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Opinión

15 de julio

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El 15 de julio fue un fenómeno significativo. Una serendipia que sin proponérselo corrió la cortina del escenario futuro. La que adviene será una lucha dura y prolongada, semejante a la que realmente fue la movilización popular y la organización política emprendidas para derribar a la dictadura, y para impedir lo que sobrevino durante los años de la tutela militar y de la persistente intervención de los poderes fácticos que acompañaron a la transición política del siglo pasado. ¿Qué juega a favor de las fuerzas democráticas que ahora bregan por una nueva Constitución y por un nuevo modelo de desarrollo?

El 15 de julio parece ser la réplica del seísmo del 18 de octubre. En el Parlamento se halla su epicentro, pero son las fracturas de una sociedad en profundo malestar e inhabilitada por la pandemia y el confinamiento a manifestarse, las que provocan estas convulsiones. La reiterada mayoría calificada de 95 votos a favor del retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales, es prueba, literalmente democrática, representativa y popular, de ello.

El estado de la opinión que captan las encuestadoras revela que este es un momento candente para el país, como que el canal de televisión de la Cámara de Diputados y los sitios de las AFPs excedieron sus visitas mientras que la Bolsa de Santiago se desplomó mágicamente. Activa Research confirma que ocho de cada diez personas consultadas encuentran bueno hacer uso de su patrimonio y, la mayoría, prefiere esto al bono de 500 mil pesos que ha ofrecido el Ejecutivo en un segundo paquete de medidas.

La grieta se abre y profundiza a lo largo de las posiciones de poder e influencia. Ministros y subsecretarios de la ex Nueva Mayoría toman partido por Piñera y por este capitel del modelo económico que es el sistema forzado de cotización individual. De hecho, se oponen a la creación del Fondo Solidario propuesto para reponer los aproximadamente 15 mil millones de dólares que los apremiados cotizantes retirarían de sus ahorros si se dicta la ley. Aducen que esto es una reforma al sistema previsional, y no una medida para la emergencia. Sabemos que también lo es, porque nadie se ha comprometido a que no lo sea. La pugna constitucional está abierta, y es lo que se zanjará en el Senado, cuando el propio Ejecutivo proponga una enmienda estructural, que hasta ahora había resistido, al régimen de pensiones. De modo que con esta nueva actitud, probablemente el debate se prolongará más de lo imaginado.

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La UDI, que ha visto seriamente dañada la autoridad de su directiva y de su comisión política por la indisciplina de cinco de sus diputados, procura dar una señal inequívoca a los senadores gremialistas pidiendo al Tribunal Supremo las máximas sanciones para los díscolos, cuando resulta evidente la emergencia de una nueva configuración de fuerzas y de oposiciones que torna inútiles tales coacciones. A la otra orilla de la brecha, al revés de lo que ocurre en la derecha, la conversión de Pablo de Tarso camino a Damasco ha iluminado los espíritus de varios parlamentarios no oficialistas que se han pasado al bando del progresismo en un sublime acto de versatilidad y destreza. Hoy son los principales adalides de la centroizquierda para bien de la propia unidad interna de sus bancadas.

El deslucimiento de la derecha

La derrota política de la derecha es reflejo de su derrota ideológica, la que, a su vez, deriva de la ausencia de una teoría comprensiva de la crisis neoliberal. Ícono de esta pérdida de orientación intelectual es la opinión de Bernardo Fontaine, economista y empresario, cuyo balance es una fórmula tan disparatada e incontrovertible como la de los planicistas. Dice que «acá primó el populismo. Esto es el mayor intento de cohecho de los 30 años de democracia. Los diputados que aprobaron nos regalarán nuestros propios ahorros para la vejez para que votemos por ellos en las próximas elecciones, en circunstancias que siempre es mejor que el Estado ayude a los muchos chilenos que están sufriendo penurias económicas y no que ellos gasten sus ahorros para la vejez».

