La interceptación de los teléfonos del comunicador Mauricio Weibel y de cuatro uniformados se consiguió luego de que la institución castrense le mintiera a la Corte de Apelaciones durante el período en donde Espina, ahora integrante del Consejo de Defensa del Estado, era ministro de Defensa.
Karinna Fernández, abogada del periodista Mauricio Weibel, pidió formalmente a través de una carta que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se haga parte en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte por el espionaje telefónico del Ejército al comunicador y cuatro militares que denunciaron corrupción al interior de esa institución.
Cabe recordar que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) consiguió interceptar los aparatos móviles del investigador y de los uniformados gracias a una autorización que la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó a la entidad uniformada luego de que, amparándose en la Ley de Inteligencia, falsamente se le informara que los números telefónicos que serían espiados pertenecían a supuestos agentes extranjeros que se encontraban en nuestro país. Lo que ocurrió es que en realidad correspondían al de Mauricio Weibel y a los de los ex oficiales Rafael Harvey y Carlos Farías. Por otra parte, los celulares del ex sargento Juan Pablo Díaz y del cabo primero Sergio Tudesca también fueron intervenidos.
Por otra parte, según informa Radio Bío Bío, en la misiva dirigida al presidente subrogante del CDE, Daniel Martorell, la abogada Fernández pide que el actual consejero de dicha entidad, Alberto Espina (RN), se inhabilite y no participe de ningún análisis, debate o resolución en la materia. Esto porque, antes de ser nombrado como integrante del Consejo de Defensa del Estado y cuando salió a la luz el espionaje, Espina era ministro de Defensa, siendo responsable entonces del control y administración de las ramas armadas.
Al respecto, cuando esta semana Espina abordó lo ocurrido ante la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, respondió que la cartera que dirigió hasta julio de 2020 no tenía “injerencia” en las gestiones que realizó el Ejército ante la Corte de Apelaciones para que, con antecedentes falsos, fueran autorizadas las escuchas telefónicas.
