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Facultar al Presidente para interceptar comunicaciones, clausura del INDH y persecución internacional a “agitadores” de izquierda: las propuestas de José Antonio Kast

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Acá revisamos el programa presidencial del candidato del Partido Republicano en distintos ámbitos, destacando un Comité de Seguridad Nacional permanente, el traslado de la prisión a casas, la salida de Chile de la ONU, la reducción de impuestos a empresas, una “adaptación” al cambio climático, la derogación del aborto, el fin del Ministerio de la Mujer y la expulsión de inmigrantes “ilegales” sin un proceso judicial previo.


Atribuyendo un “estancamiento económico” a supuestos “años de reformas de corte socialista” y señalando que existe en nuestro país un “resurgimiento de un discurso falaz de corte neo-marxista de lucha de sexos, razas, orientaciones sexuales, visiones corruptas de derechos humanos, de interpretación de la ciencia (…)”, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, presenta lo que ha dado a conocer como su programa de gobierno para un eventual período presidencial suyo.

“La Libertad, el Estado de Derecho y la Familia” son -según expone Kast- los tres “valores y principios” que sostendrían su programa, del cual destacamos a continuación algunos extractos, principalmente en los ámbitos de la seguridad, la soberanía y el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, entre otros (N.del.R: los destacados en negro y con letra cursiva son originales del programa).

DELINCUENCIA, ORDEN Y SEGURIDAD

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Imagen referencial / Foto: Agencia Uno

“Se deben destinar los esfuerzos necesarios para una prioritaria defensa de las víctimas de la delincuencia, aún por sobre los intereses de otros intervinientes del proceso penal, como los imputados”.

“En la Araucanía necesitamos la colaboración de los militares, apoyando a las Fuerzas Policiales para terminar con estas pandillas terroristas”.

“El que agreda física o verbalmente a un Carabinero, Policía, Bombero, Gendarme o Funcionario de la Salud será juzgado y condenado, con todo el rigor de la ley”.

“Cada vez que un Carabinero sea detenido injustamente por cumplir su deber o sea asesinado por un delincuente, el Gobierno contratará al mejor abogado para defenderlo o querellarse en representación de su familia”.

“Todos los candidatos a elección popular, desde Presidentes hasta Cores, deberían someterse a un test de drogas”.

“Instaurar de manera permanente la convocatoria a un Comité de Seguridad Nacional que reemplace al Comité Político semanal en La Moneda y se aborde directamente la lucha contra el Terrorismo, Narcotráfico y la Delincuencia”.

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“Se debe establecer una normativa y protocolos que otorguen certezas que la fuerza empleada para restablecer el orden público, sea apropiada en una situación dinámica en la cual los representantes del Estado no poseen la misma información y conciencia situacional que los agresores, de modo de no ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella, judicial o administrativamente”.

“Revisión de las atribuciones de los Jueces de Garantía”.

“Clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y su reemplazo por una institución transversal dedicada a la defensa efectiva de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos (…) Asimismo, debe derogarse la ley de exonerados políticos y acotar, a un tiempo determinado, los beneficios recibidos por personas que efectivamente sufrieron violaciones de derechos humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en el pasado”.

“Reforma Legal que obligue al Instituto de DDHH, mientras siga vigente, para documentar y perseguir la responsabilidad de los agresores de Carabineros (…)”.

“Más cárceles para Chile y más protección y beneficios a gendarmes (…) Se acabó el Garantismo”.

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“Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda (…) Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”.

“Ampliación en las atribuciones del Estado de Emergencia (…) El Presidente debe tener la facultad (…) de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención”.

“Las barras bravas deben ser declaradas organizaciones ilícitas”.

“El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (…) exige que ‘funas’ que atenten de manera flagrante contra estos derechos sean tipificados como delitos y sancionados como tales”.

“Modificación del concepto de proporcionalidad en relación a la legítima defensa (…) El eventual exceso de fuerza por parte de la víctima no puede ser una limitante a su derecho a la autodefensa”.

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SOBERANÍA

Agencia Uno

“Romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela. Chile no puede seguir subsidiando políticamente a regímenes dictatoriales de América Latina (…)”.

“Caso especial merece la situación de FLACSO, entidad de pretendido carácter académico, que desde hace décadas ha derivado en el activismo político y en el refugio laboral de ex políticos nacionales y extranjeros. Esta entidad será notificada del fin de sus operaciones en nuestro país”.

“Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras la ONU ataca a Chile con diversas políticas y falsas acusaciones, el Consejo de DDHH tiene como miembros a Venezuela y Cuba, las dictaduras más sangrientas de América Latina”.

