Imagen solo de referencia / Agencia Uno

El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó un informe en relación a las horas extraordinarias municipales, entre el periodo diciembre de 2020 y noviembre de 2021, identificando pagos sobre los 51 mil millones de pesos. Estos están repartidos en el 84% de los municipios del país que fueron parte de la indagatoria, donde además se evidenciaron casos en los que se superan las horas extras diurnas señaladas por la norma.

El presidente del Consejo, Francisco Leturia, señaló al respecto que “con este mapeo o radiografía pudimos identificar no solo cómo se usan y pagan las horas extras, sino que ponemos antecedentes sobre la mesa para analizar con atención qué está pasando en este sentido con el empleo público y con las formas de hacer de las municipalidades en este ámbito”.

En ese sentido, enfatizó que “el uso de horas extras debiera ser, acorde a lo que establece la normativa, la excepción y no la regla, y no es lo que vemos desde una mirada general de la situación de la mayoría de las municipalidades”.

El estudio permitió establecer que, a nivel general, en el grupo de municipios y período analizados el número de horas extra realizadas fue de 11 millones, y que del total de funcionarios municipales que las efectuaron, la mayor proporción corresponde a contratados bajo modalidad de planta (50%) y pertenecientes al sector municipal (57%).

“La cantidad de horas extras que aquí se reportan es de tal magnitud que confirma un secreto a voces: que es un mecanismo para incrementar los sueldos que se consideran bajos de muchísimos funcionarios y que no se pueden modificar porque la ley lo impide. Entonces, la forma de engordarlos es con horas extras que nadie fiscaliza”, advirtió el presidente del CPLT.

Junto con ello, destacó que en ese escenario hay algunas municipalidades que “ni siquiera tienen cuidado con las matemáticas y le ponen más horas al día de las que existen”. “Es obscena y sorprendente la cantidad de dinero que se gasta en horas extras”, espetó Leturia.

Otro de los hallazgos de la fiscalización apuntó a la cantidad de personas, montos pagados y tipos de funcionarios a los que se les asigna la ejecución de horas extras, evidenciándose que mensualmente, en promedio, 1 de cada 5 trabajadores las llevó a cabo, recibiendo una media de 189 mil pesos al mes por dicho concepto. Además, se estableció que cada hora extraordinaria realizada tuvo un valor promedio en los once meses analizados de $4.604.

Para finalizar, Francisco Leturia subrayó que “el foco lo pusimos en establecer cuál es el nivel de acceso y calidad de la información sobre uso y pago de horas extras, y en primer momento en registros de horas extraordinarias que podrían superar lo que plantea la ley vigente, que establece un máximo de 40 horas mensuales en horario diurno, por ejemplo”.

“La legalidad o ilegalidad de esto es una cuestión que le corresponde determinar a la Contraloría, por lo que ya pusimos estos resultados en conocimiento del organismo, porque tenemos que considerar que puede haber excepciones según señala la norma”.

Puedes ver el informe completo del Consejo para la Transparencia a continuación.

Esta semana, a partir de este martes, la Convención Constitucional (CC) votará la última versión de la propuesta de nueva Constitución que entregó la comisión de Armonización, y que deberá ser presentada al país este próximo 4 de julio.

Cabe destacar que la labor de dicha comisión significó, además, que de los 499 artículos originales, estos se redujeran finalmente a los 387 que están contenidos en el texto ofrecido al Pleno de la CC, el que te invitamos a leer a continuación.

Junto con ello, puedes seguir acá la transmisión en vivo de las votaciones que se están llevando a cabo en el Pleno número 110 de la Convención.

Distintas organizaciones feministas llegaron este lunes hasta el exterior del edificio de TVN en Santiago para protestar contra el anuncio de la emisión de una “miniserie” de su programa Mea Culpa dedicada al asesinato de la adolescente de 16 años, Ámbar Cornejo, crimen ocurrido en el año 2020 en Villa Alemana.

“Saca la misoginia de tu línea editorial” y “El femicidio no es un dolor para lucrar”, fueron algunas de las consignas que estuvieron presentes en la protesta realizada ante el edificio del canal estatal, el que ha sido fuertemente cuestionado tras el anuncio y promoción del programa conducido por Carlos Pinto, al que llamaron Ámbar. En la mira del psicópata.

Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, afirmó que “no es posible que el canal nacional, una empresa pública, sea capaz de realizar este tipo de actividad sin siquiera reflexionar sobre los cambios culturales que se necesitan para poder terminar con el asesinato de mujeres y niñas”. En ese sentido, enfatizó que “no vamos a aceptar que la vida y la muerte de Ámbar sea material de entretenimiento. La vida de Ámbar no es un objeto para vender”.

“Con solidaridad, con organización, mujeres y niñas en acción exigimos que se retire de la planilla de este canal el programa morboso generado por Carlos Pinto y su equipo. Los femicidios han sido material por décadas para que este canal realice actividades morbosas sin ningún tipo de reflexión”, cuestionó la abogada feminista.

En tanto, Bárbara Miel Lagos, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, explicó que “en este caso y en otros que hemos denunciado se cometen tres vulneraciones y violencias por parte de las líneas editoriales: la primera de género, al tratarse de mujeres niñas y diversidades sexo genéricas; la segunda de clase, porque sabemos que se atreven a hacerlo con quienes no cuentan con los medios económicos o contactos para defenderse; y la tercera una revictimización a todes quienes han sido víctimas de violencia machista”.

“Hacemos un llamado de atención ante la farandulización y mercantilización de la violencia hacia mujeres y niñas, como pretende hacer TVN con el caso de Ámbar Cornejo. Los canales de televisión, mediante inescrupulosas líneas editoriales, han sido incapaces de proponer otro relato para estos temas y ser un aporte significativo en la consagración de una vida libre de violencia”, cuestionó por su parte Cynthia Shuffer, también vocera de 8M.

En ese sentido, Shuffer agregó que “como feministas hemos impulsado diversas reflexiones desde el proceso constituyente para garantizar que el Estado adopte las medidas necesarias para erradicar expresiones de violencia de género o cualquier patrón sociocultural que no considere la gravedad de estos temas”.

En la actividad, las manifestantes leyeron una declaración firmada por 10 organizaciones feministas en la que señalan que “hay muchas otras formas de abordar la violencia contra las mujeres en vez de usar nuestras historias de violencia como mercancía. Los medios de comunicación tienen tanto el deber como la oportunidad de romper con la cadena de reproducción de la violencia contra las mujeres y contribuir con el cambio urgente”.

Dicha declaración es respaldada por organizaciones como la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coordinadora Feminista 8M, la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, Ni Una Menos Chile, Coordinadora 19 de diciembre, Red de Actrices de Chile y La Morada, entre otras.