Por estos días el nombre de la Clínica Cordillera, ubicada en la calle Alejandro Fleming de Las Condes, ha hecho noticia por un brutal acontecimiento. Una de sus enfermeras, Pola Álvarez, fue apuñalada el pasado domingo al salir de su turno, hecho por el cual se encuentran detenidos y formalizados los enfermeros Enrique Hanson y Patricia Henríquez, esta última ex compañera de trabajo de Álvarez.
En el contexto de la gran cobertura que la prensa le ha asignado al caso, el medio de comunicación Muros y Resistencia recordó antecedentes de otro hecho criminal que salpica a la Clínica Cordillera, en los que en este artículo profundizamos, y que están vinculados con un médico que figura como uno de sus funcionarios y con las violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la dictadura civil-militar.
Ocurre que en ese recinto de salud ejerce como pediatra el general (r) del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, quien ha sido condenado como autor de homicidios por envenenamiento de presos comunes y políticos durante el régimen encabezado por el dictador Augusto Pinochet.
Los envenenamientos en la ex Cárcel Pública
El 20 de febrero de 2017 el juez Alejandro Madrid sentenció a 20 años de presidio al mencionado Eduardo Arriagada Rehren y al veterinario Sergio Rosende Ollarzú por su participación en las muertes de los presos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, en el bullado caso del envenamiento de reos en la ex Cárcel Pública ocurrido en diciembre de 1981.
Por otra parte, Madrid los condenó igualmente por los intentos frustrados de homicidio en contra del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de la organización subversiva Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos.
La investigación del juez estableció que las muertes se produjeron por la acción de la toxina botulínica, la que fue introducida en los alimentos que le llevaba su madre a Guillermo Rodríguez y que este compartió con los otros internos.
En ese sentido, el fallo añadió que a los envenenados que terminaron falleciendo no se les suministró posteriormente un tratamiento adecuado, argumentándose entonces falsamente que solo padecían una gastritis aguda.
La sentencia consignó también que la sustancia aludida fue obtenida por el Instituto Bacteriológico desde Brasil, la que luego fue enviada al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, del cual Arriagada Rehren era el encargado y que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
El envenenamiento del locutor radial Archivaldo Morales
El segundo crimen por el que ha sido condenado el pediatra con especialidad en broncopulmonar Eduardo Arriagada Rehren es el del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva. El 27 de septiembre de 2021 el hoy funcionario de la Clínica Cordillera de Las Condes fue sentenciado por la Corte de Apelaciones de Santiago a 10 años y un día de presidio como autor del delito consumado de homicidio calificado en contra del comunicador.
De hecho, en un fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada lo que hizo fue modificar la pena de 7 años que había impuesto el ministro en visita, Mario Carroza, y rechazar que concurriera en este caso la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por parte del especialista.
De acuerdo a lo que estableció la Justicia, el crimen ocurrió en noviembre de 1973, en la ciudad de San Fernando, Región de O’Higgins, cuando el médico suministró Persantin al detenido Archivaldo Morales, sabiendo que la condición en la que lo habían dejado las torturas a las que había sido sometido podía implicar su fallecimiento.
El ministro Mario Carroza dio por establecido que el 26 de septiembre de 1973 el locutor de Radio San Fernando, Archibaldo Morales, fue detenido en Santiago por la Policía de Investigaciones y trasladado tres días después a San Fernando. Tras ser interrogado, Morales fue llevado a la Cárcel Pública de San Fernando, donde estuvo incomunicado por alrededor de 43 días, “sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, la que funcionaba en el Regimiento Nº 19 Colchagua.
Días después, ya en el mes de octubre, mientras esperaba en la guardia del regimiento ser interrogado por el fiscal militar Juan Ramírez Rojas -“con indicios evidentes de haber sido torturado”-, quiso incorporarse a la fila de los detenidos, pero se desvaneció, siendo llevado a la enfermería del recinto.
Ahí fue atendido por el médico del regimiento, el oficial de Sanidad e integrante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), el aludido doctor Eduardo Arriagada Rehren, quien -como estableció el fallo- “luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía, pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal”.
En ese sentido, la resolución judicial enfatiza que “los antecedentes del proceso dan cuenta que el acusado Arriagada tenía pleno conocimiento de la privación de libertad del señor Morales, puesto que su asistente era pareja de este último, y le consultaba habitualmente por su estado”.
Por otra parte, se apunta que sabía quién era el detenido debido a que se trataba de “un conocido periodista de la localidad, locutor de un programa de radio, que constantemente criticaba su gestión como director del Hospital de Chimbarongo”, y que “conocía la condición física de la víctima producto de las torturas, la cual era, según los testigos, evidente y notoria”.
Esto último adquirió relevancia para el juez Carroza a la hora de dictar condena, bajo el argumento de que como “conocedor de la situación que afectaba a la víctima (torturas y encierro permanente, por un periodo prolongado, con el subsecuente nivel de tensión que ello naturalmente conlleva en una persona), decidió inyectarle el medicamento denominado Persantin (…), sabiendo la reacción inminente que causaría en aquella, justamente dado por la profesión de desarrollaba”.
Junto con ello, en el fallo se advierte además que el doctor Eduardo Arriagada introdujo a la cárcel por iniciativa propia dicho medicamento, debido a que este “no se encontraba en el Servicio de Salud de la zona de O’Higgins”.
Por último, se destaca en la resolución que “el hecho de que (el medicamento) aún permanezca en los restos de la víctima, demuestra que la cantidad inoculada fue a todas luces excesiva, considerando las condiciones físicas de aquella, conocida por Arriagada, por lo que no resulta aceptable lo alegado por su defensa, en el sentido de que se limitó a actuar en su calidad de médico, no existiendo dolo homicida”.
La funa y la expulsión del Colmed
El caso de Eduardo Arriagada Rehren no es desconocido. De hecho, fue funado en septiembre del año 2014 por la emblemática Comisión Funa cuando este ejercía como médico en la Clínica Vespucio.
En tanto, en octubre de 2018 el facultativo fue expulsado del Colegio Médico (Colmed), gremio que en su resolución argumentó que “sus actividades desplegadas en la época en que ocurrieron los hechos que fundamentan su condena a veinte años de presidio, según sus propias declaraciones y más allá de la participación en los homicidios por los que fue condenado, son prueba suficiente de que se apartó completamente del ejercicio de la Medicina para incursionar en actividades ajenas a los fines de esta profesión, vulnerando gravemente la ética médica”.
Ante esto, Arriagada presentó un recurso de protección en contra del Colegio Médico, el que en marzo de 2019, en un fallo unánime, fue rechazado por la Corte Suprema, tribunal que confirmó la sentencia que previamente había desechado el intento del ex oficial del Ejército para revertir su salida de la orden gremial.
