Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó acción judicial que busca penas de presidio para las tres autoridades por el delito de fraude al fisco, en casos como el de Espacio Riesco y de al menos tres hoteles destinados supuestamente a enfrentar la emergencia sanitaria.
Este viernes el 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por eventuales delitos de corrupción presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) en contra del Presidente Sebastián Piñera, del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en el marco de las estrategias sanitarias establecidas para el manejo de la pandemia del Covid-19 en Chile, y tienen como sustento, según planteó la CChDH, antecedentes públicos y el Informe Oficio N° 630/220 de la Contraloría General de la República.
“Existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados”, señala la acusación.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos apunta que uno de los delitos que debe perseguirse respecto del mandatario y de las dos ex autoridades es el de fraude al fisco, esto “en razón de haber intervenido en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones ó el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones”.
En ese sentido, se mencionan eventuales “atenciones a ‘pacientes fantasmas’ que se encontraban fuera del país en fecha anterior al periodo de pandemia en Chile”, y que de acuerdo a lo que detallan los querellantes, “han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una ‘exitosa estrategia sanitaria’”.
Por otra parte, la CChDH denuncia que existe una “responsabilidad penal por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Tráfico de Influencias (…), como es el caso de la ‘doble contratación'” en Espacio Riesco “por $2.900 millones ó el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar”.
