En 2020, la Junaeb hizo un sorteo para entregar computadores a niños y niñas de 7° Básico en el marco del programa “Yo elijo mi PC”. En la Provincia de Cordillera, más de la mitad de los estudiantes de ese nivel se quedaron sin equipos, en plena pandemia y cuando el sistema educacional se tuvo que adaptar a las clases virtuales. Sin conectividad, los alumnos recibieron guías cada dos semanas para tener acceso al material pedagógico. Algunos, esperan a que lleguen sus padres en la noche para poder entrar por el celular a las clases grabadas. Esta es la denuncia que realizan los apoderados sobre el abandono de estudiantes vulnerables el suroriente de la capital.
La agrupación de padres y apoderados de colegios públicos de la Provincia de Cordillera (que contempla las comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque), realizó una grave denuncia contra el gobierno de Sebastián Piñera respecto a la pésima gestión en materia sanitaria y educacional en su territorio.
Específicamente, apuntan que a través de diversas falencias en las políticas de mitigación en lo que respecta a la ayuda que debería haberse implementado en los colegios para que los estudiantes tuvieran acceso a sus clases virtuales –que se arrastran desde el 2020–, ya que estas se han realizado “a medias” tanto por el Ministerio de Educación, la Junaeb y los sostenedores (alcaldes), con lo que se estaría vulnerando, justamente, el derecho a la educación de niños y niñas.
Pero, lo que es peor aún, es el diagnóstico que hacen respecto a esta situación: que frente a la falta en el acceso a la educación a distancia de los estudiantes más vulnerables, el ministro Raúl Figueroa tendría la justificación perfecta para llevar adelante su gran objetivo desde que se declararon las cuarentenas en el país: el retorno presencial a clases.
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A diferencia del año pasado, donde la Junaeb junto al Ministerio de Educación anunciaron con bombos y platillos la entrega de computadores con conexión a internet a estudiantes de 7° Básico, este año el proceso no ha sido comunicado con la misma efusividad ni menos publicado en sus canales de comunicación.
Un entonces triunfalista ministro Raúl Figueroa, decía por aquel entonces que “hemos podido adelantar en un mes la entrega de más 120 mil computadores con conexión a internet. Estamos conscientes que estos notebooks son muy esperados, porque en muchos casos pasan a ser el único computador de todo el núcleo familiar. Por ello también era importante para el Gobierno que llegarán de forma anticipada a los hogares más vulnerables en momentos en que todo el país atraviesa momentos complejos”.
Para Geraldine Pavez, actual vocera de 23 Centros de Padres y Apoderados de los colegios públicos de la Provincia de Cordillera, cuenta que lo que ha pasado desde el año pasado con el inicio de la pandemia y el cambio a las clases virtuales debido a las cuarentenas, ha sido el abandono a los niños y niñas más vulnerables, transgrediendo su derecho al acceso a la educación y usar esto “para tenerlos como justificación y crear la necesidad de un retorno a clases presenciales”.
Alega que, hasta ahora, hay un 25% de los estudiantes de la provincia que aún no tienen acceso a conexión ya que no les han entregado computadores. “Teníamos un escasez de conexión de un 45% y entregaron menos de un 20% de tablets con conectividad (a internet) para que pudieran acceder a las clases virtuales”.
La vocera nos comenta que incluso se ha reunido con algunos diputados del distrito 12, como Camila Vallejo (PC), Amaro Labra (PC) y Miguel Crispi (RD), para denunciar estos hechos, ya que “los séptimos básicos de los colegios públicos no han tenido el beneficio de la Junaeb hasta la fecha, y además de eso, tampoco renovaron la conexión (de los equipos) de los niños que hoy están en Octavo y se están quedando sin internet, por ende de las clases virtuales”, reclama.
“Esta es la forma que tiene para presionar el Sr. Figueroa a los apoderados de las escuelas vulnerables como las nuestras para forzar un retorno a clases”
De hecho, el pasado 16 de junio el diputado Crispi solicitó a la Comisión de Educación de la Cámara Baja a que se oficie al Ministerio de Educación, tras esta denuncia de los apoderados, quienes desde marzo han solicitado la entrega de equipos para los estudiantes de 7° Básico, ya que, a la fecha, aún no han repartido, dejando sin acceso a clases a un centenar de niños y niñas.
