Juez español ordena a Estado chileno pagar alrededor de $470 mil millones a propietarios ibéricos de diario El Clarín

El emblemático períodico El Clarín ha informado este jueves que el titular del Juzgado 101 de Madrid, Pedro José Puerta, emitió una resolución que ordena al Estado chileno pagar 551,77 millones de dólares -alrededor de 470 mil millones de pesos- a los propietarios españoles del diario El Clarín, confiscado por el dictador Augusto Pinochet el mismo 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado en nuestro país.

Como destaca la nota del medio, El Clarín era por entonces el periódico de mayor patrimonio y ventas de Chile -más de 250.000 ejemplares diarios- y con una clara línea editorial democrática. Había sido comprado en 1972 por el empresario Víctor Pey, republicano español exiliado en nuestro país que falleció en 2018 a los 103 años. Hoy los propietarios de las acciones de las empresas editoras son la Fundación Española Presidente Allende, con un 90%, y la hija de Pey, Coral Pey Grebe, con un 10%.

Con esta resolución, el Juzgado 101 de Madrid suma otra sentencia a la establecida en 2013 cuando el tribunal ejecutó las costas impuestas a Chile: más de 3 millones de dólares, que el Estado ya abonó. Ahora lo que se hace es continuar la ejecución de otras disposiciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial.

El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al confirmar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados “de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer”, y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de Protección de Inversiones Extranjeras entre España y Chile.

Cabe destacar que la actual resolución tiene lugar tras más de 10 años de intentos del Estado chileno para impedir que se pudiera materializar la obligación de indemnizar a los inversores españoles que ordena la sentencia fechada en 2008. En ese sentido, el artículo de elclarin.cl destaca que «las dilaciones de los sucesivos gobiernos de Chile, tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera, va a tener como consecuencia actualizar la indemnización, que deberá afrontar ahora el nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric, quien no ha tenido nada que ver con el arbitraje más largo de la historia del CIADI y de Chile».

Por otra parte, se advierte que sobre el fondo de la sentencia que dio finalmente la razón a los inversores españoles, obligando al Estado chileno a indemnizarlos, no cabe recurso alguno.

«La resolución del magistrado Puerta acerca el fin de este larguísimo procedimiento, que en sus inicios parecía una quimera y que ha resultado ser una especie de versión contemporánea del mito de David contra Goliat. De un lado, el Estado chileno, asesorado por los mejores despachos internacionales y recursos prácticamente ilimitados. Del otro, un reducido equipo de juristas solidarios dirigido por el abogado español Joan Garcés, que fue asesor de Allende», releva en su nota de este jueves elclarin.cl.