REGIONALIZACIÓN

“Convocatoria anticipada a elección regional cumplidos dos años de mandato del Gobernador (…) Para efectuar la destitución, el mandatario debería contar con el apoyo de 2/3 de la Cámara de Diputados y dos senadores de la región”.

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“FONASA podrá licitar o concesionar población por áreas geográficas coordinado con los respectivos Servicios de Salud (…) Los médicos podrán organizarse en PYMES para responder a las necesidades de la población en salud primaria (…)”.

DEFENSA NACIONAL

” (…) Un substantivo aumento de los aportes previsionales (N.del.R: para uniformados), los cuales irán a cuentas individuales, junto a un seguro por retiro involuntario anticipado (…)”.

“Proponemos crear una comisión especializada en pensiones que estudie la factibilidad y el costo de llevar adelante este proyecto a la brevedad posible”.

ARAUCANÍA

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Agencia Uno

“Revisar la Ley Indígena, en aras de alcanzar una mayor precisión en la definición de ‘indígena’ (…) y de ‘comunidad indígena’; mayor precisión en el concepto de ‘tierras indígenas’”.

“Denunciar el Convenio 169 de la OIT (…)“.

“En el contexto del conflicto en la Araucanía y Arauco, la persecución de delitos terroristas exige la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos”.

“Expresa prohibición de adquirir y entregar tierras a todos quienes participen en tomas ilegales y usurpaciones”.

CRECIMIENTO

“De forma prioritaria, se busca eliminar todos aquellos impuestos que afecten el patrimonio personal, tales como contribuciones, herencias y donaciones”.

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“Reducir la tasa de impuesto a las empresas al 17%”.

“Las utilidades reinvertidas por los dueños no pagarán impuestos”.

“Por último, junto a la reducción del tamaño del Estado y los impuestos, es menester eliminar las regulaciones estatales que limitan la inversión y el empleo. Esto incluye racionalizar las normas ambientales y la regulaciones que afecten la creación de nuevas empresas y nuevos proyectos”.

“Respecto a las empresas estatales (…) constituyen reductos discrecionales de la clase política. Para efectos de traspasarlas de manera real a la población, se creará un sistema de capitalismo popular que permita a todos los chilenos participar en la propiedad de compañías como CODELCO, ENAP, ENAMI, Ferrocarriles del Estado o TVN”.

“Políticas para aumentar el empleo formal de mayores de 60, para postergar su retiro (…)”.

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EDUCACIÓN

“Dado que no todos los padres, apoderados o tutores, poseen el mismo acervo cultural, resulta imprescindible que existan instancias de entrenamiento y formación mínimos, principalmente a través de actividades comunes que permitan a las familias transferirse unos a otros conocimientos y buenas prácticas de crianza (…)”.

“Toda institución educativa que reciba fondos públicos debería contar con un directorio o junta formada, en parte, por padres y apoderados (…) De lo anterior se desprende que el Estado limita su labor de gestión y control, actuando más como facilitador, promotor y fiscalizador”.

“Las instituciones (N.del.R: de Educación Superior) deben ser autónomas (…), sin intervención gubernamental alguna. Conjuntamente, se propone la eliminación de diferencias entre universidades estatales y privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica”.

“La libertad de instituciones y programas educativos permitiría el término de carteles de gremios y especialidades, siendo el mercado laboral quien determinará la apertura y cierre de programas”.

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“Mejoraremos la educación pública empoderando a los municipios y sus directores: La propuesta de la izquierda que busca desmunicipalizar la educación, solo pretende agrandar el Estado (…).

“Derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y libertad de enseñanza. Asegurar el derecho de los padres (…) a impedir que se adoctrine por la fuerza a niños sobre diversas ideologías (…)”.

MEDIOAMBIENTE

Santiago Morales / Agencia Uno

“Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón de alta calidad y baja humedad (…) Se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas, en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes”.

“Evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero (…)”.

“Reponer la velocidad máxima en la ciudad en 60 km/h para una mayor eficiencia energética (…)”.

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“Modernizar la Dirección General de Aguas y la institucionalidad relativa al recurso hídrico que permita una mejor gestión de este recurso y salvaguarde los derechos de agua (…)”.

“Apoyar la adaptación al cambio climático, reduciendo los efectos de la sequía mediante el desarrollo conjunto de tecnologías de desalación, junto a la gestión y reciclaje de aguas”.

FAMILIA

“Las diferentes reparticiones gubernamentales deben tener una mirada de familia incorporada en el diseño e implementación de todas sus políticas públicas. Proponemos una mirada similar respecto a la política hacia la mujer. Por supuesto, aquello implica el término del Ministerio de la Mujer para ser transformado en representaciones horizontales internas de cada ministerio”.