¿Cómo se puede abordar una imputación así? Solo ignorándola.

La gran coalición llama el analista Héctor Soto al acuerdo de la Cámara de Diputados. Es de consulta en Wikipedia que una coalición se constituye entre partidos de distintas ideologías para gobernar. En este caso, sería una alianza para suceder a Piñera tras su capitulación, algo que Pablo Ortúzar intuye y que la realidad aún no ratifica. Pero Soto escribe que «una coalición grande, expandida, reforzada, entusiasta y que fue imparable. Incluyó desde gente con profundos principios antiestablishment (enemigos jurados del sistema privado de pensiones, que vieron aquí una ocasión inmejorable para golpearlo) hasta opositores que están dispuestos a cualquier cosa con tal de infligirle una derrota tras otra a La Moneda; desde políticos de corazón sangrante y genuinamente condolidos con las pellejerías de la clase media (como si no hubiera mecanismos más efectivos y sensatos para ayudarla) hasta diputados taimados o resentidos por agravios pasados y que tenían cuentas pendientes con La Moneda; desde parlamentarios sin mucha estructura interior que miraron las encuesta y decidieron unirse a la manada (encuestas pacotilleras, por lo demás, porque no se necesita un sondeo para saber que la gente, entre que le den y no le den, siempre preferirá la plata), hasta apocalípticos que, asqueados por el Nuevo Chile, lo único que buscan es que reviente todo y el país se vaya al carajo cuanto antes. Cada uno de esos grupos es cosa seria. Juntos fueron imbatibles.»

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Francamente, el escrito bien da para un capítulo del Psicoanálisis de Chile Contemporáneo en los tiempos de la Covid-19, Confinamiento y Política, cuya autoría adjudicaría a León Cohen, que bastante sabe del asunto.

Finalmente, otra pieza notable para eruditos del desencanto liberal es la columna El climax, del sociólogo Max Colodro. «Esta vez lo políticamente correcto —censura el autor― era poner el costo de la crisis sobre los hombros de la gente y sus futuras pensiones. Ojalá horadar en el camino al mercado de capitales, como se ha estado haciendo en el último tiempo con la Constitución, el Estado de derecho y la confianza en las instituciones; sin importar los efectos que esto tenga en la reactivación económica, se usó la desesperación de la gente para incentivarla a deteriorar sus ahorros previsionales. Todo, como parte de un clímax de descomposición e irresponsabilidad inédito, donde como siempre la cuenta no será pagada por quienes toman las decisiones.»

Para ser justos con los parlamentarios que apoyaron el proyecto, este contemplaba la recuperación de los ahorros a través de un fondo solidario, que fue precisamente suprimido por los partidarios del gobierno. Tampoco procede responsabilizarlos de los efectos inocuos de sus iniciativas sobre la estabilidad económica, cuando han sido ellos los que han propuesto el actual Plan de Emergencia para sortear la catástrofe agudizada por la gestión pública de la propia administración. Pero, la muy importante e injustificada omisión de Colodro a la hora de juzgar al Parlamento, es un principio básico de ciencia política: quien tiene poder es responsable; quien gobierna es el principal responsable.

Serendipia, un presagio de las luchas que vienen

El presidente del Servicio Electoral cree que el plebiscito de octubre se realizará, y que millones de chilenos y chilenas interrumpirán su confinamiento para volver a las urnas. Lo que sucederá después no será, sin embargo, un triunfo con lápiz y papel, como ciertos publicistas suelen reducir la gesta del No del 5 de octubre de 1988.

El 15 de julio fue un fenómeno significativo. Una serendipia que sin proponérselo corrió la cortina del escenario futuro. La que adviene será una lucha dura y prolongada, semejante a la que realmente fue la movilización popular y la organización política emprendidas para derribar a la dictadura, y para impedir lo que sobrevino durante los años de la tutela militar y de la persistente intervención de los poderes fácticos que acompañaron a la transición política del siglo pasado.

