¿Cuál crisis?: La visión sobre los trabajadores y vulnerabilidad social de la CChC y economistas de derecha

Según publica hoy El Mercurio, tanto la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) como algunos economistas de derecha, diagnosticaron que hay «escasez de trabajadores por efecto de ayudas económicas por pandemia». Declaraciones desafortunadas en un país fuertemente golpeado por la crisis sanitaria y que, según las últimas cifras del INE (de febrero de 2021), la tasa de desempleo aumentó a un 10,7% en 2020.

«Si nunca se quita el subsidio, se empieza a generar dependencia y el país no tiene los recursos para financiar a una enorme cantidad de trabajadores viviendo del Estado».

De esta manera, Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros ESE Business School U. de los Andes, se refiere al supuesto fenómeno que tanto otros economistas de derecha como la Cámara Chilena de la Construcción tienen sobre la «escasez de mano de obra» que estaría impactando al sector.

Según afirma el diario de Edwards, el diagnóstico de la industria de la construcción es que «habría menos personas disponibles para ingresar a trabajar en este sector por el impacto económico de las ayudas estatales y diversos beneficios económicos que se han activado en la pandemia».

Al menos resulta curioso aquel diagnóstico, dado que las ayudas que tuvo que activar el gobierno, a través de distintos subsidios económicos directos, como el Bono IFE o el Bono Covid, están dirigidos a las familias más vulnerables que, en términos prácticos, vivían del día a día en trabajos muchas veces informales, y que desde el inicio de las cuarentenas vieron afectados esos ingresos, o en otros casos, quedaron desempleados debido a que diversos rubros (como el retail, comercio gastronómico o turístico) quedaron de manos cruzadas.

En un documento presentado por la CChC a la Cámara de Diputadas y Diputados, señalaron que «las nuevas fuentes alternativas de ingresos para los trabajadores de la construcción (el efecto riqueza de las transferencias y/o los beneficios del aplazamiento de las obligaciones financieras) están alterando el salario de reserva (salario desde el cual una persona estaría dispuesta a trabajar (…) El salario de reserva para un obrero representativo de la construcción oscila entre $579.000 y $700.000, ambos extremos superan el salario promedio observado en la actividad de la construcción ($527.000)».

En tanto a los montos expresados por la CChC, parecen abultados y fuera de la realidad de las miles de familias vulnerables que deben postular a las ayudas estatales, incluso sumando los retiros voluntarios del 10% de los fondos previsionales. Se sabe que cada bono dado por el gobierno tiene distintos topes y depende de varios factores (integrantes del grupo familiar, porcentaje de vulnerabilidad, fase según el Plan Paso a Paso en que se encuentra la comuna del beneficiado, etc.).

El desafortunado diagnóstico, además se da en medio de un país cuya tasa de desempleo consolidado del año 2020 aumentó 3,5 puntos porcentuales respecto del 2019, llegando al 10,7%, según los datos entregados en febrero por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En cifras más cercanas, hubo en promedio 939.139 personas desocupadas, con un incremento anual del 34,5%.

Es más, según los datos que entregó el INE, uno de los sectores económicos que más incidieron en la disminución de los ocupados fue el de la construcción, con una disminución en tanto a la empleabilidad del 20,3%.

Datos que no se condicen con lo que expresan economistas como Tomás Flores, de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien indicó en la publicación de El Mercurio que «lo más probable es que en el segundo semestre una parte sustancial de las ayudas desaparecerá. Eso llevaría a una normalización de la disponibilidad de trabajadores y aun rebalanceo del salario de reserva».

Finalmente, dado el panorama que muestra la CChC, se abren otros debates sobre los sueldos que ofrecen las empresas ligadas a la industria de la construcción. ¿Son tan bajas las remuneraciones en el rubro y tan poco atractivas las condiciones ofrecidas a la gente, que a pesar de sus condiciones (no de privilegio, claramente), prefieren vivir del asistencialismo?

Porque si para trabajar con condiciones mínimas, explotados con jornadas de 10 horas, sin beneficios de colación o transporte, sin garantías laborales, sin cobertura de salud ni seguros por accidentes, trasladándose horas en un transporte público saturado, exponiéndose al contagio del COVID-19, y por un sueldo mínimo, ¿quién no preferiría quedarse en casa y esperar un bono que, quizás, puede igualar ese monto que ayuda a sobrevivir?

Según señaló el economista Marco Kremerman de la Fundación Sol, en agosto de 2020, en Chile hay 522 mil personas subempleadas que trabajan menos de 30 horas a la semana, con jornadas parciales pero involuntarias. «Necesitan trabajar más horas, pero encuentran un empleo de 10 horas. Entones, había cantidad de trabajo pero no calidad de trabajo”, argumenta, recordando, por ejemplo, que la mitad de los chilenos gana menos de $400.000 mensuales.

Las cifras y testimonios de trabajadores dan cuenta de la desigualdad y lo alejados de la realidad que viven las elites en Chile. Queda muy claro que «la gente no es ni floja ni pobres porque lo quieran», aunque algunos, los del Chile del 20%, sigan pensando lo contrario.