El Fallido Plan B

No pueden garantizar nada. Son los firmantes de la carta los que han gobernado el partido durante la última década. En ellos recae la responsabilidad política ―que, por lo demás admiten como «fallas y omisiones en que hemos incurrido las élites políticas» y en el mea culpa «conscientes de los errores cometidos»― de haber desarmado la base ideológica y doctrinaria de una organización que al decir de Huneeus se preciaba de ser un partido institucionalizado, de la pérdida de presencia parlamentaria, de carecer de absoluta injerencia en la Convención, y de haber desaparecido del mundo social.

En vísperas de la junta nacional que deberá realizarse el 16 de julio, nueve expresidentes de la Democracia Cristiana hicieron pública una carta exhortando la libertad de acción para divulgar los votos de Apruebo y de Rechazo, y agregando que la franquicia debería extenderse a todos los órganos de decisión internos, en clara alusión a la JDC y al Frente Feminista, que ya han resuelto votar Apruebo. 

Firman la carta exdirigentes refractarios al proceso constituyente y que esperan que la dispensa les permita promover sus opiniones e influir en el plebiscito de salida. El embajador Frei que sin dar razones avisó a la Convención que no concurriría a la Ceremonia. También Goic, Krauss, Foxley y Walker, que militan en Amarillos Por Chile y han sido públicos partidarios de un Plan B. El convencional Chahin, que es una voluntad disidente solitaria, no sólo respecto de su partido, sino de sus propios referentes en la Convención. Y Hormazábal, un crítico apocalíptico del texto, especialmente de los pueblos originarios en cuyo reconocimiento ve el rompimiento de Chile ―«se construye un Chile desconocido que convierte al país en un archipiélago de autonomías con una clase especial: las etnias originarias», ha escrito― y la defensa de privilegios.

Sin embargo, lo más importante de la misiva de los expresidentes es la acreditación del fracaso del Plan B que venía propugnando, principalmente, Ignacio Walker. Pérdida que asumen explícitamente los antiguos personeros cuando resignados señalan que «nos habría gustado una posición fundada, clara y propositiva, pero, la forma establecida, en torno a una elección binaria, de dos opciones, Apruebo o Rechazo, no nos permite matices ni cambios.» Y, claro, lo ideal habría sido la pregunta que instaló Izikson en la encuesta Cadem sobre una tercera vía que propusiera una nueva Constitución.

Los orígenes del Plan

¿Quiénes fueron los primeros en anunciar un Plan B?

Fueron quienes quedaron insatisfechos con la elección de convencionales ocurrida hace un año, y empezaron a sembrar dudas sobre el texto que estaba elaborando la Convención. Fijaron su posición aún antes de que se propusiera un solo artículo de la futura carta. ¿Por qué pensaron en un Plan B, si nadie había definido un Plan A? Lo pensaron como reflejo condicionado por una experiencia aprendida en 1989 y confirmada en 2005.

Después del triunfo del NO de 1988 ―algo inesperado para vencedores y vencidos―, hubo que arribar a acuerdos de reforma constitucional con quienes detentaban el poder de la dictadura. Esas negociaciones fueron el comienzo de la vía transaccional a la democracia tutelada y semi-soberana que sobrevino. Un Plan B que siete millones de ciudadanos convocados por líderes como Aylwin y Lagos, se movilizaron para sacramentar en las urnas, pero cuyo propósito fue mantener vigente la Constitución del 80, porque tenían el poder para mantener la Constitución del 80. Algunos censuran a quienes apoyaron esa salida y siguen siendo críticos de la Constitución de Pinochet. Lo consideran una contradicción porque entienden que el plebiscito del 30 de julio de 1989 dotó de legitimidad de origen a la institucionalidad autoritaria.

Por eso, también hablan de la Constitución de Lagos, y no de la del 80 o del 89. Y es que el año 2005, firma sobre firma, otro Plan B vino a declarar la extinción de normas transicionales tales como el fin de los senadores designados y vitalicios, que, sin embargo, participaron en la redacción y aprobación de la reforma pactada en la Cámara Alta. Fue así como prevaleció la poción mágica de la derecha, el quórum de un tercio del sistema binominal que les aseguraba ser mayoría en las asambleas deliberantes, y que recién vino a ser suprimido en 2015, más exactamente en 2018.

