La historia de Martín Villegas, el joven baleado por un militar en Aysén durante el toque de queda

La noche del 4 de julio, en la Villa O’Higgins, en medio de un incidente entre civiles y militares, Martín recibió una bala en el abdomen disparada por el teniente Gabriel Pizarro. Otro hombre de 40 años fue herido con tres perdigones en su brazo derecho. A raíz del suceso, la Fiscalía de Cochrane abrió una investigación que determinó que la patrulla habría actuado “ajustada a derecho” y ordenó la libertad de los dos militares involucrados. Mientras espera que su hijo despierte, tras pasar por cuatro intervenciones, Flor Sepúlveda exige que los hechos se esclarezcan. Este miércoles, los abogados Marcelo Rodríguez y Cristián Cruz, presentarán una querella contra quienes resulten responsables en el caso.

Fue a la una de la madrugada, cuando el celular de Flor Sepúlveda atendió la llamada que ninguna madre espera recibir. Se levantó y contestó aún somnolienta. Era su ex pareja y también padre de sus hijos, Pablo Villegas, quien paralizado por los eventos que estaba a punto de relatar, le dijo:

-Flor, pasó algo con Martín.

– ¿Qué cosa?

-Le pegaron un balazo.

Entonces, el tiempo se detuvo. Ella estaba en Coyhaique, 234 kilómetros la distanciaban de su hijo.

Flor cuenta que no logró retener todo lo que le decía Pablo, pero cuando se reincorporó entendió que su hijo estaba grave tras recibir una bala en el costado izquierdo del abdomen. El autor: un militar. El contexto fue un incidente en medio del toque de queda. Los hechos fueron en un inicio confusos para Flor, pero con el paso de las horas, mientras los médicos de la posta de Villa O’Higgins batallaban para mantener con vida a Martín, se enteró de lo que había ocurrido realmente.

Todo pasó en la Villa O’Higgins, un pueblo cerca de la desembocadura del río Mayer. Eran las 23.30, una hora y media después del toque de queda. Un grupo de jóvenes se entretenía en el exterior de una casa y bebían alcohol para pasar el frío austral. Martín (20) estaba allí, solía juntarse con ellos, y fue en ese contexto que vio a lo lejos un grupo de personas que se acercaba, eran militares del regimiento de la IV División que patrullaban y controlaban el toque de queda. No se sabe cómo terminó en una discusión que derivó en empujones, forcejeo y golpes cruzados. Todo se paralizó cuando Héctor Sepúlveda (40) recibió tres perdigones en su brazo derecho y el teniente Gabriel Pizarro disparó directo al cuerpo de Martín, quien cayó al piso ensangrentado.

En la posta, ninguno de sus padres pudo verlo. Las restricciones para entrar al centro de salud fueron las mismas que en cualquier región del país: el Coronavirus fue la barrera. Aunque Flor quiso estar allí, dándole fuerzas, no hubo posibilidad.

Según informó la IV División del Ejército de Chile en un comunicado difundido el 5 de julio, la patrulla militar habría intentado controlar a dos personas que finalmente se negaron a la fiscalización y que luego del episodio otras siete personas se habrían abalanzado sobre ellos para atacarlos. En el documento, la institución además arguyó que “ante las violentas agresiones sufridas e intento de robo del armamento de servicio, los integrantes de la patrulla hicieron uso de sus armas, resultando dos civiles heridos”.

Pese al comunicado oficial, los padres de Martín Villegas Sepúlveda ponen en duda la versión de los militares, quienes a su parecer habrían actuado con fuerza desmedida para contener al grupo de jóvenes y que, por otro lado, los hechos descritos por el Ejército de Chile no se condicen con la narración de los amigos de su hijo. Ellos le explicaron que los militares entraron al patio de la casa del amigo de Martín, ahí los sacaron de la casa a empujones y una vez en la calle, les dispararon a los pies para provocarlos.

-Reconozco que mi hijo andaba en horario de toque de queda, sí, es un error. Pero no justifico el uso de armas, ni menos a militares en las calles caminando en un pueblo tan pequeño como Villa O’Higgins, ni siquiera en Coyhaique pasan esas cosas. No hay justificación para que los militares disparen a matar. Yo les pido que no mientan más-, afirma Flor Sepúlveda.

El sueño de convertirse en militar

Martín Villegas Sepúlveda tiene 20 años. Los cumplió justo diez días antes de la tragedia. Su mamá cuenta que es un joven alegre, ‘chacotero’, muy sociable y que tiene amistades en Lago Cochrane donde vive ella y en Villa O´Higgins, el pueblo en el que reside.

