Investigan a Subsecretaría de Prevención del Delito por fraude al fisco en la compra de cámaras para Carabineros

Un reportaje de Radio Biobío reveló que se habrían transgredido las bases de licitación en la compra de cámaras corporales Motorola para Carabineros. Desde Chile Compra reconocen que los aparatos no cuentan con pre y postgrabado, requisito básico e ineludible para la adjudicación y que ha traído diversos problemas para acreditar la existencia de delitos.

La Subsecretaría de Prevención del Delito, dirigida por la RN Katherine Martorell, depende del Ministerio del Interior, y la licitación que se adjudicó a Motorola fue por por más de $378 millones. La información fue enviada a la Fiscalía Centro Norte donde se tramita una investigación por fraude al fisco.

El reportaje de biobiochile.cl  tuvo acceso a un informe enviado por Chile Compra al fiscal Centro Norte Francisco Ledezma, donde además de Martorell también se incluye a miembros de la comisión que evaluó los antecedentes presentados por la multinacional.

Motorola presentó su propuesta a través del portal Mercado Público, donde a pesar de no cumplir con los antecedentes los miembros del grupo evaluador buscaron información en internet para establecer que la compañía sí cumplía con el pre y post grabado, lo que habría permitido hacer coincidir ilegalmente los requisitos.

El resultado de la competencia derivó en que la empresa Pegasus, otro de los participantes, reclamara ante la autoridad por la vía de un recurso. Martorell desestimó estos argumentos y señaló que Motorola cumplía con todos los requisitos técnicos.

Frente a esta respuesta, Pegasus interpuso una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por fraude al fisco y otros delitos de corrupción, en contra de Martorell y los miembros del grupo revisor.

Pegasus sí cumplía con el requisito de pre y post grabado, de acuerdo a los antecedentes que constan en el portal de Mercado Público y su oferta era 131 millones más barata que Motorola. La ley obliga a decidir por la oferta más económica, pues se considera una ventaja para el Estado, algo que no ocurrió en este caso.

Las cámaras Motorola hoy presentan problemas de coordinación digital con el software entregado por la propia empresa, en particular con la trazabilidad de las imágenes que se envía al Ministerio Público para acreditar la existencia de delitos.

Biobiochile.cl también señala que Martorell está siendo cuestionada por Contraloría tras las adquisición de mil cámaras de vigilancia a la empresa Ingesmart por 1.400 millones de pesos, luego que se detectara falta de interoperatividad de los artefactos con el sistema de control externo.

Estas cámaras de marca HIKVision son de origen chino, prohibidas en Estados Unidos y vetadas en el estándar internacional de televigilancia por los problemas que presentan en el sistema informático. Además servirían para realizar labores de espionaje.