Profesores exigen renuncia de rector de la Usach: acusan «delación» en entrega de información solicitada por diputados de derecha

Sostienen que la individualización de docentes que imparten asignaturas vinculadas a temas de género por parte de Juan Manuel Zolezzi, «constituye un acto de persecución y hostigamiento de carácter fascista».

Continúan las repercusiones que tienen en la mira a algunas autoridades de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) luego de que accedieran a facilitar a los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, y de Renovación Nacional, Harry Jürgensen, información solicitada a través de un oficio (Nº 76051) el pasado 9 de julio de 2021.

En el documento, los parlamentarios de derecha pidieron al rector Juan Manuel Zolezzi información sobre «cuántos cursos, centros, programas y planes de estudio se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo», solicitando detallar además «sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos».

Junto con ello, los congresistas requirieron que se informara «cuántos recursos destina anualmente la universidad para financiar los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo».

A través de una declaración pública, 18 universidades estatales manifestaron su rechazo al oficio de Urruticoechea y Jürgensen. Sin embargo, la Usach accedió, enviando el 6 de agosto de 2021 el Secretario General del plantel Gustavo Robles -por orden del rector Juan Manuel Zolezzi y argumentando posteriormente una supuesta obligatoriedad a partir de la Ley de Transparencia- toda la información que pudieron catastrar al respecto desde las distintas facultades, incluyendo los planes de posgrado. 

Lo obrado por la máxima autoridad de la casa de estudios ha generado un amplio rechazo al interior de la comunidad académica y estudiantil, como la expresada a través de un comunicado por la Coordinación de Profesoras y Profesores por Horas de Clases (CooPHC) de la Universidad de Santiago de Chile, quienes «denunciaron» públicamente a las autoridades involucradas, «por ‘informar’ los nombres de estudiantes, funcionarios y académicos de la USACh vinculados con los diferentes programas e investigaciones sobre el tema de género sin su consentimiento».

En esa misma línea, junto con recordar que las universidades del Estado son organismos que «gozan de autonomía académica, administrativa y económica», sostienen que «la Universidad de Santiago de Chile no tenía obligación de responder, del modo que lo hizo, a la solicitud de los diputados».

Dicho esto, exigen conocer «si las unidades académicas informantes tenían a la vista la solicitud realizada por los diputados Urruticoechea y Jürgensen cuando cada una de estas respondió a la Vicerrectoría Académica (VRA)».

En segundo lugar, acusan que la entrega de dicha documentación «enviada a los diputados, POR ORDEN DEL RECTOR y firmada por el Secretario General, GUSTAVO ROBLES LABARCA, sin el consentimiento de los involucrados, en nuestra opinión, constituye una acción de delación, y por tanto, deben hacerse responsables por eventuales consecuencias que se deriven de su publicación». En ese sentido, añaden que «la individualización de docentes que imparten estas asignaturas constituye además un acto de persecución y hostigamiento de carácter fascista de quien emana».

La Coordinación de Profesoras y Profesores por Horas de Clase advierte al respecto que el Rector y el Secretario General de la Universidad de Santiago «individualizaron profesoras y profesores jornada y por horas de clases, funcionarios/as y estudiantes, siendo una falta grave a la ética. Más grave aún, cuando la solicitud de los diputados no consideraba individualizar estudiantes, sin embargo, la autoridad lo hizo».

Los docentes añaden que desde que se realizó la cuestionada solicitud -el 9 de julio de 2021- y se concretó la entrega de los antecedentes a los parlamentarios -el 6 de agosto pasado- «la comunidad universitaria de Usach no fue informada de la petición de los diputados» y que «de no ser por la digna actitud de las colegas de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile que hicieron pública una declaración el 21 de octubre, es probable que nuestra comunidad no se hubiera enterado de este grave episodio».

Por otra parte, los profesores rechazaron el argumento de que la información debió ser facilitada a los diputados que la requerían en función de la Ley de Transparencia. «Esta explicación no se responsabiliza por las eventuales consecuencias de la misma, y su entrega se ampara en una interpretación de la legalidad vigente. No aceptamos la aplicación de la teoría de la ‘obediencia debida’ que justifica a los victimarios en su actuar», apuntaron.

Tras exponer todo lo anterior, los profesores por horas de clase de la Usach exigen la renuncia del Vicerrector Académico, Julio Romero; del Secretario General, Gustavo Robles, como asesor y persona de confianza del Rector; y del propio Rector, Juan Manuel Zolezzi.

Junto con ello, demandan que la Universidad de Santiago «solicite a la Cámara de Diputados eliminar de su página web www.camara.cl el documento respuesta de la USACh que, actualmente es de acceso público».

Por último, piden que se abra una investigación sumaria en la Contraloría General de la República, con el objetivo de «establecer responsabilidades en torno a la pertinencia de la ‘información’ que publica contenidos e identidades de funcionarios/as, estudiantes y profesores/as».

Esta posición de los docentes de la Usach en contra de lo ocurrido se suma a lo expresado por casi 40 profesionales, quienes recientemente emitieron una declaración pública en la que, entre otros pronunciamientos, señalaron que «nos preocupa la falta de cuidado con el manejo de los datos personales y, sobre todo, la ausencia de una posición, por parte de la Universidad, frente a un requerimiento que claramente esconde una intención política y doctrinaria tras una fórmula legal».

En esa misma línea, advirtieron que «nos parece grave que no se haya reparado en la expresión ‘ideología de género’, porque denigra nuestro quehacer académico y profesional, a la vez que resulta injustificada la razón para identificar a las académicas y funcionarias».