Mauricio Hernández Norambuena ha sido, además, sancionado tras una denuncia de supuestas amenazas contra gendarmes, la que ha sido negada por su defensa.
El pasado lunes, en entrevista con el matinal de La voz de los que sobran, la abogada de Mauricio Hernández Norambuena, Yanira González, denunció que tras la entrevista que el llamado “Comandante Ramiro” concedió a La Red el pasado 15 de marzo, “Gendarmería ha tenido una actitud más hostil y de provocación” en su contra y que se ha comenzado aplicar un “castigo colectivo” a otros internos de la Sección de Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
De acuerdo a lo informado por el Grupo de Apoyo a Ramiro y por la Coordinadora 18 de Octubre en las últimas horas, Hernández Norambuena ha sido castigado con 20 días sin visita -derecho que actualmente ejerce a través de llamadas telefónicas-, tras ser acusado por sus custodios dependientes de la Dirección Nacional de Gendarmería de haberlos amenazado con torturarlos, lo que ha sido negado por su defensa, advirtiendo además que dicha sanción ha sido aplicada sin serles notificada.
Una acción que su entorno atribuye a la intención de boicotear su traslado desde la Sección de Máxima Seguridad a la Cárcel de Alta Seguridad decretado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, pero condicionado a una “buena conducta” del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Por otra parte, se denuncia que las represalias no solo han caído sobre “Ramiro”, sino que estas estarían afectando a todas las personas privadas de libertad en la mencionada Sección de Máxima Seguridad. En ese sentido, se detalla que se ha aplicado una sanción colectiva, prohibiéndoles la realización de videollamadas para contactarse con familiares y amigos.
A todo esto se suma que en ese sector de la CAS habría problemas de inundación y existirían rumores de posibles contagios de Covid-19 en su interior, no obteniendo, según se acusa, respuestas para enfrentar esta situación desde Gendarmería.
Es por ello que los internos que habitan la Sección de Máxima Seguridad han iniciado una movilización que abarca una “huelga de rancho”, la que consiste en no recibir la alimentación del establecimiento, y una negativa a aceptar la obligación de contactarse con el exterior solo con llamadas telefónicas, las que a juicio de los presos carecen de privacidad y no consiguen finalmente concretarse.