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¿Qué juega a favor de las fuerzas democráticas que ahora bregan por una nueva Constitución y por un nuevo modelo de desarrollo?

De entrada, un conjunto de recursos institucionales, como el Congreso Nacional, la fragua donde acrisolan los consensos de corto, mediano y largo plazo, y donde están representadas casi todas las sensibilidades de nuestra cultura política, y casi todas participan en los diálogos de la clase dirigente puesto que algunas se excluyen o son excluidas, como es el caso del Partido Comunista, que no concurrió al acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019.

En los años ochenta, cuando las facultades legislativas estaban radicadas en los comandantes en jefe de las FF.AA. y en el director general de Carabineros, quienes intervenían en las negociaciones en representación del Gobierno eran el ministro del Interior y, por la disidencia, las directivas de algunas colectividades políticas ilegales, pero reconocidas como interlocutores válidos. El poder lo detentaba el general Augusto Pinochet, que podía desautorizar y remover a sus colaboradores de manera omnímoda, como lo hizo con el canciller Hernán Cubillos y con el ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa.

A diferencia suya, que fue un dictador, el presidente Piñera es un mandatario quebradizo. Mañalich se elongaba colmando su investidura, y los buenos oficios de Larroulet lo han dejado expuesto ante los suyos más de lo debido, considerando que el militante de la UDI es el jefe de asesores de la Presidencia a quien se le imputa digitar operaciones políticas. Ello explica una popularidad del presidente ―alrededor del 15 por ciento de aprobación— proporcional al escaso ascendiente sobre Chile Vamos, el conglomerado que lo llevó a La Moneda.

La «civilidad posestallido»

Hoy existen partidos y movimientos sociales organizados. Colectividades políticas que empiezan a conectar con las expectativas del país, pero que, al mismo tiempo, experimentan un proceso de fragmentación y de recomposición, como UNIR, que se desprendió del Partido Socialista para integrarse al Frente Amplio, lo que es de esperar que ocurra también en la centroderecha. La UDI será más Partido Republicano y Renovación Nacional, más Democracia Cristiana.

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En el campo social, están las históricas organizaciones de trabajadores del sector público, de la salud y la educación. Desde luego, la CUT y la ANEF, que, sin embargo, en la actual crisis social, donde ya suma sobre un millón el número de hombres y mujeres cesantes, y se calcula que el desempleo podría llegar al 27 por ciento de la fuerza de trabajo, no han tenido el protagonismo que tuvo el Comando Nacional de Trabajadores, ni la amplia convocatoria concitada por las protestas nacionales que siguieron a la depresión económica de los ochenta. Por lo pronto, no se les ha escuchado en la tensión que cruza a la opinión pública, a propósito del retiro del diez por ciento de los ahorros previsionales, excepción hecha de la Unión Portuaria Centro de Chile, que paralizó sus actividades laborales como forma de presión sobre los parlamentarios que estaban votando la iniciativa.

Hay, asimismo, una rica y extensa red de organizaciones territoriales, con intereses específicos, que actúan en la ciudad y el campo, cumpliendo funciones económicas y de cuidado, y activistas de derechos humanos y de intereses ambientales, en una palabra, la diversidad civil que se congregó el 25 de octubre de 2020 en la plaza de La Dignidad.

En materia de recursos comunicacionales, contribuyen a la formación de la política los medios digitales alternativos a las grandes corporaciones de diarios y cadenas televisivas, y las poderosas redes sociales de Internet que, a través de millones de teléfonos y computadores, cumplen las funciones de difusión de los antiguos impresos offset, mimeografiados, cartillas y volantes. No hay otra vía mediante la cual hayan podido concertarse los protagonistas de Evade o los cacerolazos de las últimas jornadas, y, por supuesto, también los procuradores de saqueos, barricadas, incendios, narcotráfico y amenazas de novatos universitarios de Patria y Libertad, el lado oscuro y dramático de esta coyuntura. La noche del martes hubo 54 detenidos, 27 vehículos dañados de una automotora y un bus absolutamente siniestrado. 