“Defenderemos la vida desde la concepción. Derogaremos la ley que posibilita el aborto (…)”.

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“El Estado debe organizar sus políticas públicas siempre en torno a la familia”.

Ofrecer incentivos económicos a las parejas casadas: Proponemos subsidiar los planes de salud para la pareja casada, de manera que sean más baratos que los planes individuales”.

CULTURA

“Se propone cambiar el nombre del Ministerio de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio por Ministerio de Cultura (…) Resulta más que evidente que el mero concepto de ‘Cultura’ engloba ‘Patrimonio’ y ‘Artes’”.

“La Ley 21.045 que dio origen al Ministerio de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio exhibe una preocupante adhesión a los conceptos culturales definidos por la ONU”.

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“FRENO” A LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Protesta contra migrantes en Iquique, 25 septiembre 2021 / Johan Berna, Agencia Uno

“Establecimiento de un Recinto Transitorio de Inmigrantes Ilegales (…) con el solo objetivo de preparar su expulsión del país”.

“Elaborar un Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales (…) que permita expulsar del país a las personas extranjeras que ingresen ilegalmente a nuestro territorio, evitando los recursos judiciales y administrativos que se utilizan para obstaculizar este proceso en la actualidad”.

“Identificar, investigar y sancionar a las Organizaciones No Gubernamentales y entidades de la sociedad civil que están prestando ayuda y orientación a los inmigrantes ilegales para burlar la acción de la justicia y evitar su expulsión del país”.

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Comunicar el presente: nuevo libro sobre la exclusión de indígenas, migrantes y diversidades sexuales en tribunales y medios

En este libro el autor analiza desde las comunicaciones la figura de Pablo Escobar, el tratamiento a las migraciones en Argentina y la criminalización en Chile del pueblo mapuche. Con ello nos invita a descubrir cómo se produce y reproduce moralmente la verdad en el derecho y en la industria cultural. Es así como desnuda la pedagogía de la exclusión, presente en la administración de la justicia y en los medios de comunicación, quienes utilizan para ello la “enemización de grupos socialmente excluidos”: indígenas, migrantes, diversidades sexuales.

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Desde la “metáfora sur” nos llega el reciente libro intitulado “Crítica de la Certeza Moral. Justicia, cultura y comunicación” de Carlos del Valle Rojas, ex Decano de la Universidad de la Frontera, académico, investigador y director del Doctorado en Comunicación (UFRO-UACh) junto al Dr. Rodrigo Browne.

Del Valle, goza de más 30 años de aportes investigativos en la comunicación nacional y latinoamericana.  Y aquí nos entrega una publicación que refleja una tradición de vanguardia, en la producción de diseños de análisis, economías de la subjetividad y conceptualizaciones del campo comunicacional crítico. En una primera exploración, se trata de un trabajo comprometido con la revisión, análisis y propuestas para abordar la historia de las persecuciones y genocidios producidos en y por el proceso civilizatorio en nuestros territorios.

Publicado por Ediciones de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 2022, en este libro el autor analiza desde las comunicaciones la figura de Pablo Escobar, el tratamiento a las migraciones en Argentina y la criminalización en Chile del pueblo mapuche. Con ello nos invita a descubrir cómo se produce y reproduce moralmente la verdad en el derecho y en la industria cultural. Es así como desnuda la pedagogía de la exclusión, presente en la administración de la justicia y en los medios de comunicación, quienes utilizan para ello la “enemización de grupos socialmente excluidos”: indígenas, migrantes, diversidades sexuales.

De esta forma, Del Valle entrega una perspectiva que permite comprender el relato de la justicia y el relato periodístico no sólo desde su institucionalidad, sino que también como productores de discursos construidos socialmente que tienen una condición material, en tanto estructuras económico-políticas, capaces de afectar las subjetividades de sujetos y comunidades.

Es interesante la experiencia que plantea el autor cuando elabora el informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de dirigentes mapuches contra el Estado de Chile. En ese proceso, Del Valle se encuentra con la afirmación de un testigo que sostuvo “tener la certeza moral” de que habían sido los “comuneros mapuches” los autores del delito investigado. Desde allí le surgieron múltiples interrogantes, que gatillan el análisis y que, finalmente, le permiten demostrar la discriminación presente en las sentencias analizadas.

Por último, el autor hace un llamado al Estado Nacional en el reconocimiento constitucional que debe darse a los pueblos originarios y la distribución material que permita dejar atrás el clientelismo instalado en la relación Estado-indígenas. Todo ello desde un diseño contextualizado y situado. Por otra parte, apunta también a la revisión de La Ley Antiterrorista, en sintonía con las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sostiene además que los tribunales deben despojarse de sus sesgos racistas. Por su parte, la sociedad civil debe aportar empeñándose en mejorar las relaciones con el mundo indígena. En todo ello, el diálogo debe ser –a juicio de Del Valle- el camino que llevará al entendimiento.

