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El silencioso plan para revivir Pascua Lama y Minera Dominga en plena crisis económica

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Bajo la pandemia mundial del Covid-19, tanto los proyectos de Pascua Lama como de Minera Dominga tendrán su resolución durante este mes en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Además, Rodrigo Quintana, uno de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), trabajó para Barrick Gold y fue oficiado por la contraloría por sobrepasarse en su defensa, mientras que Dominga hizo lo suyo en Coquimbo. Todo esto mientras el gobierno se olvidó del tratado de Escazú.


El 13 de febrero de este año Barrick Gold supuestamente había tirado la toalla con Pascua Lama y así lo reconocieron en La Tercera. Era inviable por el alto costo económico que implicaba, sin embargo al día siguiente el nuevo CEO de la empresa canadiense, Mark Bristow dijo que no se iban a rendir.

“Hemos trabajado con ellos (Barrick Gold) para decirles que deberíamos re ver este proyecto, comprender su potencial y ver cuándo sería viable”, comentó en ese momento e incluso deslizó la posibilidad de partir con la ejecución de Lama, que es la parte argentina del proyecto, dejando a Pascua para un futuro próximo.

Mark Bristow

Además, en una entrevista al Financial Times y republicada por el Diario Financiero, Bristow confirmó su decisión de manera bastante firme. “Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso”, dijo. En otra publicación de mayo de este año, aseguró que también estaba buscando inversiones en cobre pues lo considera “un metal estratégico”. En el proyecto inicial Pascua Lama sería una mina de oro, cobre y otros metales.

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Dada la crisis por la pandemia y COVID-19, el tema dejó de estar en pauta junto a la desastrosa organización de Chile en la COP-25. Esto generó que incluso la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, desapareciera de los focos de la prensa y que Chile no firmará el acuerdo de Escazú, tratado que promovió desde el 2012 para solucionar los conflictos medioambientales.

La alerta para diversas organizaciones se prendió el 18 de julio cuando el presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Mauricio Oviedo, aseguró a El Mercurio de esta ciudad que “Los fallos emblemáticos Dominga y Pascua Lama deberían conocerse en agosto”.

Una nota del también recogió esta información señalando que el acuerdo para aprobar el proyecto de ley Minera Dominga ya estaba listo y la sentencia se daría a conocer dentro de este mes. Pascua Lama también habría llegado a un acuerdo con el estado para reparar el daño ambiental.

Según informó Oceana (ONG medioambiental) se llegó al acuerdo el pasado 23 de julio y el tribunal tiene 30 días de plazo para redactar, aunque no es un plazo obligatorio, solo referencial.

Todo esto en un contexto de crisis económica donde la minería se ve como una de las grandes opciones para reactivar el país, “desde el mundo ambiental tenemos la impresión de que hay una especie de festival de euforia por el posicionamiento de la minería como una alternativa a la reactivación económica dentro del país”, comentó Matías Asun de Greenpeace.

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El 31 de julio la cesantía llegó al 12,2% a nivel país, casi un millón de personas. Según una entrevista a la directora del INE, Sandra Quijada a El Mercurio, los cesantes junto a los inactivos disponibles a trabajar llegaron a un 29,8%. El segundo grupo corresponde a personas que, por algún motivo, dejaron de buscar trabajo.

El lobby de Barrick Gold para revivir Pascua Lama

Aunque la mayoría cree que Pascua Lama está paralizado, la verdad es que Barrick Gold sigue operando en la zona.

Aunque el proyecto está completamente paralizado desde el 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente, Barrick Gold todavía puede hacer labores de monitoreo y otros trabajos. “Ellos pueden continuar la operación del sistema de manejo de aguas, sobre todo el tratamiento de aguas contaminadas, aunque no se si se esté trabajando porque inició el rajo de la mina depositando material estéril en la naciente del Río Estrecho”, comentó a este medio Constanza San Juan, de la Asamblea Por el Agua del Huasco Alto.

La comunidad insiste en que la minera ya está contaminando, a pesar que el proyecto no está en ejecución. Esta contaminación se debe principalmente al drenaje ácido (cóctel de metales pesados más agua) producto de los estériles (rocas sin valor económico pero con metales pesados) que se depositan en la naciente del Río Estrecho, cauce que luego da origen al Río Huasco que alimenta todo el valle del mismo nombre, de cordillera a mar.

Situación confirmada por la Superintendencia del Medio Ambiente, ya que, ellos establecieron que el proyecto es incapaz de manejar y tratar toda el agua contaminada que produce. “Por lo tanto, de reiniciarse el proyecto, la zona queda susceptible a nuevos aludes que destruyan ecosistemas andinos de valor incalculable y fauna y flora, además de seguir contaminando las aguas que bebemos y usamos para la agricultura“, agrega San Juan.

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San Juan explica que esta situación ha provocado daños incluso a los glaciares de la zona, “informes internos de la empresa que se filtraron y que dan cuenta de la construcción de caminos que cruzan el Glaciar Toro 1, que seguía activo en pleno 2013, además de la presencia de basurales en los propios glaciares” . Todo esto ha sido constatado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Además vemos presencia de basurales en los propios glaciares, aunque a la fecha hay glaciares muy afectados, otros aún permanecen y es urgente mantenerlos a salvo”, comenta.

A pesar del lobby y los recursos que posee la compañía, los vecinos del Valle del Huasco no se rinden y están dispuestos a dar la pelea. Ya lanzaron una campaña para pedir el cierre definitivo de la minera.