No existe retorno a una nueva normalidad, y jamás volveremos a ella, primero, por una cuestión semántica, a saber, que no se puede volver a lo nuevo, pues si no, deja de ser nuevo; y, segundo, por una razón sociológica, y es que los modos de vivir y de interrelacionarnos que practicamos hasta mediados de marzo, no se reeditarán nunca, porque nuestros usos cotidianos e institucionales han trocado y han condicionado la generación de la política y la organización de los intereses colectivos. En consecuencia, estamos impelidos a innovar las convocatorias, las reuniones pequeñas o masivas, las campañas electorales y los mecanismos a través de los cuales captamos la atención y adhesión de las audiencias.

Y por eso, el plebiscito de octubre se realizará, porque debe realizarse, lo cual no es un capricho, sino un desafío de talento e inventiva para diseñar medios eficientes. Es una exigencia que debe convertirse en presión sobre los poderes públicos, y en una exigencia imperativa para una ciudadanía activa. Si la pandemia, en la cima de su desenfreno, con estrictos confinamientos, permitió la movilidad de millones de ciudadanos que concurrieron a sus empleos, controlaron el toque de queda y los cordones sanitarios, hicieron compras, trámites, urgencias médicas, instalaron barricadas y golpearon cacerolas, debería ser posible imaginar y poner en ejecución nuevos procedimientos civiles y pacíficos para garantizar la expresión de las mayorías.

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Opinión

El Particularismo Nacional: Una respuesta a Hugo Herrera

Herrera quiere mantener que la concepción chilena de “nación” es “inclusiva” a diferencia de la plurinacionalidad que tendría un carácter centrífugo en cuanto reivindicaría la etnicidad y sus particularismos. Para él solo la concepción portaliana de “nación” gozaría del estatuto de lo universal.

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En su última columna publicada en el diario La Segunda el día martes 24 de Mayo el filósofo Hugo Herrera, a contrapelo de la concepción “plurinacional” del Estado regional propuesta por el borrador de la Nueva Constitución –borrador que su columna se propone “enmendar”: ¿desde qué lugar se autorizaría a hacerlo? –  reivindica la concepción de “nación” señalando: “Nuestro país ha sido ejemplo del poder inclusivo y productivo de la noción cultural e ilustrada de nación.” Esta afirmación Herrera la desprende de una concepción de “modernidad” que implicaría ir más allá del nativismo y la “rudeza” étnica de los particularismos: “Uno de los grandes avances de la modernidad es la limitación, que se logra en ella, de lo originario, de lo autóctono, étnico, sanguíneo, etc. gracias a una concepción de la nación como una construcción eminentemente cultural.” Curiosa noción que tiene Herrera de la “modernidad”: esta última no se caracterizaría por haber instalado un “contrato social” para contrarrestar las tendencias anárquicas, sino por haber propuesto una concepción “cultural” de nación.

Situar un “contrato” implicaría aceptar la premisa “liberal”, no así la concepción de “nación”. Herrera intenta contrarrestar al liberalismo con su “republicanismo popular”, para lo cual, debe enfocarse en la “nación” y no en el “contrato” porque su columna es una intervención en la discusión pública justamente en el momento en que el borrador de la Nueva Constitución ha concebido al Estado chileno de manera plurinacional. Herrera quiere mantener que la concepción chilena de “nación” es “inclusiva” a diferencia de la plurinacionalidad que tendría un carácter centrífugo en cuanto reivindicaría la etnicidad y sus particularismos. Para él solo la concepción portaliana de “nación” gozaría del estatuto de lo universal.

