Servicio Jesuita Migrante denuncia a la PDI y al Ministerio del Interior por abandono de migrantes en pleno desierto

El hecho ocurrió el pasado 23 de junio, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones que trasladaban a varios extranjeros a Santiago para deportarlos, fueron notificados por la Corte de Apelaciones de Arica que debían dejar libres a 7 ciudadanos colombianos. La PDI los abandonó en pleno desierto y a pocas horas de oscurecer.

El Servicio Jesuita a Migrantes denunció, ante la Contraloría General de la República, a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables por dejar abandonadas, a siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral.

Los hechos se enmarcan dentro de una expulsión masiva ocurrida el jueves 24 de junio durante la mañana. Ese día, 72 personas fueron obligadas a abandonar el país por el gobierno de Sebastián Piñera. El ejecutivo hizo caso omiso a las recomendaciones realizadas por expertos de la ONU que llamaron en el mes de abril del presente año al Gobierno de Chile a detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes, haciendo énfasis en que estos tienen derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras se valora su situación de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

“El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, sostuvo Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

Estas acciones “revisten caracteres de especial gravedad”, señala la denuncia interpuesta, configurando “una evidente infracción al respeto de los derechos de las personas afectadas por ellos, y que deben ser tutelados por los órganos de la Administración del Estado”. Asimismo, según el escrito, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión.