Cámara aprueba acusación constitucional contra Nicolás Grau y Senado definirá su futuro político

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, permitiendo que el libelo continúe su tramitación en el Senado, donde se resolverá si procede o no una eventual sanción política en su contra.

La acción fue visada por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, pese a que la comisión revisora había recomendado rechazarla por considerar que no existían fundamentos suficientes para acreditar las infracciones denunciadas.

La acusación apunta a la responsabilidad política del exsecretario de Estado por las diferencias detectadas entre las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno de Gabriel Boric y las cifras que posteriormente fueron corregidas respecto del déficit fiscal y la deuda pública.

La votación se produjo tras una extensa sesión en la que la defensa de Grau intentó detener el avance del proceso mediante una cuestión previa. Sin embargo, la Sala rechazó ese recurso y dio paso a la discusión de fondo del libelo.

Con la aprobación de la acusación, los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz fueron designados para representar a la Cámara ante el Senado durante la siguiente etapa de la tramitación.

Impulsores defendieron la existencia de responsabilidades políticas

La acusación fue promovida por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, quienes contaron con el respaldo de diputados del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional y el Partido Social Cristiano.

Durante el debate, el diputado Pier Karlezi sostuvo que el objetivo de la acción constitucional era establecer responsabilidades políticas frente a las discrepancias detectadas en las proyecciones fiscales.

“La responsabilidad política existe precisamente para estos casos”, argumentó el legislador, quien defendió la necesidad de que las autoridades respondan por los antecedentes entregados durante su gestión.

Por su parte, el diputado Javier Olivares (PDG) confirmó el respaldo de su bancada, señalando que las decisiones vinculadas a las finanzas públicas tienen efectos directos sobre la ciudadanía y no pueden quedar exentas de revisión.

Comisión revisora y defensa cuestionaron fundamentos del libelo

El avance de la acusación se produjo pese al informe desfavorable emitido por la comisión revisora, instancia que el lunes recomendó rechazar la presentación.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Marcela Hernando (PR), afirmó que los acusadores no lograron establecer con claridad qué conducta específica del exministro habría vulnerado una norma determinada.

A ello se sumó la defensa encabezada por el abogado Patricio Zapata, quien planteó una cuestión previa para intentar detener la tramitación. El jurista sostuvo que uno de los principales argumentos de la acusación había perdido sustento tras el más reciente informe emitido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

No obstante, la mayoría de los diputados optó por respaldar la continuidad del proceso.

Debate dejó diferencias en diversos sectores políticos

La discusión en la Sala también evidenció posiciones contrapuestas entre distintas bancadas.

Desde la oposición de centroizquierda, el diputado socialista Juan Santana cuestionó la acusación y sostuvo que las proyecciones económicas corresponden a estimaciones sujetas a cambios, descartando que existiera una infracción constitucional.

En la misma línea, el diputado Carlos Cuadrado (PPD) calificó el libelo como una acción sin sustento técnico suficiente y anunció el rechazo de su bancada.

Las diferencias también se manifestaron en sectores que respaldan al Gobierno. El diputado Luis Pardo, por ejemplo, votó en contra de la acusación y llamó a concentrar los esfuerzos legislativos en las materias que demandan los ciudadanos.

Con ello, la acusación constitucional superó su primer trámite legislativo y quedó a la espera de la revisión del Senado, que tendrá la decisión final respecto del exministro Nicolás Grau.