A menos de un mes de dejar La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera se encuentra realizando cuestionados movimientos desde el Ejecutivo. Dentro de estas medidas se incluyen, por una parte, el apoyo del Gobierno para que la industria de salmones pueda operar en zonas naturales protegidas, y por otra, la venta de algunas propiedades de la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Respecto a lo primero, cabe señalar que el Senado hace pocos días aprobó un proyecto de ley (Boletín 14811-21) presentado por la administración Piñera el pasado 24 de enero, el que busca introducir una “concesión acuícola sustentable”, lo que permitiría a las salmoneras seguir operando en las áreas naturales protegidas.
La propuesta fue puesta en urgencia recientemente por el mandatario y ahora deberá seguir su discusión en particular en la Cámara Alta.
La iniciativa del Gobierno sostiene que en el mar de las regiones de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes “se encuentran bajo alguna categoría de protección 19 millones de hectáreas, mientras que para el desarrollo de la acuicultura se han otorgado tan solo 27 mil hectáreas, es decir, el 0,14% de las áreas de protección en la macrozona sur”.
Enfatizado lo anterior, el Ejecutivo sostiene en su proyecto que “actualmente, existen concesiones al interior de las áreas protegidas, por lo tanto, su eliminación tendría un fuerte impacto” en las mencionadas regiones.
CASO ENAMI LLEGA A CONTRALORÍA
Por otra parte, durante los últimos días se ha dado a conocer que el próximo 10 de marzo -un día antes de dejar el poder- el Gobierno rematará diferentes propiedades ubicadas en Santiago y regiones de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Esto incluye su edificio corporativo ubicado en Mac Iver 459 en la capital, con 1.090 m² de terreno y 8.219m² construidos en 10 pisos de oficinas de 820m² cada uno, por un monto mínimo de $4.400 millones.
Ante esto, la futura ministra de Minería y actual diputada, Marcela Hernando (PPD), envió un oficio el pasado viernes a la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento sobre la pertinencia y legalidad de la venta de los inmuebles estatales.
Al respecto, Hernando señaló que “en forma extraoficial he sido informada que la decisión de enajenar estas propiedades pertenecientes al patrimonio de la empresa estatal no ha sido aprobada por el directorio, cuestión que a mi parecer vulnera los propios estatutos de Enami”.
Asimismo, la hoy parlamentaria sostuvo que “el solo hecho de realizar un remate el 10 de marzo de 2022, a un día de que las nuevas autoridades gubernamentales asuman sus cargos, es a lo menos imprudente y atentatorio contra los principios básicos de la transparencia que requieren este tipo de actividades”. En ese sentido, enfatizó que “Enami es una empresa pública que tiene la obligación de ser cautelosa y celosa en sus procedimientos administrativos”.
Esta decisión de la administración Piñera se suma a otra anterior determinación que el Ejecutivo tomó respecto a las concesiones mineras, luego de que durante enero Sebastián Piñera adelantara la cuestionada concesión de nuevos yacimientos de litio, hecho que levantó críticas e incluso pronunciamientos legales ante la Justicia.
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