La operación de Herrera es estratégica: tácitamente introduce una noción “cultural” de nación (que sería “ilustrada”) en contra de otras concepciones (la de los pueblos originarios) de la misma que pasarían por su rúbrica biológica y étnica. Con ello, Herrera puede defender una concepción supuestamente universal de “nación” que no pase por los particularismos de las etnias. Sin embargo, Herrera no repara que al sostener una concepción cultural no resuelve el problema del particularismo. Más bien, ello no hace más que “culturalizar” el concepto de nación que, originalmente –al menos en su versión francesa, es decir “ilustrada”-  implicó una politización de la vida biológica inscrita al interior de un determinado territorio. Como si lo “cultural” estuviera exento de racismo, como si la nación chilena pudiera ocupar el lugar del Gran Otro y su universalidad.

Herrera no advierte de la mutación del racismo en la época contemporánea: desde Mandela –podríamos decir- el racismo dejó atrás al discurso biologizante de los tiempos nazis y abrazó un racismo culturalista (no se trata más de los “semitas” como del “islam”, no es la “raza” sino la “cultura” el problema). Herrera cree superar ese problema adjetivando esa noción cultural de nación bajo el término “ilustración”: ¿sería una concepción racional y, por esta vía, universal? Pues bien, es aquí donde la estrategia argumental de Herrera se anuda a la ficción de la concepción chilena de nación de la cual dice ser portadora de un “poder inclusivo”: tan “inclusivo” que parece haber dejado a los pueblos originarios en una posición radicalmente excluida (Pairicán), tan “inclusivo” que, en rigor, fue impuesto bajo un colonialismo de asentamiento en el que se combinó la campaña militar y la imposición de capital.

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Es precisamente en este punto donde el discurso de Herrera se revela como una verdadera máquina mitológica, esto es, un montaje capaz de producir el mito de la “nación” chilena cuyo carácter “cultural e ilustrado” le haría portadora de una universalidad que el actual borrador de la Nueva Constitución vendría a poner en peligro: “Preterir –dice su columna- ese concepto cultural –el de nación chilena o pueblo de Chile- como hasta ahora luce desear la Convención, podría no solo tensionar la unidad de esa nación, sino hacerla retroceder hacia el nivel dogmático o pre-ilustrado de las lógicas atávicas de lo originario, lo racial o lo tribal.”

Precisamente resulta fundamental “tensionar la unidad de esa nación” exhibiendo lo que ella tiene de mítico y arbitrario, poniendo a la luz del día cómo esa concepción supuestamente “ilustrada” de nación ha sido ella misma una “lógica atávica de lo originario”. En efecto, la versión francesa –ilustrada- de nación remite en último término a la producción soberana de una vida biológica inscrita en un territorio: véase el artículo 10 de la Constitución de 1980: “son chilenos los nacidos en territorio de Chile (…)”. ¿Acaso no sería esta politización de la vida biológica (el nacimiento) una confirmación de la “lógica atávica” que constituye la concepción chilena de “nación”? A pesar de todo, Herrera no puede ver que su noción supuestamente “cultural e ilustrada” de nación es también y, sobre todo, un particularismo. Un particularismo hegemónico, sin duda, impuesto a sangre y fuego por siglos de devastación colonial.

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Opinión

Hacia la gestión integral de residuos como responsabilidad estatal

La crisis climática y ecológica es hoy uno de los mayores desafíos a nivel mundial y civilizatorio, que nos obliga a repensar las ciudades de forma distinta cuestionando los patrones de producción, consumo y valorización de residuos, esto último, puesto que el desafío es lograr la circularidad reduciendo, cuanto se pueda, la generación de basura o fracción rechazo que no es posible valorizar.

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Fotos: Mara Eve Daruich Rozas

El pasado martes 17 de mayo, se conmemoró el día Internacional del Reciclaje, lo que nos recuerda el desafío que tenemos de aumentar el 9,2% de residuos que son reciclados en nuestro país. Desafío que se ha transformado en una prioridad ante la crisis climática y ecológica que vivenciamos como sociedad.

