Altísimas cifras de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social colombiano fueron respondidas por el gobierno de derecha con cuestionable denuncia de “violaciones a derechos humanos de los policías”, discurso que fue fuertemente repudiado.
La noche de viernes (28/5) fue de protesta social en Colombia, para celebrar un mes del estallido social en ese país contra el gobierno de Iván Duque. Pero también fue marcada por una fuerte represión policial, especialmente en la ciudad de Cali, en que se registró una nueva jornada de ataques de la ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios, similar a lo que son en Chile las Fuerzas Especiales de Carabineros) en contra de los manifestantes que rechazan las políticas neoliberales del oficialismo colombiano.
Ante una muestra más de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de extrema derecha de Duque, una docena de organizaciones sociales del país cafetero publicaron una declaración pública denunciando los hecho de esta jornada de 28 de mayo, la cual describieron como “un nuevo escenario de terror orquestado por las fuerzas represivas del Estado Colombiano y ciudadanos armados que dispararon de manera indiscriminada contra los manifestantes, quienes ha concurrido de manera masiva y pacífica”.
Por su parte, el gobierno colombiano respondió con una cuestionable denuncia de “violaciones a los derechos humanos de los policías”, alegando que los miembros del ESMAD “tienen sus derechos vulnerados en una situación en la que están en cumplimiento de su mandato constitucional de preservar el orden público y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”, según palabras del ministro de Defensa, Diego Molano.
El ministro Molano también es autor de una carta sobre ese tema, que medios colombianos como la revista Semana aseguran que ha sido enviada a organismos internacionales como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Organización de los Estados Americanos), CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).
La denuncia del oficialismo colombiano ha generado fuertes reacciones de repudio en redes sociales y en organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre otras razones porque carece de cifras que sostengan ese discurso, lo que además contrasta con una gran cantidad de casos que comprueban las violaciones que son cometidas por las fuerzas de seguridad colombianas en contra de manifestantes durante ese primer mes del estallido social colombiano.
Según la ONG Temblores, la Fiscalía colombiana ha recibido, entre el 28 de abril y el 27 de mayo, el primer mes del estallido, un total de 3405 casos de violencia policial, incluyendo 1133 casos de violencia física, 47 víctimas de agresiones a los ojos, 22 violaciones sexuales, 1445 detenciones arbitrarias, entre otros abusos.
Además, algunas organizaciones también denuncian que la red social Facebook ha censurado páginas de algunas de organizaciones que tratan de revelar los abusos cometidos por el Estado Colombiano en la represión a las protestas, y afirman sospechar que tal medida habría sido tomada por presión del gobierno de Duque.
Nunca está demás completar la información que el estallido social en Colombia fue provocado por un repudio a las políticas neoliberales de la administración de Iván Duque, aunque la chispa de la protesta la encendió el proyecto de reforma tributaria presentado en mediados de abril, que proponía un aumento al IVA y al impuesto a la base de cálculo del impuesto a la renta que beneficiaban a las clases altas – el oficialismo dio marcha atrás a la propuesta, debido al rechazo ciudadano.