A principios de marzo, Martín partió a Coyhaique para estudiar Construcción Civil en el instituto Inacap de la ciudad, pero la llegada de la pandemia lo paralizó todo. Fue por ese motivo que decidió irse a trabajar en la construcción de unas cabañas a Villa O´Higgins y seguir sus clases vía online en la casa de su padre. Todo marchaba normal en su vida hasta aquella noche del 4 de julio en la que después de recibir el disparo quedó en riesgo vital.

La madrugada fue intensa, Flor pasó toda la noche en vela esperando tener más noticias sobre su hijo, mientras Pablo lo acompañaba afuera de la posta del pueblo. La única forma de salvarle la vida era trasladarlo con suma urgencia al Hospital Regional de Coyhaique, ya que el centro de salud de Villa O’Higgins no contaba con el personal médico para atender una herida de esa magnitud ni tampoco poseía los insumos necesarios para curarlo. Tuvieron que pasar horas hasta que el helicóptero del hospital lo trasladó al establecimiento médico y luego al pabellón.

La bala entró por el abdomen, salió por la espalda y en ese trayecto perforó uno de los riñones de Martín, el que finalmente perdió, también una parte de su páncreas y del estómago. Desde el episodio, el joven ha sido intervenido en cuatro ocasiones y recién el miércoles 8 de julio salió de riesgo vital.

Flor siente que el paso de los días ha hecho todo más doloroso y no comprende cómo la vida de su hijo pudo sufrir ese vuelco. Martín tenía dos sueños: transformarse en constructor civil y ser militar.

-Aunque no lo creas mi hijo quería ser parte del Ejército y por eso me duele tanto esto. El adoraba a los militares, los admiraba y quería ser uno de ellos.

A los 17 años se inscribió como voluntario en el Servicio Militar, y aunque Flor cuenta que no le gustaba nada la idea, respetó su decisión. Pasó seis meses en el Regimiento Las Bandurrias, en Coyhaique, recibió instrucción militar y de apoco fueron dándole más ganas de seguir ese camino. Terminó sus estudios en un técnico en construcción, seguiría con la carrera en el Inacap y luego vería la forma de enfilarse.

-Cuando se despierte va a estar muy triste, desilusionado y todavía no sabemos tampoco si es que va a quedar con secuelas-, comenta con su voz quebrada.

Un procedimiento “ajustado a derecho”

La misma noche de los hechos, el fiscal regional Carlos Palma y la fiscal adjunta de Cochrane, Lorena Barudi, ordenaron al Labocar realizar las diligencias y pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido en Villa O’Higgins. Tres días después ya habían entrevistado al teniente Gabriel Pizarro y el cabo segundo Fernando Valdés, autores de los disparos que hirieron a Martín y a Héctor Sepúlveda. La Fiscalía de Cochrane estableció que “la utilización de las armas de servicio de los integrantes de la patrulla estuvo ajustada a derecho”. Por ello, ambos militares quedaron en libertad.

Joaquín Morales Burotto, Jefe de la Defensa Nacional en la zona, conversó con la prensa horas después del incidente que dejó en riesgo vital a Martín, y ante la pregunta de si es que existirían registros audiovisuales que sirvan como antecedentes a la investigación encabezada por el Ministerio Público, indicó que la patrulla militar -compuesta por dos conscriptos, el cabo segundo Valdés y el teniente Pizarro- contaba con los equipos necesarios para registrar el incidente, pero que en ese momento los militares prefirieron actuar en defensa propia.

Marcelo Rodríguez, abogado representante de la familia del joven, comenta que la argumentación que entregó el Jefe de la Defensa Nacional y Comandante en Jefe de la IV División del Ejército de Chile, es “burda” y que las supuestas fallas en los equipos tecnológicos o su no utilización en este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en el último tiempo.

-Si el personal cuenta con los mecanismos para registrar estas situaciones y no los ha utilizado, creo que se comete una gravísima falta que incluso afecta a la investigación. Es sospechoso que frente a hechos como estos las cámaras no funcionen o derechamente se esté ocultando algún registro-, comenta.

Para el abogado Cristián Cruz, experto en Derechos Humanos y quien ha acompañado a la familia durante la última semana, el que Morales Burotto saliera a declarar sin antes esperar la investigación fue “un error”, pues se estableció “una verdad oficial”, y que, por otro lado, la conclusión a la que llegó la Fiscalía “fue extremadamente apresurada”.

-Entiendo que la Fiscalía no pueda decir vamos a formalizar a estos soldados porque todavía no tienen todos los elementos de prueba. Pero eso también corre al revés. Si no han interrogado a todas las víctimas, entre ellas a Martín, si no han recabado todos los antecedentes, entonces, se apresuran en decir que a priori es factible sostener la veracidad de una sola versión (la del Ejército de Chile). Haciendo eso, el principio de objetividad se cae-, explica.