No a Pascua Lama

Conflicto de intereses en la mira

El año 2017 las mismas comunidades del Valle del Huasco interpusieron un recurso de protección en contra de Barrick Gold, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación de Atacama por contaminaciones ocurridas de las aguas tras la ruptura de la planta de tratamiento de aguas contaminadas que se produjo en junio de 2016, así como por otras situaciones similares que tuvieron que ver con derrames de sustancias peligrosas (aceites e hidrocarburos) y riesgo de afectación de densímetros nucleares.

En ese momento, la Resolución N°094 de la Comisión de Atacama permitió elevar los límites autorizados de metales pesados en el agua. Situación que es declarada ilegal por el convenio 169 de la OIT, debido a que no dialogaron con las comunidades Diaguitas de la Zona. Es el mismo convenio que reclaman hoy los presos políticos mapuche.

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En este contexto, apareció en escena el abogado Rodrigo Quintana Meléndez como defensor de la Canadiense Barrick Gold. Quintana también es abogado del Consejo de Defensa del Estado, quienes negociaron con Barrick Gold la mitigación del impacto ambiental de Pascua Lama, acuerdo que lograron en marzo de este año, devolviendo el tema al Tribunal Ambiental que debe tomar la resolución final del caso.

Rodrigo Quintana defendió a la transnacional frente al recurso de protección interpuesto por las comunidades. Luego fue denunciado a la Contraloría de la República ‘por pasarse de su rol de abogado’ y no inhabilitarse al participar del proceso, a pesar de existir conflicto de intereses En dicha oportunidad, el contralor Jorge Bermúdez, estableció que su actuación “no se ajustó a derecho”.

 “Por lo tanto, en virtud de lo expuesto en el presente pronunciamiento, el abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, don Rodrigo Quintana Meléndez, deberá en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por las normas a que se ha hecho mención, lo que se pone en conocimiento de ese Consejo para los fines que estime pertinentes”, dice el fallo.

El 21 de enero del 2020, en una sesión del Consejo de Defensa del Estado en donde participó Quintana, se aprobó la propuesta “de avenimiento en causa Rol N° D-3-19, del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por daños al medio ambiente a consecuencia de la ejecución del Proyecto Pascua Lama”. O sea, un acuerdo entre el CDE y Barrick Gold, anulando el conflicto que existía entre ambos por el impacto ambiental, preparando el terreno para el fallo de agosto.

Todo esto pasó después que se publicara el dictamen de Contraloría que criticó la actuación de Quintana al defender a Barrick Gold, y se enviara un oficio mandado por el CDE donde se comprometieron a que el abogado no iba a participar de los acuerdos entre Barrick Gold y el CDE.

Constanza San Juan comentó que ya apelaron esta decisión que busca dejar sin efecto el acuerdo.

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“En primera instancia la acción fue declarada inadmisible, pero luego presentamos un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta el cual sí fue acogido y se encuentra actualmente en proceso (…) Cuestionamos decididamente el rol que ha jugado el Consejo de Defensa del Estado. Este ha tomado como praxis demandar a las empresas que perpetran graves daños ambientales adelantándose a las comunidades, para luego adoptar una política conciliatoria. Cuestionamos su pasividad y creemos que falta a su rol de cautela de los intereses del fisco y del bien común”, explica.

El delfín de Ricardo Lagos

Rodrigo Quintana también es militante del Partido Socialista y cercano a Ricardo Lagos, quien lo nombró primero como Defensor Público Nacional en 2002, cargo que utilizó hasta el 2006, cuando el mismo Ricardo Lagos lo nombró como abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su calidad de presidente. Su hermana es Paula Quintana, ex militante del partido socialista que fue Ministra de Planificación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

En ese entonces, Ricardo Lagos favoreció a Pascua Lama, promulgando el 18 de agosto de 2004 un decreto supremo en que le concedía terrenos a Barrick Gold para desarrollar el proyecto minero y dejando fuera a Jorge Lopehandía, otro empresario minero que interpuso una demanda el 2016, ya que, según el, este decreto estaría viciado. Esta demanda fue rechazada el 2019 por la Corte Suprema.

Además, según una información de El Mostrador, en 2017 Quintana formaba parte del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado, inhabilitándolo de varias causas como abogado del CDE.  Además en ese entonces, Quintana era director de comunicación estratégica de Imaginacción, empresa de lobby de Enrique Correa.

El fallo de agosto

En relación con el fallo que debería ser este mes, el presidente del Primer Tribunal Medioambiental, Mauricio Oviedo, aclaró que se está discutiendo la viabilidad del proyecto y que lo que dará cuenta es la revisión de un proceso sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Se han aplicado sanciones bien severas, como es la máxima que contempla en ese caso, el ordenamiento jurídico ambiental que es la clausura definitiva del proyecto”, comentó en El Mercurio de Antofagasta. En efecto, lo que se decidirá este mes es que si Pascua Lama se clausura definitivamente o sigue operando con la esperanza que se autorice a realizar el proyecto completo en un futuro.

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Sin embargo, el Tribunal Ambiental funciona de forma similar a la Corte de Apelaciones, por lo que cualquier resolución es apelable en la Corte Suprema. “Cualquiera sea el fallo, en contra o a favor que se haga al proyecto, alguien va a ir a reclamar a la Corte Suprema”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.

Frente al escenario de que Pascua Lama resucite, los vecinos del valle del Huasco están organizados y esperan que se respete la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes en primera instancia determinaron la muerte del proyecto.

