Corte Penal Internacional rechaza apelación de Israel para anular orden de arresto a Netanyahu
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este lunes (15/12) rechazar los argumentos con los que Israel solicitó la invalidación de las investigaciones sobre crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por sus fuerzas militares contra civiles residentes en la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023.
La solicitud también buscaba anular las órdenes de arresto que la misma CPI emitió en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa del país, Yoav Gallant. Con la decisión de este lunes, las órdenes siguen vigentes.
El tribunal evaluó un expediente presentado por la defensa de Israel, cuya principal alegación era la presunta parcialidad del fiscal jefe del caso, el jurista británico Karim Khan.
Uno de los argumentos de Tel Aviv fue que Khan debería haber notificado al país después de que el caso recibiera el apoyo formal de Chile, de Sudáfrica y de otros cinco países, y que el incumplimiento de esta norma violaría el artículo 18 del Estatuto de Roma – el tratado fundacional de la CPI –, que exige dicha notificación cuando se abre una investigación.
Sin embargo, el tribunal consideró que el fiscal llevó a cabo ese procedimiento en 2021, cuando el proceso fue iniciado y tenía desde luego carácter abierto – aunque todavía no contaba con apoyos formales – y que, en ese momento, Israel no respondió oficialmente a la notificación – además, posteriormente, el gobierno israelí publicó un comunicado en el que afirmaba que el tribunal no tenía autoridad para investigar el asunto.
La CPI también cuestionó que Israel solo cambió su postura en diciembre de 2024, días después de la emisión de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Historial del caso
La CPI investiga a los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidos en los territorios palestinos desde 2021, cuando aceptó una denuncia presentada en 2018 por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) junto con otras organizaciones palestinas.
Sin embargo, a partir de noviembre de 2023, el proceso pasó a centrarse en los crímenes cometidos por las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza durante la ofensiva que comenzó en octubre de aquel año y que ya ha causado más de 60 mil muertes de civiles – aunque algunos estudios sugieren que el número real de víctimas podría superar los cientos de miles –, en una operación que algunas organizaciones de derechos humanos califican de genocidio.
También a partir de esta nueva fase, el proceso empezó a contar con el apoyo formal de siete países: además de Chile y de Sudáfrica (primero en sumarse al caso), también lo hicieron Bangladesh, Bolivia, Islas Comoras, México y Yibuti.



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