El pasado 28 de junio, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de Benjamín Espinoza, Matías Rojas y Jesús Zenteno por una condena que había sido anulada por la Corte Suprema. Además, Espinoza y Rojas habían sido absueltos de todo cargo el pasado 31 de mayo. Mientras tanto, Zenteno tenía audiencia el próximo 8 de agosto.

“Notifíquese la presente resolución al Ministerio Público y a la Defensa (…) Despáchese orden de detención en contra de los sentenciados (…) a fin de dar cumplimiento a lo ordenado”, indica la cuestionada resolución firmada por la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ely Rothfeld Santelices y que llegó a manos de la Defensoría Popular durante la madrugada del pasado 29 de mayo.

En una declaración pública, los abogados de la Defensoría Popular señalaron que “en el actual momento queremos comunicar especialmente la sospechosa decisión adoptada por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, a instancias del Consejo de Defensa del Estado, de decretar la detención de Benjamín, Matías y Jesús, que son los muchachos del caso Hotel Principado”.

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Al mismo tiempo, los juristas explicaron que la orden de detención “carece de fundamento fáctico y jurídico”. Así mismo, dieron a conocer que se presentaron recursos de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Espinoza, Rojas y Zenteno.

El abogado Lorenzo Morales, quien fue parte de la defensa de los acusados, señaló que el “equívoco que comete la jueza es grave y tiene que ver que ella quiere ejecutar la sentencia del primer juicio que se fue a anulado”.

“La sentencia fue anulada. Ese es el equívoco mayor que tiene que ver contra la libertad ambulatoria de nuestro representado. Nosotros tenemos derecho, como ciudadano a sospechar de esa resolución”.Lorenzo Morales

Por su parte, el abogado Rodrigo Román señaló que “el Consejo de Defensa del Estado actúa en esta etapa del proceso y hay una norma expresa en la ley que impide que cualquier querellante o acusador particular actúe. El artículo 466 del Código Procesal Penal prohíbe que el Consejo del Estado, el ministro del Interior, como querellante, intervengan en este estado del proceso y sorpresivamente lo que hace es que estos solicitan curso, provisión, auto y se libra una orden de detención que es arbitraria e ilegal”.

“Nosotros esperamos tener noticias en la jornada de hoy, en término que se coja la orden de no innovar y que quede sin efecto esta ilegal orden de detención”, agregó Román.

Finalmente, el abogado señaló que “vale la pena recordar que (Benjamín, Matías y Jesús) se mantuvieron más de dos años en la cárcel. Se encuentran de noviembre a la fecha. Privado absolutamente virtual. Su domicilio para decir su restricción de libertad ya alcanza casi los tres años, lo que pudiera ser una pena”.

Tras la conferencia de prensa, la Defensoría Popular emitió una grave denuncia en contra de Carabineros, quienes habrían llegado hasta el edificio donde se llevaría a cabo el punto. Al ser descubiertos, salieron raudos del lugar.

Cabe consignar que la orden de detención emanado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aún no es ejecutada por la policía.

En la imagen, la alcaldesa Emilia Ríos junto a las concejalas Alejandra Valle y Mireya del Río

La mañana de este viernes la Municipalidad de Ñuñoa ingresó un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el objetivo de que el proyecto inmobiliario “Egaña Comunidad Sustentable” sea sometido a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Dicha iniciativa, ubicada en el sector de Plaza Egaña, es la misma que a inicios de abril de este año hizo noticia luego de que los trabajadores realizaran una serie de protestas reclamando a dicho municipio por la paralización de las obras, cuando en realidad la decisión había sido tomada días antes por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, la que entonces rechazó los cambios introducidos al proyecto por la Inmobiliaria Fundamenta.

Leer también: “¡Les estaban pasando lista!”: Alejandra Valle advierte ‘manipulación’ en protestas por paralización de obras en Plaza Egaña

En ese sentido, en su oficio ingresado esta jornada la municipalidad ñuñoína sostiene que existen “inconsistencias sustanciales que cambiarían el carácter y criterio por el cual este proyecto pasaría a clasificarse dentro del SEA”.

Dicha incongruencia tiene que ver -de acuerdo a lo que se apunta- con la diferencia de la densidad señalada al momento de hacer su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y que correspondería a 2.240 Hab/ha (habitantes por hectárea), con aquella consignada en el permiso de obras, la que en cambio se cifra en 4.619 Hab/ha. “Este índice de densidad es considerado hiper-densificación”, advierte al respecto el municipio de Ñuñoa.

Para profundizar en esto último, en el oficio se cita el artículo 7 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -que se refiere a la “obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento”- para denunciar que “Egaña Comunidad Sustentable” es un proyecto urbano que con dicha densidad “aumentaría considerablemente el flujo de automóviles en zonas donde antes no ocurría”.

Junto con ello, y también en relación al mencionado reglamento del SEIA, se añade que la iniciativa implicaría una “reducción del espacio para el tránsito peatonal en veredas debido al déficit de estacionamientos, o la carencia de ciclovías que conlleva al uso de veredas para el tránsito de las mismas”, entre otras afectaciones.

Paralelo a ello, se cita el artículo 11 de la Ley N°19.300, donde se establece justamente que los proyectos que se sometan al SEIA requieren de la elaboración de un EIA.

Por otra parte, en la presentación de la Municipalidad de Ñuñoa ante el SEA se mencionan igualmente estudios académicos “con respecto a los efectos que tienen los procesos de verticalización del espacio urbano y de hiper-densificación residencial intensiva en el tejido de los barrios”.

Tras le exposición de estos antecedentes es que finalmente se pide al Servicio de Evaluación Ambiental someter a la iniciativa “Egaña Comunidad Sustentable” a un Estudio de Impacto Ambiental, debido a que la Inmobiliaria Fundamenta -dice el escrito- “no acredita que su proyecto cumple con lo establecido en el Art. 11 de la Ley N°19.300, en lo referente a una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.

“Efectivamente, creemos que hoy este proyecto no cumple con los requerimientos ambientales mínimos que se necesitan para una planificación urbana sustentable y responsable”, declaró en ese sentido en entrevista con CNN Chile la alcaldesa Emilia Ríos.

Puedes leer acá de forma íntegra el oficio ingresado al SEA por la Municipalidad de Ñuñoa.

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