La gestión de los residuos o en su defecto la generación de basura es la segunda problemática ambiental que más preocupan a las personas en Chile, como lo demuestra la Encuesta Nacional Ambiental 2020, donde el 29,7% identifica la generación de basura como un problema prioritario, en esa línea el 43.3% de las personas encuestadas declara separar habitualmente sus residuos para reciclar. Pero ¿La valorización de los residuos se condice con la preocupación de las personas por reciclar?

Según el Reporte del Estado del Medio Ambiente 2021, en el 2019 la generación de residuos alcanzó los 19,7 millones de toneladas, 55,6% de los cuales son de origen industrial y 39,9% de origen municipal, lo restante corresponde a Plantas de tratamiento de aguas servidas y residuos peligrosos. Respecto del tratamiento de los residuos sólidos municipales, un preocupante 98,2% va a disposición final y solo el 0,9% se destina a algún tipo de valorización.

En la comuna de Santiago, según datos de la Subdirección de Aseo y Gestión integral de Residuos, para el año 2020 se retiró 168.974,55 toneladas de residuos sólidos, de los cuales se reciclaron mediante el programa Santiago Recicla Fácil 1585,5 ton, lo que significa un 0,93% del total, considerando que los materiales reciclables son el PET, cartón, vidrio y aluminio. También es importante considerar que aproximadamente el 54% corresponde a material orgánico de los cuales una ínfima cantidad son valorizados mediante programas de compostaje municipal.

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Entonces, ¿Por qué se valoriza tan poco? Por una parte, tenemos la falta de políticas públicas que aborden la problemática de la gestión de los residuos desde un punto de vista integral. Las políticas vigentes se han basado en la disposición final de los residuos mediante la construcción y uso de rellenos sanitarios, vertederos, rellenos de seguridad, entre otros, los cuales corresponden a una vía menos costosa pero que históricamente ha desconocido la generación de pasivos ambientales que actualmente los hace insostenibles. Así mismo, dado el aumento sostenido de la población, los cambios en los patrones de consumo y la ausencia de procesos de valorización eficientes, ha hecho de su capacidad finita llegue a los máximos de disposición debiendo buscar nuevos lugares para construir rellenos sanitarios u otras infraestructuras para la disposición final.

En segundo lugar, se debe evaluar la existencia y eficiencia de servicios municipales de reciclaje, así como otras acciones de valorización de residuos. Esto se ve supeditado a los presupuestos municipales para aseo y ornato, los cuales son desiguales dependiendo de la comuna que se analice, además de no existir una obligatoriedad en la Ley orgánica constitucional de municipalidades donde solo se establece la responsabilidad de proveer el servicio de extracción de basura y aseo de la vía pública y de bienes nacionales de uso público, por tanto las municipalidades no están en la obligación de destinar presupuesto a servicios de reciclaje o valorización, dependiendo así de la voluntad política del gobierno municipal de turno.

Un tercer elemento está asociado a la falta de obligatoriedad individual de separar los residuos en origen, así como de disminuir la generación de los residuos previo a la entrega de estos a los servicios de recolección, lo que se ha determinado como estrategias de prevención. En ambos casos se requiere de planes de educación ambiental, incentivos al reciclaje de inorgánicos y orgánicos, así como de políticas públicas que regulen ambas estrategias, pero que también destinen presupuesto fiscal para programas que permitan su eficaz implementación, pues ¿cuántas veces no hemos separado los residuos para luego ver que el camión de la basura mezcla todo?.

El cuarto elemento corresponde a la trazabilidad del residuo, lo que involucra a quienes producen los envases y empaques que posteriormente son desechados. Hasta ahora, la responsabilidad por dichos contaminantes terminaba hasta la distribución del producto para la venta en el mercado, traspasando dicha responsabilidad a las entidades municipales o bien generando las condiciones para que empresas privadas, así como también, de recicladoras y recicladores de base, realicen la recolección y posterior valorización de estas. 