El Plan B del que se habla ahora, siempre ha sido y será una bisagra que permita a los gestores de la Constitución de la dictadura, negociar el estatus de su poder e influencia en los emergentes escenarios políticos. La figura de un Plan B torna necesaria la presencia de negociadores que se entiendan y se comprometan con los artífices de la actual Constitución, y éstos no pueden ser sino los actores y herederos del 89 y del 2005, cuyo perfil biográfico más nítido lo ofrece Amarillos por Chile.

El caso es que esta vez no funcionó un Plan B alternativo al itinerario constituyente inaugurado en 2019, como sí operó con éxito en 1989, durante las negociaciones Cáceres-Aylwin, porque el gobierno de Pinochet no esperaba perder el Plebiscito del 5 de octubre de 1988 ni enmendar su Constitución; y en 2005, para los acuerdos Lagos-Romero, porque se agotaban las instituciones transitorias de la Constitución del 80 que permitían a la derecha el control político, y resultaba urgente prolongar la democracia de los consensos.

Con todo, en la misma coartada de los expresidentes está también su talón de Aquiles. En 1980 también hubo dos opciones y, no obstante, el presidente Eduardo Frei Montalva, quien encarnaba la voz de la oposición, no tomó la palabra en el Caupolicán para invocar la libertad de acción, sino para convocar al país a una Asamblea Constituyente. También en 1988 hubo dos opciones, y el llamado de la Concertación de Partidos por el No fue a votar en contra de prorrogar la permanencia de Pinochet en el poder. Y en 1989, no hubo borradores, ni debates territoriales, ni críticas a los convencionales que, a la sazón, eran los propios negociadores. La ciudadanía entendió que había que concurrir a votar para acabar con la dictadura, porque confiaba en los mensajes de los líderes políticos, religiosos y sociales, y no porque creyera que así debía ser la transición democrática. El dolor y el sufrimiento padecidos por el pueblo, exigía ponerle fin a ese estado de cosas, más allá de los “matices y cambios”.

Boric inspira a Maritain

¿Por qué los expresidentes defienden la coexistencia de dos acciones políticas diametralmente opuestas y simultáneas dentro del partido? Porque la consideran legítima, como quien vota en conciencia en el Congreso a favor de la supresión de la pena de muerte o de la eutanasia. Algo legítimo es algo justo, razonable, verdadero o legal. Apelan para ello, no a Maritain, no a El Hombre y el Estado, sino a la iluminadora reflexión del presidente Gabriel Boric, que ha señalado que ambas opciones son legítimas. Su autoridad es la palabra de Boric. ¿Qué esperaban que dijera Boric? Es el presidente de todos los chilenos y son las reglas del juego que gobiernan a todos los chilenos. Como tal debe dar garantías a todos, desde putinistas hasta ultramontanos republicanos. Luego, lo que es legítimo para Boric, y para la sociedad en su conjunto, no necesariamente lo es ―y no lo es en esta ocasión― para la Democracia Cristiana.

La Democracia Cristiana es un partido político, una asociación libre de personas que coinciden en una declaración de principios, unos estatutos y unos órganos de deliberación, de ejecución y de justicia. Adhiere a unos principios que son la dignidad esencial de la persona y de sus derechos. A unos valores de justicia, de solidaridad, de libertad, de paz y tolerancia. En virtud de todo esto comparte una noción de la sociedad, el Estado, las comunidades, la naturaleza y la democracia. Y su deber es ofrecerle al país su proyecto social, que empieza por la Constitución Política. No es legítimo, porque entrañan proyectos sociales distintos, la voluntad de perpetuar la Constitución del 80, que es lo que confirma el voto de Rechazo, y al mismo tiempo y junto a la decisión de remplazarla por la nueva Constitución, que es lo que significa el voto de Apruebo, en una colectividad que está llamada a zanjar esta disputa.

