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“Y va a caer la educación de Pinochet”: Convención consagra el acceso universal a la educación en todos sus niveles y prohíbe el lucro en el sistema educativo

En una histórica jornada, el pleno de la Convención Constitucional aprobó los artículos 16 y 17 del informe de segunda propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales en torno a materia educativa.

En la sesión plenaria n°100, el pleno del órgano constituyente aprobó, por 116 votos a favor, 15 abstenciones y 20 en contra, el artículo 16 del informe y que señala que «todas las personas tienen derecho a la educación y esta es un deber primordial e ineludible del Estado«.

Así mismo, la normativa establece que “la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional”.

El artículo consagra que la educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. 

Así también se aprobó el artículo 17 del informe y que consagra que la educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

El pleno del órgano estableció que el Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del Sistema.

“Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de este derecho, y tendrán prohibida toda forma de lucro”, señala el artículo.

El Sistema aprobado por el pleno establece que se promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. Así mismo, el Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. 

Además, el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. 

Finalmente, el pleno del órgano estableció que el Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. 

Tras la votación y aprobación del artículo, las y los convencionales vociferaron los clásicos canticos del movimiento estudiantil: «y va a caer la educación de Pinochet» y «la educación chilena no se vende, se defiende».

Ambos artículos, al contar con el apoyo de más de dos tercios de los convencionales, pasaron al borrador de nueva Constitución.

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