Más de 6.500 organizaciones y personas acusan “falta ética y política” del Gobierno por no regularizar a migrantes empadronados

Más de 6.500 organizaciones sociales, académicas y personas firmaron una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que cuestionan la decisión del Gobierno de no iniciar un proceso de regularización para las personas migrantes que participaron del empadronamiento realizado entre junio de 2023 y febrero de 2024.

En la misiva, fechada el 16 de febrero de 2026, los firmantes —entre ellos organizaciones como Amnistía Internacional, el Observatorio Ciudadano y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP— sostienen que el Ejecutivo incumplió una “responsabilidad política y ética” al convocar a un proceso que generó expectativas de regularización en cerca de 180 mil personas en situación irregular.

Según el texto, muchas de estas personas poseen arraigo laboral y familiar y, al acudir al empadronamiento, entregaron datos personales y biométricos al Estado, además de autodenunciar su ingreso por pasos no habilitados. “Cada una de estas 180 mil personas dijeron ‘aquí estoy’”, señala la carta, enfatizando la confianza depositada en el llamado gubernamental.

La controversia se intensificó luego de que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartara públicamente la posibilidad de una regularización, afirmando que el empadronamiento fue un acto de transparencia. Esto, tras declaraciones de la exministra del Interior Carolina Tohá, quien había mencionado previamente la opción de una “regularización acotada”.

Los firmantes advierten que la decisión tendrá consecuencias sociales y económicas, como el aumento del empleo informal, mayores barreras para el acceso a derechos sociales y limitaciones para ingresar al Registro Social de Hogares. Además, sostienen que la falta de regularización podría afectar la cohesión social y abrir espacio a eventuales políticas de persecución en el futuro.

En el documento también se cuestiona el manejo de los datos personales recabados durante el proceso, señalando que, conforme a la legislación vigente, estos debieron ser recogidos con un objetivo determinado y resguardados adecuadamente.

“La única ‘transparencia’ de este proceso la aportaron las personas migrantes”, concluye la carta, acusando opacidad por parte del Estado respecto de los fines y alcances del empadronamiento.