Incluso el párroco Nelson Barrientos, está realizando una protesta llamada “100 km por la oración y la vida”. Recorre a pie los lugares que se verán afectados por la minera, visibilizando en Instagram cada uno de los paisajes que serían destruidos si Pascua Lama sigue su curso.

Te podría interesar: Sacerdote realiza caminata de 100km para evitar la aprobación del proyecto Pascua Lama

La irrupción de Minera Dominga

Otro de los proyectos emblemáticos que se encuentran cuestionados es Minera Dominga, de la empresa de capitales chilenos Andes Iron SpA, ubicada a 30 km de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. El punto más controversial es el puerto de Dominga, ya que podría afectar a la fauna marina del lugar.

“Dominga se encuentra rechazado, pero ellos reclamaron el rechazo y eso lo está viendo, por segunda vez, el Tribunal Ambiental de Antofagasta”, explica Ezio Costa, abogado de Oceana en la causa de minera Dominga.

En marzo, la Alianza Humboldt que integra Oceana junto a un grupo de asociaciones que buscan frenar el proyecto, sacaron un video recordando el conflicto de intereses que existe en el proyecto: Participan Sebastián Piñera y su familia, además del formalizado presidente de Penta Carlos “Choclo” Délano.

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A pesar de estos antecedentes, el 17 de julio el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió una solicitud de la empresa Andes Iron y pidió al Gobierno, en particular a las Subsecretarías del Medio Ambiente y de Pesca, nuevos informes sobre la evaluación ambiental del medio marino y las rutas de navegación del puerto que esta empresa pretende construir en el Archipiélago Humboldt.

En esa oportunidad, Alejandra Donoso representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, señaló a CNN Chile que, “llama la atención que el Tribunal Ambiental haya accedido a esa solicitud que fue presentada de forma extemporánea (…) Claramente ahí hay una presión política de parte de Dominga, que lo ideal sería que no lograra permear la opinión de los tribunales, que debería ser objetiva”, comentó.

“Lo que el Tribunal y la Corte analizarán es si el acto administrativo de rechazo está bien fundado, y eso es evidente cuando uno mira el expediente y los estudios”, dice Ezio Costa.

El abogado de Oceana explica que Dominga sigue insistiendo con el puerto, aunque anunciaron que podrían no usarlo. Fue solamente una declaración de voluntad con una intención efectista.

“En la práctica, el proyecto que están peleando para que se apruebe es el mismo que presentaron originalmente (…) Los principales impactos tienen que ver con la pérdida de la calidad ambiental de un sector que es muy productivo, de manera sustentable, para quienes allí habitan. La pérdida de biodiversidad marina y terrestre que provocaría el proyecto es muy grave, así lo han hecho saber numerosos científicos chilenos y extranjeros”, concluye Costa con preocupación.

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Daño inconmensurable

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) el proyecto minero Dominga podría dañar a muchas especies de animales y contribuir con la extinción definitiva del Yunco, un ave que es capaz de bucear y se alimenta de Krill. Vive en la zona de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, a solo 30 kilómetros de Dominga.

Otro de los animales que será afectado es el famoso Pingüino de Humboldt, que ya se encuentra en una condición vulnerable y que gran parte de su población también se encuentra cerca de la minera.

El proyecto también pone en peligro a los Chungungos, transformado recientemente en la mascota virtual de Sernapesca para concientizar sobre su existencia y evitar su desaparición. Además en la zona existen ballenas migratorias, delfines nariz de botella y Cachalotes.

(Andes Iron) sigue utilizando a las personas, utilizando su propia desesperación frente a la situación social y abandono del Estado que se vive en ese lugar, para posicionarse como mercenarios, como la única alternativa de desarrollo viable”, comentó el director de Greenpeace Chile, Matías Asun sobre Dominga.

A su juicio, Minera Dominga también liquidará una de las fuentes históricas de empleo en el norte del país como es la pesca. “La zona en que se implementa el proyecto no solo es rica en biodiversidad, es fundamental para la región de la masa de vida de los océanos”, agrega.

Otro de los temas desaparecidos de la agenda y que preocupa a las organizaciones medioambientales es la no aprobación del gobierno del Acuerdo de Escazú, que Chile promovió el 2012.

“No quieren firmar el acuerdo de Escazú, eso es evidente, y probablemente no lo va a firmar este gobierno y vamos a tener que esperar que venga otro para que lo firme”, señala la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona.

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Según Liberona, son tres los puntos en conflicto que impiden que este gobierno acceda a aprobarlo: Asegurar a todos los ciudadanos acceso a la justicia ambiental; que pueden participar en la toma de decisiones ambientales y que se den los mecanismos para garantizar la protección de los defensores ambientales.

“Prácticamente todos los días hay episodios de contaminación crítica y evidentemente el acceso a la justicia y las condiciones de transparencia de una gestión ambiental hoy serían distintas si contásemos con herramientas legales como el tratado de Escazú (…) la no firma del tratado creo que se debe a una desinteligencia y a una falta de competencia estratégica de este gobierno sobre esta materia”, concluye Matías Asun.

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Fernando Leal, abogado de Felipe Santana: “Si recurrimos a tribunales internacionales, tengo la convicción de que el Estado de Chile va a ser condenado”

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El caso de Felipe Santana, preso en el marco de la revuelta social de 2019, será revisado este 26 de enero en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Entidad que determinará si se anula la sentencia en su contra por incendio frustrado en lugar habitado. Un caso que los cercanos de Santana han denunciado como chivo expiatorio.


