Lapidario informe anual de Defensoría Penal: 121 mil personas imputadas eran inocentes y un centenar superó dos años preso esperando juicios

Este martes el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, rindió cuenta pública de la gestión institucional del año 2021 de la Defensoría Penal Pública, donde entregó un lapidario informe sobre lo ocurrido con procesos judiciales abiertos en contra de personas que finalmente resultaron ser inocentes, o respecto de aquellos que han sido privados de libertad preventivamente por más tiempo de lo que la ley establece.

En ese sentido, Mora detalló que durante el año pasado ingresaron 310.723 causas a la Defensoría, de cuyo total hubo 15.321 personas a las que se les aplicó prisión preventiva. Y si bien eso implicó una baja de un 16,4% respecto de quienes recibieron esa medida cautelar en 2020, el Defensor Nacional manifestó su preocupación frente a los 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad esperando un juicio, superando el límite legal.

“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo”, advirtió Mora.

Frente a esto es que -añadió- la Defensoría lleva varios años trabajando para combatir el uso abusivo de la prisión preventiva, lo que se reflejaría en un progresivo aumento de la tasa de solicitudes de revisión de esta medida cautelar, la que pasó de un 40% en 2018 a un 60% en 2021.

La autoridad profundizó en aquello planteando que el desafío es entonces “tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que deben obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son estos los cimientos de cualquier normativa democrática”.

Especial énfasis se le dio igualmente durante la cuenta pública a los 121.342 personas imputadas que durante 2021 terminaron sus causas siendo absueltas o sobreseídas, representando esto la cifra más alta desde los inicios de la Reforma Procesal Penal y un 30,3% del total de casos finalizados el año pasado.

Al respecto, el Defensor Nacional destacó que el 55% de quienes resultaron ser inocentes fueron imputados por delitos vinculados a infracciones sanitarias, mayoritariamente a las del artículo 318 del Código Penal, el que durante 2020 y 2021 se utilizó para perseguir el incumplimiento del toque de queda y de las cuarentenas sanitarias.

Mora calificó como una «política criminal» adoptada por el Ministerio Público la utilización del artículo 318 del Código Penal para perseguir las mencionadas infracciones sanitarias, destacando que esto generó un ingreso y recarga masiva del sistema penal.

Por otra parte, la autoridad de la Defensoría Penal Pública detalló que en 2021 un total de 55.400 mujeres fueron representadas por el organismo, explicando que los delitos que se les imputaron suelen ser de baja penalidad, como lesiones, infracciones sanitarias, hurto y contra la libertad e intimidad de las personas, los que concentraron el 75% del total de ingresos. De estas mujeres, 1.626 fueron enviadas a prisión preventiva.

“La privación de libertad de las mujeres trae consigo una mayor estigmatización social y afectación familiar, considerando que muchas de ellas son jóvenes, pobres, madres solteras al cuidado de sus hijos, con escasa escolaridad y opciones laborales, y que suelen ser sancionadas intrapenitenciariamente con prohibición de visitas por el uso indebido de teléfonos celulares, cuyo único objetivo -en la mayoría de los casos- es comunicarse con sus hijos”, alertó Carlos Mora Jano.