La puesta en escena contó con complicidad de algunos medios empresariales e incluyó a policías fuertemente armados del GOPE, lo que además de no ser necesario, estuvo lejos de lo realizado contra casos comprobados de personeros de la derecha condenados por el Caso Penta.
A falta de agenda electoral, los medios empresariales chilenos se dedicaron este viernes (19/11) prioritariamente a la repercusión del caso que favorece a los candidatos de la derecha, es decir, el recorte parcial del reportaje reciente de Ciper Chile, para destacar específicamente el caso de Karina Oliva, omitiendo completamente que el republicano Rojo Edwards y la evópoli Catalina Parot también han sido apuntados por hechos similares a los que acusan a la representante de Comunes.
Pero el hecho más curioso de esa cobertura fue cuando esos mismos medios estaban con sus cámaras listas desde el minuto uno cuando la Fiscalía realizó el allanamiento de la sede del Partido Comunes, por la tarde, acompañada de personal de GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, que portaban armas de grueso calibre y equipaje que se utiliza normalmente para situaciones de alto peligro, como si fueran a invadir el escondite de un grupo terrorista o un cartel narco. Un uso desproporcionado de la fuerza y un show grotesco para los medios.
El hecho ha llamado la atención de muchos usuarios de redes sociales y también de especialistas en la materia, que lo han considerado una exageración e incluso un posible uso político de la policía para obtener un efecto electoral de la manera más burda y transgrediendo toda racionalidad.
“Este show no tiene ningún sentido. Ingreso con Carabineros fuertemente armados ingresan por la fuerza a sede partido Comunes. Del horror este país. El Ministerio Público debe dar explicaciones”, comentó Claudio Nash, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile, en su cuenta de Twitter.
“Está muy bien que se investigue rápido y fondo el presunto fraude en el partido Comunes, pero la forma en que entró el Gope, con armamento de guerra y derribando la puerta de acceso es completamente extraordinario si es que solo se trataba de incautar computadores. Y por cierto, procedimiento avisado con anticipación para que estuvieran las cámaras de televisión”, afirmó también por redes sociales el periodista Jorge Espinoza Cuellar.
También es curioso el proceder de la Fiscalía este viernes, con la complicidad de Carabineros y de parte de la prensa, es muy diferente de lo realizado en casos que involucran a personeros de la derecha, como los de Pablo Longueira, Iván Moreira y Jaime Orpis, y en el caso de grandes empresarios, como Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, condenados por el Caso Penta y una lista larga de situaciones comprobadas con delitos tributarios y uso de recursos públicos.
Las sospechas del uso de las instituciones en favor de los intereses políticos del gobierno no son una novedad en la administración de Sebastián Piñera. De hecho, el mandatario recientemente escapó de una acusación constitucional en su contra por una situación como esa: su gobierno habría rechazado declarar zona de protección ambiental en Las Higueras, para favorecer el contrato que hizo en un paraíso fiscal con su amigo Carlos Alberto Délano, el mismo condenado por el Caso Penta, situación a la cual el Senado otorgó impunidad.
Ese mismo proceso, cuando se votó en la Cámara de Diputados, donde el gobierno vislumbraba que perderían, también registró un hecho sospechoso: la Seremi de Salud de Valparaíso instaló un control sanitario en la entrada del edificio del Congreso, para supuestamente tratar de impedir el ingreso del demócrata cristiano Jorge Sabag, lo que fue considerado por la Afussav (Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso) como una “fiscalización arbitraria” realizada bajo presión del seremi Georg Hübner.
Respecto al rol de la prensa, cabe una comparación más, porque este mismo viernes salió a la luz que la Contraloría estableció responsabilidad administrativa de Rodrigo Delgado en irregularidades durante su gestión como alcalde de Estación Central, situación cuyas posibles sanciones podrían obligarlo a renunciar al Ministerio del Interior. Los grandes medios chilenos no han puesto en portada y en forma destacada el informe de la Contraloría, sino que han optado por publicar directamente la respuesta del ministro Delgado, bajando el perfil de la noticia.