A casi dos meses de la sentencia en su contra, Felipe Santana, único preso de la revuelta en Puerto Montt, continúa detenido en la Cárcel de Alto Bonito. Este 26 de enero la primera sala de la Corte de Apelaciones de la ciudad revisa un recurso de nulidad a su favor. Solicitud que, de acogerse, podría acabar con su largo encierro, iniciado en noviembre de 2019.

Pero esta vez, y desde fines de noviembre de 2020, Santana cuenta con un nuevo defensor. Se trata de Fernando Leal, abogado especialista en causas de derechos humanos, con quien conversamos sobre uno de los casos más emblemáticos de prisión política en Chile, en el marco del estallido social de octubre de 2019.

Aquello, justo cuando en el Congreso se discute el proyecto de ley que busca indultar a los presos de la revuelta. El que podría beneficiar a decenas de jóvenes encarcelados a la espera de un juicio cargado de represalias políticas.

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Complejo Penitenciario Alto Bonito FOTO CRISTIAN DUARTE/AGENCIA UNO

El recurso de nulidad

Según relata el abogado, la principal imputación a Felipe Santana se refiere al delito de incendio en lugar habitado. Sin embargo, describe que la figura penal requiere que la persona que cometió el delito tenga el conocimiento de la existencia de personas en el lugar. Información con la que el joven mueblista no contaba.

¿Cuáles son los argumentos del recurso de nulidad que revisará la corte este martes?

Se ataca la forma en que fue valorada la prueba por parte del tribunal. En definitiva, se plantea que la forma en que falló el Tribunal Oral en lo Penal va en contra de los principios de la lógica y la congruencia. Porque básicamente a Felipe lo acusan y lo condenan por incendio frustrado en lugar habitado.

Sin embargo, el tipo penal requiere que la persona haya sabido que en el lugar que está incendiando habían personas. Y la catedral de Puerto Montt, desde el día 14 de noviembre, estaba cerrada. No se estaban efectuando misas producto del tema del estallido social. Estos hechos ocurrieron el 18. O sea, llevaba varios días cerrada. Él no tenía cómo saber que habían personas dentro.

Y resulta que ninguno de los testigos que estaban dentro de la iglesia logra señalar o afirmar que hayan tenido contacto visual o que hayan visto a Felipe. O sea, la prueba inicial al menos tiene que ser múltiple, fundada. Acá no existen todos estos elementos.

De todos los testigos, solamente hay dos –que no son presenciales y que son funcionarios policiales– que reconocen a Felipe por unas fotografías, que fueron exhibidas en el juicio. En ninguna aparece Felipe realizando o avivando la fogata. No hay video, no hay testigos presenciales, las fotos no demuestran lo que dice el fallo.

Por su parte, y respecto a la posibilidad de no acogerse la nulidad, Leal aseguró que interpondrán un recurso de revisión. “Agotadas las instancias en nuestro sistema interno, no vamos dudar en ir al sistema interamericano“, afirma.

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Felipe Santana: Chivo expiatorio

Para el destacado abogado, la posibilidad de llevar el caso a una corte internacional y ganar es muy posible en “un Estado como el nuestro, que ha sido señalado por distintos organismos internacionales por violaciones a los derechos esenciales o derechos humanos”. Esto comprendiendo que la detención de su defendido se dio en un contexto de manifestación social.

¿Cercanos a Felipe aseguran que su caso ha servido como chivo expiatorio. ¿Cree que existen elementos para acusar intenciones políticas detrás?

Llama la atención que en el fallo, y ahora en los antecedentes de la carpeta investigativa, se habla de una muchedumbre de personas apostadas en las cercanías de la catedral, y solo haya sido Felipe el que terminó detenido, siendo el culpable de todo lo que ocurrió. También siento que lo han convertido en un chivo expiatorio.

Él tiene una discapacidad intelectual. Pese a eso nunca se ordenó una pericia a través del Servicio Médico Legal, o un perito para establecer su inimputabilidad. (También) me llama la atención la condena con un estándar probatorio tan débil que exhibe y muestra este caso.

Creo que es injusto y, como te digo, si esto no se soluciona en nuestros tribunales y terminamos recurriendo a organismos y tribunales internacionales, tengo la convicción más absoluta de que el Estado de Chile va a ser condenado.

Fernando Leal, abogado defensor de Felipe Santana

– ¿En algún minuto se informó de más detenidos por el mismo episodio. ¿Solo Felipe fue procesado?

– Te voy a contar algo al respecto. Esto habla de cómo funciona nuestro sistema con las personas más débiles ante el aparato policial.

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Felipe tiene la posibilidad de hablar con su abogado dos veces por semana. Él es como un niño, muy cándido y bonachón. Hace aproximadamente una semana atrás me llamó muy angustiado y asustado. Me dijo que ese día una persona quería hablar con él, tuvo que bajar y pensó que era una visita.

Resulta que era un detective. Le comenté que no debía haber hablado con él y que, cualquier cosa, tenía que decir que no iba a decir nada hasta que estuviera su abogado presente. Entonces me cuenta que el día que lo detuvieron también detuvieron a otro chico y a los dos les pegaron. Y este detective que apareció iba a tomarle declaración por la denuncia de este muchacho que había sido agredido por los policías.