¿Cómo avanzamos? En 2016 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.920 sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que establece la responsabilidad de las empresas productoras e importadoras de productos determinados, para que estos se hagan cargo de los residuos generados por sus productos. El reglamento de dicha ley contempla metas de recolección y valorización de residuos lo que “debiese” traducirse como estímulos para el reciclaje. Pero, esta ley se reconocen diversos vacíos que no son contemplados y con los cuales podríamos avanzar efectivamente a una gestión integral de residuos como lo son los impuestos sobre los rellenos sanitarios y símiles, mejora en las técnicas de manejo de los residuos sólidos municipales, promoción y financiamiento de infraestructura de almacenamiento en diversas escalas con priorización de los servicios básicos municipales, consideración de la salud ambiental, implementar estrategias de recuperación y generación energética, mejora en los sistemas informatizados de gestión de datos respecto de los procesos encadenados en la gestión de residuos, promoción e integración efectiva de recicladoras y recicladores de base mediante programas de acompañamiento, formación y cooperativismo, mayor deber de los sectores industriales en la valorización y reciclaje y por último el aumento del acceso a los recursos financieros para las municipalidades destinados a aseo, ornato y gestión integral de residuos.

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La crisis climática y ecológica es hoy uno de los mayores desafíos a nivel mundial y civilizatorio, que nos obliga a repensar las ciudades de forma distinta cuestionando los patrones de producción, consumo y valorización de residuos, esto último, puesto que el desafío es lograr la circularidad reduciendo, cuanto se pueda, la generación de basura o fracción rechazo que no es posible valorizar.

Actualmente el proceso constituyente no ha estado al margen de esta discusión, en el borrador final de la nueva constitución se ha aprobado Artículo n° 20 el cuál establece la gestión de residuos como un “deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos, en la forma que determine la Ley”. Con esto damos unos pasos en el camino correcto hacia un horizonte en donde podamos hacernos cargo de los residuos que generamos como sociedad, en la futura constitución se encuentran depositados elementos claves que hasta el día de hoy no habían sido recogidos por constituciones anteriores, estando a la vanguardia en materia de responsabilidad ambiental, abriendo así la posibilidad de tener una carta magna a la altura de los tiempos de crisis que enfrentamos, en miras al buen vivir de los territorios, sus comunidades y el resguardo de los ecosistemas.

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Opinión

  ¿Cadem o Time?

Boric representaría- o al menos debería representar- algo diferente a esas dos definiciones. En el texto se destaca la forma en que combina la responsabilidad fiscal y otras ideas como la economía sustentable hacia el futuro, y por supuesto el horizonte de un Estado que garantice derechos sociales. O sea, una reformulación de una socialdemocracia nutrida de una rigurosidad fiscal presente, sin ser un dogma, pero no por eso desatenderla al momento de realizar grandes cambios.

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En la reciente edición de la revista Time el presidente Gabriel Boric salió entre los 100 personajes más influyentes de la actualidad. La primera autoridad del país compartió protagonismo con otros líderes mundiales que representan diversos intereses y posiciones en el planeta, como Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jiping, quien encarna todas las instituciones en la República Popular China, entre muchos otros.

Como suele suceder en casos como estos, adversarios y partidarios de Boric miden la importancia de esta publicación según su grado de aprecio o desprecio hacia la figura presidencial. Unos prefieren quedarse en lo que la cotidianidad de las encuestas muestra casi a diario sobre el respaldo a su gestión, poniendo énfasis en lo rápido que ha caído en estudios como Cadem, mientras otros encuentran mejor quedarse con el simbolismo que representa Gabriel Boric para la revista norteamericano.

