Más allá de lo que Sylvia Eyzaguirre dice y representa, es necesario preguntarnos quién avala que estas ideas se presenten en la opinión pública para hablar de la pobreza, en este caso, la Universidad de Chile. En un país sin derecho a la comunicación, y con una mirada distorsionada de la libre expresión, la difusión de ideas opera con los mismos principios del mercado y sin responsabilidad alguna respecto de qué es lo que se dice o se fomenta.
Sylvia Eyzaguirre, licenciada en filosofía, ligada al Centro de Estudios Públicos CEP y portavoz de la derecha chilena, ha tenido un lugar privilegiado para hablar de educación. Incluso y en nuestro caso particular, sobre la enseñanza de la filosofía, pese a que en su currículum no hay nada que la ligue a la escuela. Esto quizás, no debería parecernos extraño puesto que, como docentes, estamos acostumbradas y acostumbrados a que las y los expertos en educación sean siempre investigadores, ex funcionarios del MINEDUC o que hablen desde los escritorios de sus fundaciones. Pero no es menos cierto que esta situación deba tener un límite.
El pasado 21 de julio el ministro de educación, Raúl Figueroa, mencionó dentro de sus “argumentos” para presionar sobre el regreso a clases que “un niño con riesgo de ser abusado en su hogar, tiene que poder ir a la escuela”, declaraciones que generaron un profundo rechazo en gran parte de la población, al punto que debió dar explicaciones sobre lo que habría querido decir. Pese a esto, Sylvia Eyzaguirre retoma esta misma idea, asociada a las consecuencias de no ir al colegio. Así, usa como argumento lo que “tiene que ver con maltrato y abuso”, vinculando ambos factores al hacinamiento en una entrevista publicada el 23 de julio por la revista “Palabra Pública” de la Universidad de Chile, en el marco de un especial sobre la pobreza.
Sin duda nos resuena aquí lo dicho por la Defensoría de la Niñez en respuesta al Ministro Figueroa, quien hizo notar que “La pobreza no es sinónimo de violencia” y que este tipo de dichos “producen una estigmatización indebida e injustificada”, además de subrayar que los niños “no viven en los colegios” y que “es el Estado el que tiene la responsabilidad directa en la erradicación de cualquier vulneración a sus derechos”. Eyzaguirre, en cambio, afirma que pese a que el hacinamiento en Chile es bajo y que cerca de un 18% de los niños viven en esta condición, “lo más probable es que con el encierro el maltrato y los abusos sexuales aumenten”. En base a esta “probabilidad”, sostiene que “hay niños que lo están pasando muy mal y es muy difícil para el estado poder detectar cuáles son los niños que están en riesgo”, con lo cual no sólo revela su nulo conocimiento de la realidad escolar, sino que responsabiliza tácitamente a las escuelas, cerradas por una crisis sanitaria mundial, de ser cómplice de estos abusos. De este modo insistirá en adelantar el retorno “especialmente en los sectores más vulnerables”. Sin duda es necesario hacerle notar, en honor a los principios básicos de la argumentación, que causalmente el abuso y el maltrato no son causa directa del encierro, sino de las condiciones de precariedad en las cuales viven las familias y cuya responsabilidad no compete sólo a la escuela, sino que son responsabilidad de un sistema político y económico que ella misma defiende.
Pero más allá de lo que Sylvia Eyzaguirre dice y representa, es necesario preguntarnos quién avala que estas ideas se presenten en la opinión pública para hablar de la pobreza, en este caso, la Universidad de Chile. En un país sin derecho a la comunicación, y con una mirada distorsionada de la libre expresión, la difusión de ideas opera con los mismos principios del mercado y sin responsabilidad alguna respecto de qué es lo que se dice o se fomenta.
Pero esta relación no es sólo simbólica. Si de “intelectuales” vinculados al empresariado se trata, Sylvia Eyzaguirre es un caso ejemplar. Como ha revelado CIPER, Sylvia aparece como una de las candidatas inscritas en el registro de directores de la Superintendencia de Pensiones, mecanismo que se utilizó para que las AFP escojan e instalen personas clave en alguno de los directorios de empresas. Por otra parte, el Centro de Estudios Públicos (CEP) es parte de los llamados “centros de pensamiento”, donde se encuentran otros think tank como Libertad y Desarrollo o Fundación para el Progreso, organismos financiados por empresarios – tales como Nicolás Ibáñez – con el fin de producir “estudios” que incidan en el debate legislativo. Esto dice mucho sobre el negocio de pensar, en base al cual se ha legitimado este modelo. De este modo, tenemos todo un aparataje para instalar ideas en la opinión pública, para dictar los problemas de los cuales debemos ocuparnos como ciudadanas y ciudadanos e incluso, sus posibles soluciones.
Es lamentable, así mismo, ver cómo las instituciones universitarias dan espacio a la construcción de una “intelectualidad” como la de Sylvia Eyzaguirre, como portavoz de la pobreza y ad portas de un cambio constitucional. Como profesionales dedicados a la filosofía sabemos que no hay neutralidad política en el pensamiento y, aún quienes se presentan como voces neutrales, no piensan desde la nada. Cuando Eyzaguirre asume la vocería diciendo: “Es complejo entrar en una discusión sobre la nueva Constitución cuando hoy nadie la respeta” es a lo menos sospechoso que quien se refiera a estos temas, sea de un sector que defiende la constitución de la Dictadura y mediante una opinión que promueve la suspensión del debate constitucional.
Es complejo cómo las universidades, en apariencia públicas, se prestan para instalar voces que protegen el modelo. Sin embargo el modus operandi que la academia ha tenido respecto a lo político sigue una lógica similar: generando nichos de negocios en base a las políticas públicas, ofreciendo “expertos/as” para producir estas políticas – usualmente más sustentados por la propaganda que por su reconocimiento académico – para, inmediatamente después, vendernos la solución en forma de un diplomado, curso de formación o postítulo.
Sin duda, necesitamos repensar en un futuro próximo el modo en el cual se produce y legitima el conocimiento en Chile, su finalidad y su sentido social ¿Quiénes son los intelectuales? ¿Cuál es su vinculación con lo público? ¿Qué principios y experiencias los mueven? ¿Los necesitamos, realmente? ¿Es Sylvia Eyzaguirre a quien damos tribuna para hablar de pobreza, o educación? Muchas de estas preguntas están pendientes, lo que no puede ocurrir es que la experticia se utilice como una criba para el diálogo democrático o que la maquinaria universitaria se encuentre, también, en la lógica irresponsable del mercado.
Red de profesoras y profesores de Filosofía REPROFICH