Lo extraño del caso es que el detective llevaba una declaración lista para que él solo la firmara. En donde Felipe decía que él no había visto nada, que nunca vio que le pegaran al otro joven y que prácticamente no lo conocía. Le pregunté qué hizo. Me respondió que estaba asustado y que firmó.

Cuando tú ves que las policías funcionan de esa manera… imagínate este cabro que está hace más de un año privado de libertad, que tiene discapacidad intelectual, que está angustiado y lo único que quiere es que se cierre luego su caso, y aparece un detective a tomarle declaración sin avisarle a su abogado y sabiendo que Felipe cuenta con uno. Le lleva una declaración hecha para que mienta. ¿Puedes creer efectivamente que los mismos detectives o policías que aparecen como testigos no presenciales acusándolo están actuando bien? A mí por lo menos me provoca dudas y sospechas.

Eso habla de un modus operandi en donde se tapa con impunidad a quienes, siendo agentes del Estado, agreden a detenidos y también, por otro lado, como se ha visto en más de una oportunidad, cómo se tergiversan las pruebas y se realizan verdaderos montajes para impedir que se aclaren los hechos.

¿El hecho de que la detención de Felipe se diera con la excusa de un control preventivo de identidad no constituyó algo relevante para la corte cuando se revisó su caso, por su irregularidad?

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Es uno de los temas por el cual voy a pedir control de convencionalidad y alegaciones. Porque el control de identidad es inconvencional. Es decir, el sistema interamericano de derechos humanos ya lo ha dicho, que el único que puede establecer la detención de una persona o mantenerla privada de libertad tiene que ser un órgano jurisdiccional y bajo el control de este mismo.

Por lo tanto, toda la prueba que se parte teniendo ahí, respecto de Felipe para posteriormente inculparlo, está contaminada y no cumple con los estándares que son exigibles para un Estado democrático y de derecho.

(Además) se han falseado datos, se ha faltado a la verdad, se le ha maltratado e infligido daños. Esos son hechos que revisten carácter de delito y, lógicamente, tienen que ser objeto de una persecución penal y vamos a interponer las acciones que sean necesarias.

Felipe Santana en el colegio

Indulto para los presos por manifestarse

Este 25 de enero, la aprobación a la idea de legislar el proyecto que busca dar indulto a los presos de la revuelta dio una luz de esperanza a decenas de jóvenes que, tal como Felipe Santana, fueron detenidos y encarcelados por manifestarse.

Consultado al respecto, Leal reflexionó sobre el derecho a manifestarse y la deuda de la clase política con quienes han luchado desde esa vereda.

“Cuando se criminaliza tanto al movimiento social, hay que recordar que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional. Está establecido en la misma constitución que defiende este gobierno. Además está establecido en los distintos pactos internacionales y tratado a que Chile se ha ligado. Por lo tanto, criminalizar al movimiento social porque se manifiesta no creo que sea el camino correcto.

Acá hay una grave crisis en materia de derechos humanos por parte del Estado, con una represión brutal. Con mutilados, torturados, fallecidos, asesinados, abusados sexualmente, mujeres desnudadas por las policías. Cuando todo eso lo establecen organismos internacionales en base a los mismos hechos, estamos dentro de una tiranía de facto y lo digo con todas sus letras.

Respecto del proyecto de indulto, espero recordarles a la clase política que este proceso constituyente se generó gracias, ni más ni menos, a lo mismos muchachos que estuvieron en las calles pidiendo un cambio de sistema. Y resulta que todos estos muchachos terminaron en la cárcel, y los mismos que no querían los cambios, ahora son los primeros en la fila para construir esa constitución.

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La clase política tiene una deuda tremenda, toda la élite política de este país, con estos muchachos. Y ya es hora de que actúen. No puede ser que sigamos dejando privados de libertad a jóvenes por haberse manifestado. Muchos de ellos varias veces con pruebas que no dicen mayor relación que lo informado por Carabineros y las policías. Mismas que, de acuerdo a los informes internacionales, en forma reiterada han vulnerado los derechos humanos de los chilenos. Eso debe cambiarse”, cerró.

[Actualización] Luego de los alegatos presentados a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el fallo se dará a conocer el próximo 15 de febrero. Día en que se conocerá si se anula o no la sentencia en contra de Felipe Santana.

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José Antonio Neme, conductor de Pauta Libre: “Piñera se acabó el 19 de octubre”

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Durante los últimos meses, el conductor de Pauta Libre (La Red) ha sido protagonista de las redes sociales. Ya sea por sus ácidas y deslenguadas opiniones televisivas que se comparten por millones en Tik Tok, o bien, por responder frontalmente a quienes lo increpan en su cuenta de Twitter. Su fanaticada lo defiende, mientras que sus críticos más acérrimos, en su gran mayoría amantes de la  dictadura y la bandera chilena, exigen su salida del canal privado. José Antonio Neme no pasa desapercibido, y hoy, al parecer, lo que diga es tema obligado de conversación. En entrevista con este medio, el periodista explicará su desorientación en el plano político y revelará si lo impactan o no las críticas en lo íntimo.


La siguiente conversación con el periodista y conductor de Pauta Libre se dio a minutos antes de que él saliera al aire y rodeado de la tranquilidad del patio de La Red en la comuna de Macul. Neme -39 años- aparece listo y dispuesto para otra noche de programa. Llega peinado desde su departamento y con el diario El Mercurio doblado bajo el brazo. No tiene prisa y se siente cómodo en su casa televisiva. En breves minutos más, responderá a los ataques de odio de  quienes incluso pidieron su salida del canal. Le adelanta a la productora del programa que lo que dirá no se había visto en la pantalla  nacional y que confíe plenamente en lo que tiene que decir. “Soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida” dirá más tarde mirando fijamente a la cámara.  

