Este domingo 29 de mayo, Colombia realiza unas elecciones presidenciales que podrían ser históricas, ya que por primera vez un candidato de izquierda se alza como el favorito para ganar la disputa, y podría hacerlo incluso en primera vuelta.

Desde aquella serie de protestas entre abril y mayo de 2021 que el nombre que lidera todas las encuestas sobre estas elecciones es el de Gustavo Petro, líder de la coalición progresista Pacto Histórico, cuyas intenciones de voto están casi siempre por sobre los 40%.

De hecho, el Pacto Histórico surgió como alianza política a partir de que diferentes partidos y movimientos de izquierda entendieron, a partir del estallido colombiano, que esta era la oportunidad de unir fuerzas y elegir a un presidente progresista en el país por primera vez. El nombre que surgió de las primarias realizadas en marzo pasado fue el de Gustavo Petro, un exmilitante del grupo guerrillero M-19 que después ingresó en la política institucional, fue alcalde de Bogotá entre 2014 y 2015 y actualmente es senador.

La fórmula del Pacto Histórico podría traer otro posible hecho inédito, que tiene que ver con la candidata a vicepresidenta, la activista ambiental Francia Márquez, quien podría convertirse en la primera mujer y la primera persona afrodescendiente a ocupar un cargo presidencial en Colombia.

Petro fue el nombre que surgió naturalmente, ya que viene de otro resultado histórico en 2018, cuando fue el primer candidato progresista en llegar a la segunda vuelta presidencial en Colombia – tuvo 25% de los votos en la primera vuelta y 42% en el ballotage, en el cual perdió para Iván Duque.

La popularidad del candidato de la izquierda creció a medida en que el gobierno de Duque aumentó su rechazo – actualmente, la desaprobación del actual presidente ronda los 70%, una de las más altas de un mandatario al final de su gobierno.

Tal situación también se refleja en el hecho de que los dos principales nombres de la derecha hicieron un esfuerzo importante para mostrarse lejanos a la figura de Duque. Ellos son el ingeniero Federico Gutiérrez, de la coalición neoliberal Equipo por Colombia, y el empresario Rodolfo Hernández, del pacto de extrema derecha llamado Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Las dos encuestas más recientes muestran resultados un tanto discrepantes. La de CELAG, publicada el pasado 20 de mayo, muestra a Petro con un 48%, mientras que Hernández y Gutiérrez aparecen casi empatados: el primero tiene un 21,8% mientras el segundo se queda con 21,4%. Además, ese resultado deja a Petro muy cerca de una posible victoria ya en la primera vuelta: faltaría solamente más 2% de los votos.

Sin embargo, la encuesta de Atlas Intel, que se conoció al mismo día, trajo números más favorables a Gutiérrez, que aparece en segundo lugar con un 27,5%, mientras que Hernández quedaría con un 22%, y Petro seguiría liderando, pero con un 41,2%, lejos de la victoria en primera vuelta. Este escenario obligaría a la realización de una segunda vuelta, que ocurriría dentro de tres semanas, el próximo 19 de junio, y para el cual las candidaturas de derecha esperan que se conforme una nueva e improvisada coalición anti Petro, o anti izquierda.

Otra polémica con relación a las elecciones en Colombia tiene que ver con un informe del CNE (Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad del país para las elecciones) asumiendo que no habrá una auditoría internacional del software de conteo de los comicios, debido a que “no hubo tiempo para hacer el testeo de ese sistema”.

Se espera que estén presentes en Colombia observadores internacionales de más de 30 países y organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos), Unión Europea y Human Rights Watch, entre otras. Sin embargo, este tema tampoco quedó exento de polémica, debido al caso de la activista de los derechos humanos Teri Mattson, que tuvo su ingreso al país negado por las autoridades migratorias colombianas, pese a tener la invitación formal de CNE y a sus muchos años de experiencia en labores de ese tipo.

Lo mismo le pasó al argentino Alejandro Rusconi, abogado también ligado a causas de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien sufrió con la misma negativa, la cual ignoró el hecho de que ambos estaban invitados formalmente por el CNE colombiano.

El constitucionalista y ex asesor de gobierno de Gabriel Boric, Salvador Millaleo, habló por primera vez tras su renuncia al cargo como coordinador de temas indígenas del Ministerio del Interior.

En entrevista con El País, Millaleo analizó el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. En cuanto a la posibilidad de un acuerdo con grupos radicalizados, el académico de la Universidad de Chile reconoció que “quizás fue sobrevalorada”.

Además, Millaleo aseguró que el motivo del aumento de la violencia ha sido el mal trato que se le ha dado por parte del Estado al asunto mapuche. “cuando un conflicto como éste de índole étnico-político se maneja mal, empieza a expandirse y se entra en dimensiones más difíciles de manejar, con nuevos factores de criminalidad organizada”, expresó.

“Una perspectiva que ha sido muy determinante en el mal manejo del conflicto ha sido el populismo penal, un punitivismo que ha tachado esto de terrorismo desde hace 20 años y que aplicó la Ley Antiterrorista cuando se producían ataques a maquinarias y no comprometían la vida humana”, manifestó Salvador Millaleo.

Además, agregó que “el mito del populismo penal es que estos delitos (robo de madera y narcotráfico) son el gran motor de financiamiento de los grupos radicalizados, pero creo que todavía no es así. Todavía hay una oportunidad de conducir las cosas de otra manera”, expresó.

En cuanto a la decisión del gobierno sobre decretar Estado de excepción en la zona, el abogado sostuvo que el gobierno tendrá una segunda oportunidad con la implementación de la nueva Constitución. “Todavía tengo la confianza en la visión del presidente de que esto sigue siendo un problema fundamentalmente político”, concluyó.

Este viernes se dio a conocer el anuncio por la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre la entrega a la justicia de 12 mil carpetas con testimonios de exconscriptos sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Estos antecedentes han estado en poder del Ministerio de Justicia desde el año 2018, sin que hasta ahora fueran entregados al Poder Judicial.

La actual subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, sostuvo que su institución tomó conocimiento de los informes en abril de este año, momento en que habrían empezado el trabajo para ponerlos a disposición de los poderes del Estado.

Los antecedentes de dichos informes no estaban en conocimiento de los jueces dedicados a investigar violaciones de DD.HH durante la dictadura, y por eso se tomó la decisión de abrir la indagatoria, confirmada por el propio ministro en visita de Concepción, Carlos Aldana.

La Subsecretaría de DD.HH, además, informó este jueves que inició un sumario administrativo para conocer las responsabilidades en el ocultamiento de los documentos.