Luego de conocerse la red de delaciones encabezada por el alcalde Felipe Alessandri, apoderados del INBA junto a la Corporación 4 de agosto buscarán derogar la Ley Aula Segura. Esto, con la idea de poner fin a la persecución y criminalización de los estudiantes secundarios.
Este lunes el Centro de Padres y Apoderadas del Instituto Nacional Barros Arana (CEPA), junto a la Corporación 4 de agosto, presentó una propuesta para derogar la Ley Aula Segura. A ellos se sumó también el apoyo de la concejala Rosario Carvajal.
Esta legislación ha sido “una nefasta ley que solo ha provocado represión y segregación a los estudiantes de nuestro país”. “A los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar”, cuestionó la presidenta del CEPA.
El Congreso promulgó Aula Segura a fines del año 2018, cuando Marcela Cubillos encabezaba el Ministerio de Educación. Su tramitación estuvo marcada por las críticas de las comunidades educativas por la criminalización que significa para los estudiantes afectados. Aquello, puesto que faculta a los directores de colegios para expulsar o cancelar la matrícula de estudiantes que participen en hechos de violencia.
La idea de derogarla surge luego de que la semana pasada se hiciera pública una red de Whatsapp en la que funcionarios municipales, policiales y del INBA entregaban información sobre estudiantes activos en las movilizaciones. Una iniciativa que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, negó conocer. Sin embargo, mensajes del grupo dan a entender que él estaba en conocimiento.
La candidata a alcaldesa, Irací Hassler, una de las personas que encabezó la denuncia, puso en duda la negativa del alcalde. La actual concejala aseguró que “no es creíble que Alessandri no haya tenido conocimiento”. Por lo mismo, presentó una denuncia ante la Contraloría General, para así esclarecer si esta era la única red entre los colegios de la comuna.