-Ha sido un gran año para ti, has tenido notoriedad, tu opinión importa, tal vez más que cuando estabas en el matinal o el noticiero. ¿Cómo analizas tu 2020?

-Creo que fue un año difícil para mí. Difícil porque está primero el despido de por medio, inesperado. Siempre dejar un trabajo, a través de un despido, donde uno tiene costumbre, cercanía y rutina, es complejo.  Después vino la pandemia, que hizo todo más complicado. Fue una año muy denso, muy pesado.

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-Hace poco, el hashtag #FueraNemeDeLaRed fue tendencia. De un momento a otro explotan tus opiniones en redes, eres compartido de inmediato en Twitter con miles de reproducciones, ¿Qué te pasa con eso?

-Me mandaron un pantallazo, yo no tengo ni Tik Tok, donde hay una frase mía, en un debate con la Mirna Schindler sobre las cuarentenas y lo de Cachagua, que tiene un millón cien mil visitas. No sé a qué responde. Yo creo que estamos en año electoral, entonces los equipos políticos también tienen sus estrategias. Creo que tiene que ver más con la plataforma, y con los estrategas que hay atrás, que conmigo. Yo no creo que haya cambiado mucho de un minuto a otro. De hecho, este año hago  prácticamente lo mismo, solamente que no leo noticias. A lo mejor acá, de repente,  paso más la línea en algunos temas, pero por favor, no estoy llamando a construir ojivas nucleares, ni a la insurrección, ni a que nos armemos. Pongamos todo en un contexto. Son cosas como de sentido común. Por ejemplo, sí, sospeché del operativo de la Policía de Investigaciones en Temucuicui, ¿por qué no puedo sospechar?, ¿cuál es el pecado? Mi respeto por la Policía, mi dolor con la familia del caído, mi corazón con el pueblo mapuche, pero por qué no puedo decir `oye, mira, este operativo me parece sospechoso`. Ha habido una historia de montajes, me parece que nos han acostumbrado a montajes.

-Generas varias cosas…

Habrá un par de personas que pueden decir ‘pucha, el pelotudo, el maricón tonto, por qué dice eso’. Pero para hacerlo Trending Topic, crear un hashtag, empezar a hacer memes. No sé, no me creo tan importante y esas personas tienen cosas mejores que hacer que dedicarse a hacer caricaturas de mí.

-¿Y sientes ese agote digital convertido en realidad?

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-Es que depende, las cuentas son todas iguales. Tienen íconos a Pinochet, la bandera chilena o una virgen. Entonces no es `Pedro, Ñuñoa, 24 años, estudiante UTEM”, no es esa persona. No sé si son bots o no. Son vírgenes, paz, familia, provida, patria, y son 10, 20, 30… y ahí digo chao. Yo soy un tipo que al final del día se va para su casa y está con sus perros. No quiero descubrir, no quiero que Nixon renuncie a la presidencia, no quiero descubrir Watergate, ni no tengo esas aspiraciones de ganarme un Pulitzer, ni nada. Yo lo único que trato de hacer es, desde mi humilde mirada, pequeña, mínima, ínfima, es darle cierto sentido común a las cosas.

-¿Cómo relajas tu cabeza cuando llegas a la casa?

-El único momento que yo relajo mi cabeza es cuando duermo. Me cuesta relajarme.  –

-¿Vas a terapia?

-Sí, hace muchos años. Me cuesta relajarme, pero yo creo que es un aprendizaje. Yo creo que todos estos ataques y esta exposición, te ayudan. Mira, ante una exposición tan grande, en una línea tan sensible, yo creo que hay dos opciones: o te vas a la concha de la lora y te pasan por encima, y te perdí, y empiezan a hablar leseras y terminái como perdido, pobre tipo. O te vas a tu centro, te afirmas en lo que tú crees, eres, sientes, tomas distancia con dignidad y te haces cargo. No hay de otra.

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-¿Meditas o algo así?

Sí, pero me cuesta mucho apagar la mente, pero lo intento.

-Pauta Libre es un programa que meses atrás hubiera sido impensado. Con Mónica González, Alejandra Matus y Mirna Schindler

(Sonríe) Intensas, es un panel difícil de manejar.

-¿Y cómo llevas eso? ¿Qué has aprendido de ellas?

-Me hago el lindo y dejo que me regaloneen las tres. Yo lo único que tengo que hacer es como diseñar el coro, pero ellas son el programa.

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-¿Y cómo se lidia con esos egos y el ego de uno?

-Yo mi ego lo tengo que administrar todos los días, no me puedo hacer cargo por el ego de los demás, pero al final somos todos periodistas, profesionales y la cosa fluye bien. A mí me impresiona cómo el programa se ha posicionado el nombre tan rápido. No pasaron ni dos semanas y todo el mundo cacha el programa perfecto, es Trending Topic en Twitter todos los domingos y los extractos del programa dan vuelta en Internet.

-¿Cómo te defines en lo político?

