Municipio de La Cisterna intensifica recuperación de propiedades usurpadas bajo el Plan Buen Vivir 2026

La administración del alcalde Joel Olmos ha puesto en marcha una ofensiva estratégica para la recuperación de espacios públicos y propiedades privadas usurpadas en la comuna. A través del Plan Buen Vivir 2026, el municipio busca erradicar focos de delincuencia, tráfico de drogas e incivilidades que afectan la calidad de vida de los vecinos, devolviendo la seguridad y el orden a los barrios.

Actualmente, el municipio mantiene un monitoreo crítico sobre 19 inmuebles identificados bajo ocupación ilegal o presunción de ella, concentrándose la mayor cantidad de casos en el Sector II de la comuna.

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Un respaldo sólido a la acción municipal

El programa de desalojos se sustenta en un robusto marco jurídico que permite la intervención coordinada entre Seguridad Comunitaria, Carabineros y la Delegación Presidencial. Los pilares de estas acciones son:

Ley N° 21.633 (Ley de Usurpaciones): Esta normativa, vigente desde 2023, endurece las penas por ocupación ilegal y establece la flagrancia extendida, permitiendo que la policía actúe mientras persista la ocupación.

Constitución Política (Art. 19 N°24): El municipio actúa en resguardo del derecho de propiedad, vulnerado directamente por las tomas ilegales.

Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC): A través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), se fiscalizan construcciones irregulares y peligrosas dentro de estas propiedades, permitiendo ordenar la paralización de obras y su posterior demolición.

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695: Faculta al municipio para resguardar el uso correcto de los bienes nacionales de uso público y mantener el orden comunal.

«Recuperar espacios tomados ilegalmente no es solo un acto administrativo. Es devolverle los barrios a los vecinos, recuperar la seguridad y hacer respetar el Estado de Derecho», señaló el alcalde Joel Olmos.

Beneficios para la comunidad: Más seguridad y calidad de vida

La intervención de estos inmuebles no solo resuelve un conflicto de propiedad, sino que genera impactos directos en el entorno:

• Eliminación de focos delictivos: Se clausuran puntos de venta de drogas y refugios de delincuentes.
• Recuperación del espacio público: Veredas y plazas aledañas vuelven a ser transitables para familias y adultos mayores.
• Seguridad sanitaria: Se interviene en propiedades abandonadas que generan riesgos de incendios, plagas y deterioro estructural.

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Protocolo de intervención: De la denuncia a la recuperación

El éxito de estos operativos radica en un protocolo técnico de siete etapas diseñado por la Dirección de Prevención del Delito y Seguridad Comunitaria:

1. Catastro y monitoreo: Uso de base de datos interna para seguimiento de casos.
2. Verificación territorial: Inspección en terreno por equipos operativos.
3. Categorización de riesgo: Evaluación del impacto socio-delictual (Alto, Medio o Bajo).
4. Contacto con propietarios: Coordinación legal para facilitar el desalojo.
5. Coordinación interinstitucional: Planificación con Carabineros, PDI y Fiscalía.
6. Recuperación y cierre: Desalojo, limpieza y sellado del inmueble para evitar nuevas tomas.
7. Seguimiento preventivo: Patrullaje constante y monitoreo post-intervención.
8. Con este plan, La Cisterna envía una señal clara: Las tomas ilegales afectan a todo el barrio y el municipio no permitirá que estos espacios sigan siendo focos de inseguridad.