«Impedirían a una gran cantidad de jóvenes optar al beneficio»: organizaciones que impulsaron indulto a presos de la revuelta rechazan cambios del Senado

Este martes fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind), las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

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Sin embargo, esta modificación no fue bien recibida por los familiares de los presos de la revuelta, siendo rechazada incluso por las organizaciones que impulsaron su tramitación en el Congreso.

Se trata de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, la que junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos difundió este martes una declaración pública en donde advierten que «las indicaciones presentadas en orden a disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la Ley de control de armas, homicidio frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado, atentan directamente contra el espíritu del proyecto».

En ese sentido, las agrupaciones denuncian que lo anterior «impediría a una gran cantidad de jóvenes optar a este beneficio, considerando que durante este gobierno se aumentaron las penas asociadas a la Ley de control de armas».

Cabe recordar que -como detallan en el documento- las aludidas indicaciones realizan las siguientes modificaciones a la iniciativa: «i) Cambia su título, de Indulto General a Amnistía; ii) Acota el catálogo de delitos incorporados para la aplicación de la ley; iii) Establece un filtro adicional para acceder a la amnistía, el cual sería no tener antecedentes delictivos por el mismo delito o similar, al momento de los hechos; iv) Se repone el plazo original para el efecto de la amnistía, es decir, desde el 07 de octubre de 2019 al 09 de diciembre de 2020; y v) Si bien mantiene el efecto de extinguir la pena, se hace obligatorio la eliminación de los antecedentes administrativos en los registros del Ministerio Público».

Las organizaciones continúan señalando en su declaración que «nuestra preocupación central es que persiste la criminalización de la protesta social, lo que se ha traducido en la extensión con fines políticos de la prisión preventiva por más de dos años en algunos casos, negando totalmente la presunción de inocencia». En esa misma línea, sostienen que «es grave la situación que enfrentan los condenados, considerando reiterados casos en que se ha comprobado montajes, infiltración policiaca y errores graves de procedimiento». 

«Lo sucedido hoy en la comisión del Senado tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad, considerando el excesivo tiempo transcurrido sin el debido proceso, las inhumanas condiciones carcelarias, así como el contexto de revuelta social en que ocurren estas detenciones arbitrarias», denuncia finalmente la Asamblea de Familiares de los presos y el Grupo de Iniciativas por su libertad.

«Para los jóvenes presos políticos y sus familias esto constituye una nueva vulneración y denegación de sus derechos humanos fundamentales, instalando con urgencia la necesidad de cambios profundos en la institucionalidad de nuestro país», concluyen las organizaciones.

Puedes leer la declaración completa a continuación.