-No sé. Hoy no siento filiación política con ningún sector. Estoy desorientado, yo creo que como la mayoría de los chilenos, que no sabe bien. No tengo definido mi voto de noviembre. Tengo aprecio por algunos candidatos a constituyentes…

-¿Te ofrecieron alguna candidatura? Ahora que hay un boom de rostros televisivos en la política

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-No, no me interesa participar en eso. Hay gente más preparada y que tiene una sensibilidad social mucho mayor que la mía. Yo quiero mirar el proceso, observarlo como espectador.

-Cuando se firmó el Acuerdo Por la Paz del 15 de Noviembre, de madrugada, en un ambiente un poco raro, veíamos una Nueva Constitución que se estaba formando, ¿Te ilusionaste?

-Me dio un sentido de esperanza porque además estábamos bajo una presión enorme en la calle en términos de violencia. Fue un poquito esperanzador de que Chile fuera capaz de encausar constitucionalmente una crisis tan grande. Una crisis que en cualquier país latinoamericano hubiese botado al gobierno. O sea, en cualquier país, el Presidente, después de una crisis de esa envergadura, sale en helicóptero, avión, en un barco, lancha, lo sacan por dónde sea. Y a veces creo que hubiese sido más sano.

No sé cómo un Gobierno, pasando por un golpe tan duro en su línea de flotación, que lo que hace es quitarle el control del timón al Presidente, puede seguir gobernando. Es un ejercicio muy difícil. Y si lo consigue, y lo ha conseguido, toda mi admiración para el Presidente Sebastián Piñera, porque seguir gobernando después del 18 de octubre, es una tarea titánica. Es un barco que tú no puedes controlar. O sea, si él quiere ir a la derecha, le giran a la izquierda. Si quiere ir a la izquierda, le giran a la derecha. Entonces, la verdad, el capitán del barco, nadie le obedece. Es importante que en el próximo sistema político que construyamos a partir de la Constitución haya alguna puerta de salida o un botón de emergencia, porque si no se empieza a recalentar el sistema, que no da respuesta. Es importante que los sistemas tengan una salida, y aquí, como somos víctimas de un presidencialismo exacerbado a su máxima expresión (…) En cualquier país parlamentario, se disuelven las cámaras, anticipan elecciones y no pasa nada.

Repaso presidencial

Cuando José Antonio Neme comienza a hablar, es difícil interrumpirlo. Por lo mismo, publicaremos sus reflexiones que comenzó a desarrollar, a partir de conversar de política.  

Patricio Aylwin: Creo que el gobierno de Patricio Aylwin fue un gran gobierno. Con todos sus errores, “en la medida de lo posible”, pero nos fue alumbrando, nos sacó de un camino muy doloroso, y nos llevó hacia alguna parte. Era un “Paso a Paso”, pero que íbamos pa` alguna parte.

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Eduardo Frei: El gobierno de Frei tenía una estrategia de apertura y organización a  nivel internacional. ¿Bien? ¿Mal? Terminó medio deslavado con las indemnizaciones.

Ricardo Lagos: Estuvo marcado por el crecimiento interno, las privatizaciones, la cicatriz del MOP GATE, MOP CIADE y la Ministra Gloria Ana Chevesich.

Michelle Bachelet: El primer gobierno de Bachelet me parece súper relevante. O sea, la primera mujer, el pilar solidario. Puso grandes temas en su primer gobierno.

Sebastián Piñera 1: Fue un gobierno técnico-administrativo muy bueno. Le tocó un ciclo muy bueno, además. Tuvo que reconstruir el país después del terremoto. Piñera 1 fue un súper buen gobierno. Lo pasamos bien. La Belle Époque. No importa nada, hay que ir a Miami, hay que pasarlo bien, hay que viajar, hay que tener pleno empleo, hay que disfrutar, hay que crecer, hay que comprar. Esa era más o menos la tónica y que está bien. El sistema lo ofrecía, la gente tenía acceso, estábamos pasando por un buen ciclo económico.

Michelle Bachelet 2: Le tocó difícil. Creo que Bachelet 2 se terminó con Caval. Le golpeó su línea de flotación y la hundió porque Caval era un mísil al relato del gobierno, a los no privilegios, y era un privilegio, eso la desmoronó. Tenía una idea de lo que Chile necesitaba, una idea súper potente, creo que si se hubiera puesto en marcha bien y si las cosas se hubieran hecho mejor, y si se hubiera asesorado mejor, a lo mejor el 18 de octubre se hubiera evitado. Se rodeó de gente no tan buena. Fue confusa la ejecución del programa.

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Sebastián Piñera 2: Piñera se acabó el 19 de octubre y el control real lo tomó de facto el Parlamento.

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¿Cómo ves el escenario presidencial?

Uff, rarísimo, muy extraño.

Solo tenemos claro que Joaquín Lavín está dentro…

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No entiendo bien su travestismo político, no entiendo lo que quiere hacer como gobierno de unidad, socialdemócrata pero a quién va a convocar, no le entiendo lo que quiere decir. Habla desde un buenismo que me encanta, pero no sé si se puede concretar. Me gusta más la gestión de Matthei, si es que tuviera que hablar de algún candidato de la derecha.

-¿En serio?

-Me parece más clara. Lavín le tengo respeto como alcalde, creo que ha hecho un súper buen ejercicio como líder político en distintos roles, pero no lo logro decodificar. A lo mejor yo soy el idiota. No logro entender lo que me quiere decir. No entiendo qué es ser socialdemócrata para él, qué es un gobierno de unidad, de qué se arrepiente, qué es lo que quiere, ¿el abrazo de Chile en el Estadio Nacional? ¿La reconciliación al estilo Aylwin? ¿Qué está buscando? No lo entiendo.

