – una técnica conocida como el ‘filibustero’. Para cerrar el debate se necesita 60 votos (tres quintos). Entonces entre el sistema electoral no-proporcional y este quórum súper-mayoritario el senado vuelve un ‘cerrojo’ guzmaniano.
Si Biden espera cumplir con sus promesas de campaña – en vez de terminar como la Nueva Mayoría – tiene que buscar una forma de superar este cerrojo reglamentario. Lo más obvio sería usar la ‘reconciliación presupuestaria’ que permite pasar algunas leyes con un quórum de 50+1. Así Trump hizo su contra-reforma tributaria (bajando los impuestos para los súper ricos) y cosa que también hizo George Bush hijo en su momento.
Bernie Sanders ha dicho que “los republicanos usaron la reconciliación para darle un regalo tributario a los multimillonarios y ahora nos quieren criticar por usarla para darle a comer a niños pobres”. Esta cuña resume la actitud de Biden, quien no quiere repetir los errores de Obama y por ende no va a moderar su propuesta para conseguir votos republicanos sino que va a usar la reconciliación. Pero tanto como la Nueva Mayoría empezó fuerte, tratando de no caer en los errores de la concertación, para luego verse entrampada por la institucionalidad, Biden está encontrando problemas con el uso de la reconciliación.
El gran problema es que la reconciliación presupuestaria solo se puede usar para políticas que afectan el presupuesto. La ‘regla de Byrd’ establece cuáles leyes están dentro de esta rúbrica y un funcionario independiente está cargo de interpretarla. En este caso la ‘Parlamentaria’ del senado Elizabeth MacDonough dictaminó que el aumento al salario mínimo federal, que es una parte esencial del estímulo fiscal de Biden, no puede ser votado dentro del paquete de reconciliación presupuestaria. Si no se revierte esta decisión entonces el salario mínimo quedará para una ley aparte que se tendría que votar con el quórum de tres quintos – o sea, sin ninguna posibilidad de ser promulgado. Pero el dictamen de la Parlamentaria no es vinculante – como dijo Robert Dove (un Parlamentario anterior): “la decisión final es de la vicepresidenta. La Parlamentaria le aconseja pero ella dicta el fallo final”. Si la vicepresidenta decide poner el salario mínimo dentro del paquete presupuestario revertir su decisión también necesitaría tres quintos – o sea, sin ninguna posibilidad de ser rechazado.
Entonces, la vicepresidenta Kamala Harris tiene la facultad de ignorar la opinión de Parlamentaria MacDonough. Esto ha ocurrido en otras ocasiones (1967, 1969 y 1975) y en 2001 el gobierno republicano hasta despidió al parlamentario después de que emitió dos opiniones contra sus proyectos. Ésta es la ruta indicada por la carta pública firmada por 23 representante demócratas, incluyendo Alexandria Ocasio-Cortez.
También es la indicada por Sanders cuando dice que “es absurdo que un alto funcionario del senado decide si 30 millones de estadounidenses tendrán o no un aumento de sueldo – esas decisiones las tienen que tomar personas democráticamente elegidas”. Pero Ronald Klain, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Jennifer Psaki, la vocera de Biden, han dicho explícitamente que la administración no está disputes a ir en contra de la decisión de la Parlamentaria. Lamentablemente, la administración de Biden parece encaminado a repetir la triste historia de la NM, naufragando contra las rocas de una institucionalidad que no se atrevan a tensionar.
Según los centristas demócratas hay que respetar las reglas anti-mayoritarias para evitar que los republicanos las pasen a llevar la próxima vez que ellos tengan el poder. Este argumento tiene dos grandes falencias. Primero, el partido republicano actual no respete ninguna regla y siempre se aprovecha de sus mayorías para ganar terreno. En 2017 fueron los republicanos los que bajaron el quórum de 60 votos para confirmar jueces de la corte suprema a una mayoría simple y así Trump logró nombrar a tantos.
¿Quién podría esperar que no harían lo mismo con el proceso de reconciliación si les conviene? La mayoría de los representantes de este partido justifican la insurrección en el Capitolio así que sería demasiado ingenuo confiar en su ‘respeto a las reglas’. La segunda falencia del argumento de estos nuevamayoristas estadounidenses es que superando la regla anti-mayoritaria del senado también podrían pasar leyes que eliminan las reglas anti-mayoritarias del sistema electoral, y entonces el riesgo de una futura mayoría republicana bajaría mucho.
Este segundo punto es lo medular – un gobierno verdaderamente anti-neoliberal debe pensar en cómo hacer cambios institucionales democratizadores para poder superar el modelo a largo plazo. La NM se negó a emitir un decreto presidencial para convocar un plebiscito sobre la Asamblea Constituyente (AC), tal como propuso en su momento Fernando Atria. La AC es el mejor ejemplo de un cambio institucional democratizador y la decisión de Bachelet de desechar la propuesta de Atria torpedeó todo el proyecto anti-neoliberal de la NM. Este fracaso de la centro-izquierda explica el posterior estallido contra toda la clase política y la conquista de la AC (Convención Constitucional en el lenguaje oficialista) mediante movilizaciones sociales masivas.
En el caso estadounidense ya hay dos leyes de transformación institucional que democratizarían a EEUU de la misma forma que la AC en Chile. Son la FTPA (“For the People Act”) y la PROA (“Protecting the Right to Organize Act”) y si Biden no las empuja estaremos frente al mismo escenario que el de la NM .
La FTPA maximizaría la participación electoral eliminando los requisitos de identificación más engorrosos para los votantes, establecido la registración automática, controles sobre el redistritaje contra-mayoritario y mecanismos para reducir el poder del dinero en las campañas (subsidiando las donaciones pequeñas). La PROA aumentaría las categorías de trabajadores que pueden sindicalizarse – como los Uber – y multaría a empresas con políticas anti-sindicales.
Cuando los trabajadores son parte de un sindicato la probabilidad de que votan se dispara así que juntos la FTPA y la PROA aumentarán enormemente la participación electoral. Con mayor participación electoral los demócratas tienen mayorías electorales casi asegurados (los no-votantes son los más pobres y son abrumadoramente más demócratas). Pero para pasar estas leyes Biden tendría que eliminar el filibustero (ya fueron aprobadas en la cámara pero no conseguirán tres-quintos del senado ni pueden pasar por reconciliación porque no son presupuestarias).
Biden podría decidir eliminar el filibustero con una mayoría simple mediante la famosa ‘opción nuclear’ (lo que los republicanos hicieron en 2017 para bajar el quórum para nombrar jueces). Senadores demócratas “moderados” como Joe Manchin se opondrían pero hay formas de ganar su apoyo. Manchin representa el estado de Virginia Occidental que es una zona de sacrifico donde una ley de 1870 permitió la venta privada del subsuelo. Así, la gran minería extractivista sacó gran parte del carbón del estado, alimentando la revolución industrial y haciendo grandes fortunas fuera de sus fronteras. Financiar enormes gastos federales para la reconversión productiva verde de la zona tiene sentido económico y social, además de ser el ‘soborno’ político perfecto para tener el voto de Manchin para la democratización de EEUU. Con su apoyo, la FTPA y la PRO asegurarían mayorías electorales sólidas para un futuro gobierno anti-neoliberal. Biden podría hacerlo pero, como la NM, parece que no se atreve.