“Estas herramientas con básicas para enfrentar de mejor forma la modalidad de clases virtuales. Esperamos que el Mineduc nos escuche y agilice la entrega de dichas herramientas tecnológicas. Además, que se pueda revisar la posibilidad de extender la conexión de banda ancha para los estudiantes que fueron beneficiarios de este programa en el periodo 2020, por un año más”
Miguel Crispi
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Una de las situaciones paralelas que surgió ante la organización de los apoderados de los colegios públicos de la Provincia de Cordillera es que, ante la falta de equipamiento por parte de la Junaeb que estaban demandando para que los niños y niñas pudiesen seguir estudiando, la Superintendencia de Educación –representada por el ingeniero civil Cristián O’Ryan– autorizó el uso de los recursos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), particularmente “en la adquisición de software y hardware destinado al mejoramiento educativo, pudiendo excepcionalmente extenderse su inversión a la implementación de estas tecnologías en los hogares de alumnos y alumnas” según indica el dictamen 47/2020 y rectificada en el 55/2020.
El problema es que esta información fue omitida por los sostenedores a los padres y apoderados. Y lo que es peor: habiendo tenido recursos para mejorar el equipamiento y el acceso a internet a muchos estudiantes que habían quedado fuera del programa “Yo elijo mi PC” vinculado a las Becas TIC de la Juaneb, no se utilizaron de manera eficiente. ¿Una maniobra política para utilizar la vulnerabilidad de los niños y niñas que más necesitan del apoyo del Estado en beneficio de la obsesión de un ministro fuertemente criticado?
Además, acusan al alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), de apropiarse de su lucha ya que, en plena campaña electoral, donde buscaba la reelección, mencionó en una intervención que fue gracia a su gestión el que “los niños de Puente Alto están conectados”, lo que indican es falso.
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Por medio de Ley de Transparencia, el Centro de Padres y Apoderados del Complejo Educacional Consolidada, solicitó en noviembre pasado el detalle de los gastos que el establecimiento había realizado por Ley SEP durante el 2020. La respuesta obtenida en marzo de este año verificó las sospechas que los dineros no habían sido bien destinados a las necesidades básicas de los estudiantes para tener acceso a las clases virtuales durante las cuarentenas, modalidad que se extienden hasta hoy.
Según el documento enviado por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, el liceo en cuestión gastó $47.547.019 del financiamiento SEP en diversos gastos que, según el detalle entregado, solo $12.238.305 fueron destinados a equipos informáticos.
“De una matrícula de 1.540 niños, nos mandaron 250 tablets (marca Lenovo M8). Supuestamente eran 287 para nuestro colegio, pero ellos se excusaron que debían reponer 30 y las otras siete para no sé que. Básicamente en el colegio los profesores, con Asistente Social y la Jefa de UTP, tuvieron que seleccionar a quienes ‘bendecían’ con una famosa tablet ya quienes le podían dar el derecho a estudiar durante el año, mientras los otros niños que quedaron sin tablet y sin conexión, todavía están haciendo guías”
Geraldine además comenta que la Junaeb tampoco ha entregado útiles escolares este año. “Ha sido una burla, una humillación, un descaro total del Sr. Figueroa con los niños de los colegios públicos. A ellos lo único que les importa es que los 41 colegios privados que tienen en Cantagallo y en Vitacura estén listos para el retorno”, menciona indignada.
¿Qué pasa si se confirmara el retorno a clases en comunas en Fase 1 o 2 como dio a entender el ministro estos últimos días? Para Pavez, esta alternativa está lejos de la realidad de los colegios públicos, con cursos sobre los 45 alumnos por sala, las que están lejos de encontrarse acondicionadas para tener la ventilación adecuada y recomendada por los mismos protocolos dispuestos por el Minsal.
“Tampoco quieren volver a clases”, dice Geraldine en relación a algunos colegios particulares subvencionados que se han unido a la Coordinadora de Comunidades de la Educación de Cordillera. Menciona que en esos establecimientos también tienen alumnos en situaciones de vulnerabilidad, pero con trámites distintos para obtener beneficios sociales, y que por eso los han acogido. “La vulneración de los derechos de los niños no tienen clase social”, concluye.