En esto último sería bueno hacerse un par de preguntas. Y tal vez la principal es qué representa Gabriel Boric. Si es que nos detenemos en las frases repetidas una y otra vez, podríamos decir que es quien puede llevar a cabo una superación del neoliberalismo, el recambio generacional luego de muchas-tal vez demasiadas para algunos- décadas de padres de la patria transicional y sus hermanos chicos tontos, esos que no hicieron nada realmente importante, pero vivieron de lo que otros, bien o mal, hicieron. (En la cultura concertacionista está repleto de ellos, incluso aparecen diariamente dándole clases de gobernabilidad al presidente, como si hubieran tenido alguna relevancia real en el pasado).

Sin embargo, en el citado medio internacional lo que se destaca es algo más profundo y que debería ser -si no lo es- el horizonte a mediano plazo de esta administración. Me refiero a la superación no sólo del capitalismo tardío y sus vicios, sino también de los viejos códigos bajo los que se mueven las viejas izquierdas, ya sea las autodenominadas socialdemócratas o las que prefieren situarse más a la izquierda. 

Cuando digo que hay izquierdas “autodenominadas” socialdemócratas es porque parece importante comenzar un debate a futuro sobre la base de hechos y no convenientes remodelaciones del pasado. Si bien los llamados “30 años”, como todo proceso histórico, tiene luces y sombras, oportunidades perdidas y otras que simplemente no se quisieron aprovechar, lo que no hubo fue socialdemocracia.

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La Concertación, salvo algunas reformas importantes al comienzo de la posdictadura, y luego en materia institucional con la mal explicada reforma de Lagos, se refugió en la concepción que tuvo de sí misma, confundió la excesiva adoración por la responsabilidad fiscal con la responsabilidad democrática, y dejó a Keynes olvidado creyendo que el crecimiento del 7% de los noventa (entre 1990 y 1998 exactamente) era todo lo justo y necesario para desarrollar una sociedad.

Por otro lado, cuando me refiero a quienes quieren situarse más a la izquierda de lo que fue el concertacionismo, me refiero a un sector que en el comienzo del 2000 renovó símbolos, sacó a Simón Bolívar del cajón del recuerdo, dándole una nueva interpretación, y trató de crear algo nuevo sin hacer nada realmente novedoso. Esta izquierda gusta echarle la culpa a los adversarios hasta de los errores propios, porque cree que el camino a recorrer y el objetivo a lograr son tan virtuosos, que no hay error-u horror- que no sea justificable.

Boric representaría- o al menos debería representar- algo diferente a esas dos definiciones. En el texto se destaca la forma en que combina la responsabilidad fiscal y otras ideas como la economía sustentable hacia el futuro, y por supuesto el horizonte de un Estado que garantice derechos sociales. O sea, una reformulación de una socialdemocracia nutrida de una rigurosidad fiscal presente, sin ser un dogma, pero no por eso desatenderla al momento de realizar grandes cambios. Todo esto, le agregaría yo, al ritmo de los tiempos, es decir sin el protagonismo de los antagonismos de antes, sino con muchos otros que logran ocultar uno transcendental que cruza toda sociedad capitalista.

Pero, ¿cómo conversa todo esto con el presente inmediato? ¿Cómo se pueden unir las expectativas y el fuerte peso simbólico que, valga la redundancia, pesa sobre Boric, con lo coyuntural?

Para decirlo en simple- y sin darle tanta importancia real a la encuesta-: ¿cómo conversa Cadem y todos esos estudios similares que quieren medir, muchas veces interesadamente, el actuar diario de una administración con la proyección política de La Moneda? Bueno, sencillo: haciendo política. Pero, ¿cómo se hace política con una ciudadanía tan dispersa y con tantos intereses a la vez, y que muchas veces baila al son de la pauta de la encuesta citada? Es complejo. Hoy más que nunca, poder unir lo contingente con lo que se puede, en el futuro, llegar a ser. Pero en eso consiste gobernar hoy en día.

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