A 2 años de la sentencia de la Corte Suprema: Las medidas siguen sin cumplirse por las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví

Tras las intoxicaciones masivas ocurridas el año 2018 en Quintero y Puchuncaví, la Corte Suprema reconoció la vulneración de derechos y el abandono por parte del Estado que vivían las comunidades de dicho territorio. Han transcurrido dos años desde la sentencia, pero las medidas dictadas siguen sin cumplirse.

La Defensoría Ambiental dio a conocer a través de sus redes sociales @defensoriaambiental, su molestia por el incumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema el 28 de mayo de 2019, que se hace patente al considerar los altos niveles de contaminación que aún afectan al territorio. La elaboración de instrumentos y medidas insuficientes evidencian que las soluciones no han sido acordes a la urgencia de la zona.

La contaminación acumulativa y sinérgica provocada por el Complejo Industrial Ventanas -compuesto por empresas públicas y privadas que se han ido instalando desde los ’50- ha significado que, tras las intoxicaciones masivas de 2018, la situación del territorio no haya cambiado considerablemente.

Al respecto, Cristina Luz, Abogada de la ONG, señaló que “la Corte Suprema fue clara en afirmar que Chile es responsable de estas vulneraciones, y dio quince medidas concretas para avanzar, que tienen que ver con acceso a la información para la gente, con acceso a la salud, con marcos normativos y regulatorios, pero nada de eso se ha cumplido. Lo que el Gobierno hizo fue establecer un sistema de gestión de episodios críticos que lo único que hace es informar sobre condiciones meteorológicas favorables o no favorables. Un 84% del tiempo la bahía funciona bajo condiciones meteorológicas críticas”.

Sobre el acceso a la información, la abogada agregó que la sentencia obligaba a elaborar una página web que entregara información sobre el avance de estas medidas, y que, si bien esta existe, es inaccesible y sumamente compleja, tanto así que solo organismos técnicos o profesionales podrían descifrar y comprender la información que ahí se sube. Por otro lado, la página está permanentemente desactualizada, incumpliendo la medida de garantizar un correcto acceso a la información.

En materia de salud, la gente aún no ha sido informada sobre qué fue exactamente lo que les intoxicó, por lo tanto, no tienen ni diagnostico ni tratamiento. El hecho de que la Corte Suprema haya establecido un mecanismo de adaptación a un estándar de derechos humanos y el Estado lo incumpla deliberadamente resulta frustrante para quienes han estado relacionados de una u otra forma al caso.

En ese sentido, Valentina Inostroza, encargada territorial de ONG Defensoría Ambiental señaló que este caso evidencia “las limitaciones en la obtención de justicia para la zona de sacrificio y resistencia más icónica de nuestro país, ya que, a tres años de los eventos de contaminación, las comunidades afectadas siguen sin saber exactamente qué fue lo que pasó. Es lamentable que la totalidad de las medidas dictaminadas por el tribunal más alto de justicia en el país, se demoren tantos años en ser ejecutadas o simplemente queden a medio cumplir, porque esto evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades que están expuestas a la contaminación de empresas tanto públicas como privadas. Estas comunidades no pueden esperar más».

Actualmente es la Corte de Apelaciones de Valparaíso la encargada de ejecutar el fallo y vigilar su cumplimiento, sin embargo, ha archivado los antecedentes en múltiples ocasiones durante el último tiempo. Frente a esto, las organizaciones medioambientales y comunidades del territorio han pedido el desarchivo, señalando el incumplimiento de la sentencia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ha continuado archivando los antecedentes, sin siquiera verificar el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema hace ya dos años.