Y no es legítimo porque la controversia sigue cruda y lacerante. No por nada, expresamente, la carta de los expresidentes diluye el reconocimiento de los pueblos originarios, realzado por la Convención en la figura de un Estado plurinacional, en el neoercillano poema de «un proyecto de país que nos garantice un presente y futuro en que nuestros pueblos originarios y las corrientes migratorias que le han dado forma a nuestro querido país encuentren un marco común…» Otros, en la vereda opuesta, seguirán profundizando lo que hace nueve años escribieron en el programa de Orrego: «La propuesta fundamental que estamos haciendo hoy, ya no es solamente que Chile reconozca a los pueblos originarios, sino que Chile tiene que reconocerse como un Estado Plurinacional y pasar del tratamiento sectorial de la temática de pueblos indígenas a uno de carácter nacional, para lo cual proponemos la creación del ministerio de Pueblos Indígenas y Asuntos Interculturales, que permita tener una visión integral tanto política, económica, cultural y educacional de toda la temática indígena».

Un acta de disolución

La libertad de acción entraña la renuncia a la función esencial del partido, que es la organización de los intereses generales de la sociedad chilena. Es la abstención moral respecto de los principios, valores y fines de la acción política. Es el abandono de la misión para la cual han sido convocados los militantes, adherentes y ciudadanos. Es convertir a la comunidad de personas libres en un campo de fuerzas, en un cuadrilátero de disputa, donde sin miramientos por la camaradería, se confrontarán lo mismo las fuerzas brutas del Apruebo como la competencia salvaje del Rechazo. Se trata de un escenario auto flagelante y autodestructivo que la Democracia Cristiana no se merece. Por eso, es ilegítima la libertad de acción. Sería más legítimo que triunfara el Rechazo, y que quienes creen que lo mejor para Chile es el voto de Apruebo, se limitaran a su libertad de conciencia en la cámara secreta, o renunciaran al partido para promover y difundir su opción. 

Sin embargo, los expresidentes prometen que la libertad de acción aplacará las tensiones y permitirá resolver los conflictos dentro de tres años. La pregunta que surge entonces es ¿cómo se cumplirá esta promesa? La Democracia Cristiana hoy es un espejo trizado, algo que no ignoran quienes piden libertad de acción para, a lo menos, satisfacer la expectativa de una ruptura pactada.

No pueden garantizar nada. Son los firmantes de la carta los que han gobernado el partido durante la última década. En ellos recae la responsabilidad política ―que, por lo demás admiten como «fallas y omisiones en que hemos incurrido las élites políticas» y en el mea culpa «conscientes de los errores cometidos»― de haber desarmado la base ideológica y doctrinaria de una organización que al decir de Huneeus se preciaba de ser un partido institucionalizado, de la pérdida de presencia parlamentaria, de carecer de absoluta injerencia en la Convención, y de haber desaparecido del mundo social. Mas, son los expresidentes quienes escriben en su carta que «la propuesta de la Convención Constitucional requiere un estudio profundo y riguroso». Deberían preguntarse cuándo perdió el partido esas capacidades de análisis y elaboración. ¿En la administración de Latorre, que debió haber realizado el Sexto Congreso, o en la de Chahin, que limitó su gestión a su pura planificación?

Esto nos recuerda las lecciones del profesor Mario Fernández, que para rebatir el texto de la Convención sostenía que el presidencialismo chileno no tenía acreditación empírica, es decir, que era un mito, desconociendo con ello todos los antecedentes que los Congresos de la Democracia Cristiana tuvieron a la vista para propugnar el tránsito hacia un régimen semi-presidencial o semi-parlamentario.

La libertad de acción es un acta de disolución del Partido Demócrata Cristiano. Es el costo que deberían pagar los democratacristianos para satisfacer las necesidades políticas de sobrevivencia de quienes coinciden con la derecha en los fundamentos del voto de Rechazo. El partido tiene el deber de defender su memoria y su identidad.

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