Luego de conocer la declaración de la Fiscalía de Cochrane, Flor quedó desconcertada y explica que es muy difícil entender por qué para la justicia la patrulla militar es ‘la víctima’ si el herido es su hijo.

– Pasaron dos días y vienen a decir que mi hijo no es víctima. No es nada, es solo un herido. Entonces, ¿qué puede esperar uno? Hay muchos casos en los que la justicia es ciega, sorda y muda. No entiendo porque después de estar en riesgo vital no es considerado una víctima. Sigue luchando por su vida y no es víctima, y en cambio dejan como víctima a los militares-, dice.

Ambos abogados sostienen que, tal como establecen las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), documento presentado en febrero de este año por el ministro de Defensa Alberto Espina, los militares debieron ceñirse a una serie de indicaciones para hacer uso de la fuerza en estados de excepción constitucional. Según indica el documento, que consta de nueve reglas, usar armas de fuego es “el último recurso” y debe aplicarse después de que los elementos disuasivos, tales como granadas de humo o lacrimógenas, y el empleo de armamentos antidisturbios, no surtieran efecto.

–Tenemos a los agentes del estado con armas de fuego en una situación interna, donde no hay un estado de violencia, sino que un hecho extraordinario como el Coronavirus. Entonces,incluso si es que los jóvenes hubieran cometido algún delito, lo lógico es llamar a Carabineros. Pese a ello, los militares dispararon sus armas, abusaron de la fuerza y eso, desde mi perspectiva, podría constituir una vulneración a los derechos humanos – comenta, Cristián Cruz.

En su posterior declaración a Fiscalía, el teniente Gabriel Pizarro dijo que habría efectuado un tiro al aire, antes de disparar al cuerpo de Martín, y según dio a conocer la IV División del Ejército de Chile, los funcionarios militares habrían quedado con claras heridas luego de incidente. Pese a ello, el abogado Marcelo Rodríguez aclara que esa noche ‘era personal armado contra civiles desarmados’ y que su actuar escapa a toda norma vigente.

–Hay que considerar que el Ejército tiene el monopolio de la fuerza entregado por el Estado y, especialmente, en un periodo de excepción constitucional deben regirse en base a los protocolos existentes. Si no lo hacen estamos en presencia de situaciones que podrían considerarse de tipo de cuasidelito de lesiones graves o incluso un homicidio frustrado-, comenta.

En vista de los hechos, el abogado Marcelo Rodríguez presentará durante los próximos días una querella por cuasidelito de homicidio en contra de quienes resulten responsables de las heridas que mantienen en estado de gravedad a Martín, e insistirá en que se realicen todas las diligencias para aclarar los hechos ocurridos la noche del 4 de julio.

Consultado por este medio el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondió que durante los últimos días solicitó el expediente de la causa a Fiscalía, y que la sede de la entidad en la Región de Aysén se encuentra estudiando los antecedentes para determinar si es que corresponde o no emprender alguna acción legal u de otro tipo en el caso de Martín Villegas.

La evolución de Martín

Después de salir de riesgo vital el 8 de julio, Martín batalla por su vida conectado a un ventilador mecánico y el martes recién pasado dejó la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital. Su madre se muestra esperanzada. Luego de varios días de estrés y angustia por lo sucedido ha podido descansar y esperar con calma los reportes diarios que les entregan los médicos desde Coyhaique. Ni ella ni nadie ha podido ver a su hijo debido a las restricciones que mantiene la pandemia. Sabe y entiende que es mejor darle energías a la distancia porque cualquier contacto con él en un contexto como este podría ser perjudicial para su evolución. Aun cuando le dijeron que la recuperación de Martín podría tomar varios meses, Flor Sepúlveda espera que su hijo despierte pronto.

-Él está más estable y eso se lo debo a los profesionales del Hospital de Coyhaique que han dado el todo por el todo para mantenerlo con vida. A ellos les debo toda mi gratitud-, confiesa.

Ha pasado más de una semana desde los hechos, ninguna autoridad se ha comunicado con la familia Villegas Sepúlveda. Tampoco el Ejército de Chile se ha pronunciado particularmente por el incidente que involucró a sus hombres. Sin embargo, Flor dice que no espera nada de ellos.

-Palabras de gente que lo haga de la boca para afuera, no me interesan. Lo único que quiero es que se sepa la verdad. Pero la verdad, de verdad. No la verdad de los militares. Lo dije y lo voy a mantener hasta el día en que me muera: a mi hijo lo tiraron a matar-, dice antes de colgar.