Tal como se señala en la Introducción del libro, la mejor manera de narrar, dialogar e interpelar al mismo, es como lo define su autor, a saber, el presente trabajo no es sobre el derecho, la justicia o la moral; es un libro sobre los modos de producción moral de la verdad en el derecho y, específicamente, en los procedimientos de administración de la Justicia.

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En la actividad, cuya fecha es el 05 de julio a las 15 horas (chi) comentan,

Pablo Bilyk. Facultad de Periodismo y Comunicacional Social. Universidad de la Plata.

Leonardo Castillo. Facultad de Ciencias Jurídicas y empresariales. Universidad de la Frontera.

Sandra Riquelme. Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de la Frontera. 

Modera: Barbara Eytel Pastor. Doctorado en Comunicación UFRO-UACh

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Canal de Youtube: https://youtu.be/4H0CO9AbbUQ

Bárbara Eytel Pastor.

Doctora (c) en Comunicación

Doctorado Universidad de la Frontera-Universidad Austral de Chile.

Observatorio en Comunicación, Sociedad y Crítica (OBCS), Universidad de La Frontera.

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Colegio de profesoras y profesores se opone a la realización del SIMCE 2022: “Quieren conservar el modelo educacional de mercado”

El Consejo Nacional de Educación decidió realizar la prueba a los cursos de cuarto básico y segundo medio. Mario Aguilar, líder gremial del profesorado aseguró que hay problemas mucho más importantes y urgentes que poner a competir a las escuelas entre sí.

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Simce

El Consejo Nacional de Educación decidió realizar la prueba Simce 2022 a los cursos de cuarto básico y segundo medio, pese a la solicitud del Ministerio de Educación de suspenderla por este año.

Frente a esto, el Colegio de Profesoras y Profesores aseguró que es un organismo totalmente retardatario, ultraconservador y alejado de lo que es la realidad escolar en Chile, donde se están viviendo situaciones muy graves como problemas serios de convivencia escolar.

“La respuesta demuestra que quieren conservar el modelo educacional de mercado, conservar la idea que calidad es igual rendimiento de pruebas estandarizadas, que es una concepción totalmente errónea, que ha distorsionado la educación y que le ha hecho mucho daño a la educación y hay mucha evidencia de aquello“, señaló Mario Aguilar, líder gremial del profesorado.

Aguilar además especificó que en el actual contexto de Chile, “lo menos que nos interesa son las mediciones, las competencias, los rankings, la clasificación de colegios, cuando hay graves problemas de convivencia escolar, con severos problemas de violencia, cuando hay problemas emocionales que son muchísimos más importantes y urgentes que poner a competir a las escuelas entre sí“.

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El Consejo Nacional de Educación es un órgano para nada democrático, se designa por cuoteo político, que está completamente alejado de lo que es la realidad de las escuelas hoy y ellos en sus cómodas oficinas no tienen idea de lo que está pasando al interior de los colegios, de ninguna manera es una prioridad el Simce”, concluyó el Presidente Metropolitano de las y los docentes.

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Gobierno de Ecuador: Asamblea Nacional convoca una sesión extraordinaria para votar la destitución del Presidente Lasso

El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional por un supuesto intento de golpe de Estado y de “desestabilizar la democracia” en su país.

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Lasso

La Asamblea Nacional de Ecuador convocó a los parlamentarios a una sesión extraordinaria este sábado a las 18.00 horas (hora local) para votar la destitución del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, después de que la oposición haya recabado las firmas necesarias para presentar una moción contra el mandatario.

“Hemos esperado 12 días por el diálogo que ponga fin a la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. Sin embargo, tras la imparable escalada de violencia -que ya deja varias muertes-, y las criminales incitaciones a un enfrentamiento entre ecuatorianos, no vamos a esperar más”, aseveró Unión Esperanza (UNES) en un comunicado.

“Señor Lasso, en sus manos está la responsabilidad histórica de parar esta masacre al pueblo y atender sus justos reclamos. No actúe inhumanamente, no se manche más las manos de sangre. Es momento de resolver el caos con votos y no con balas“, agregó UNES.

Si bien el pasado viernes Lasso aprobó parte de las demandas como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, la reducción de las tasas de interés y el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para hogares en vulnerabilidad, hubo otras peticiones aún sin respuesta.

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Entre ellas están las de reducir y congelar los precios de los combustibles, controlar los precios de los productos de primera necesidad, no privatizar empresas estatales y no incrementar la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

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