-¿Y Sebastián Sichel?

-Creo que es su primera aproximación, pero es un cheque a fecha. Creo que si le va bien, podría venir una segunda candidatura, o una tercera. Este es el inicio del camino de él, pero él sabe que no va a llegar a la Moneda ahora.

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José Antonio mira su reloj. Son las 21:15 horas y debe entrar al estudio para conversar con sus compañeras de programa y repasar la pauta del día. Quedan muchas preguntas pero ya no hay tiempo. Se despide con una sonrisa esquiva, no tan dibujada, pero real al fin y al cabo.

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Violaciones a los DDHH sin justicia: Solo 19 funcionarios de Carabineros fueron desvinculados durante el Estallido Social

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“Entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, se instruyeron un total de 1.270 procesos disciplinarios, de los cuales 771 corresponden a investigaciones y 499 a sumarios administrativos, resultando un total de 19 funcionarios desvinculados”. Así dice el documento de Transparencia entregado por Carabineros de Chile, lo que contrasta los procesos internos de la institución con las 2.349 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras entidades de investigación.


Felipe Cartes (23) fue detenido en una manifestación tras el triunfo del “Apruebo”. El joven declaró que al momento de ser subido al retén móvil sus nervios le hicieron llamar “compañero” al uniformado que conducía. —Yo no soy ni de izquierda ni militante del partido comunista, solo fue una forma de expresarme. Entonces él me dice que ‘los compañeros murieron pal 73’. Fue chocante, porque el paco no me sacaba ni diez años y hablaba así de gente que murió-, recuerda hoy.

Para él esa frase, dice mucho de la formación de la policía en nuestro país.

La violencia policial durante este tiempo no se configuró como un hecho aislado. Desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recopiló un total de 4.075 hechos vulneratorios en el contexto del estallido social y presentó un total de 2.349 querellas por violaciones a los Derechos Humanos. La institución con más antecedentes en su haber fue Carabineros, con un total de 3.806 cargos en contra de manifestantes.

Pero los hechos nos dicen otra cosa. En cuatro solicitudes presentadas vía transparencia, se pidió información respecto a la cantidad de uniformados dados de baja tanto por amonestaciones verbales como físicas, entre los periodos de octubre 2019 y noviembre de 2020. La respuesta revela que la institución sólo desvinculó a 19 funcionarios entre los periodos del 18 de octubre de 2019 al 18 de marzo de 2020. Y de las 2.349 querellas interpuestas sólo por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros consideró apenas un total de 1.270 procesos disciplinarios, todos bajo su propia regulación.

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Bajo este contexto, la naturalidad con que se afrontaron situaciones vulneratorias que no estaban dentro del protocolo no fue sorpresa, más aún partiendo por la premisa del autocuidado como un escudo de batalla. Las malas prácticas y el incumplimiento de protocolos son comunes en la manifestación pública. Así lo deja ver claramente una tabla elaborada por el INDH a partir de 298 manifestaciones observadas en todo Chile por el equipo de Observadores de la institución, entre los periodos del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Tabla proporcionada por Sònia Lahoz i Ubach, Cientista Social y coordinadora del equipo de Observadores del INDH

Con un total de 1.158 malas prácticas e incumplimientos a los protocolos, Rodrigo Bustos, Director Jurídico del INDH, explica que si bien existen sanciones para estas situaciones, la mayoría de las veces no son efectivas: “De las 1200 investigaciones administrativas que abrieron para los casos del estallido social, son muy pocos los uniformados desvinculados y no son muchos los que tienen sanciones”, comenta.

En esa información entregada existe una cierta impunidad dentro de los propios procesos investigados a puerta cerrada por la institución, más aún cuando desde el alto mando se les brinda el apoyo necesario para seguir actuando de la misma manera. “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer (…) tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros”, así lo expresó el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, adelantando en los primeros días de noviembre la tónica que se viviría durante los meses posteriores.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

El incumplimiento de protocolos

Roxana Valdivia (23) y sus dos amigas volvían de manifestarse un día de octubre en 2019. La jornada había empezado tranquila, junto niños, madres y adultas mayores congregadas cerca de la gobernación de Osorno, cuando Carabineros lanzó la primera bomba lacrimógena, comenzó la violencia que dejó a niños llorando y mamás desesperadas.

De nada sirvió irse para evitar la represión, porque en su viaje de regreso, uniformados bajaron de una patrulla para rociarlas con gas pimienta.

-No nos dijeron nada, ninguna explicación. Yo creo que supusieron que veníamos de la marcha (…). Fue desesperante, como que me faltaba el aire-, dice la joven estudiante de Trabajo Social, quien quedó con ardor en sus ojos por siete días.

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Algo parecido vivió un año más tarde Tania Carter, Brigadista de Salud que el 23 de noviembre pasado quedó con ceguera temporal luego de que un Carabinero le rociara gas directamente a los ojos, esto cuando intentaba obtener los nombres de los funcionarios responsables de propiciar un corte en la cabeza a una joven a la que habían empujado contra un poste, por intentar detener una detención injustificada.

-Ahí nos rodearon y nos tiraron, nos empujaron, nos amenazaron, que ‘dejate de grabar’, que nos iban a matar, que sabían donde vivíamos, que atendemos a delincuentes, que ya nos conocían. Ahí uno saca un gas pimienta (…) después me mira a la cara, me toma del hombro y me dice ‘mira maraca culiá, me estai puro webiando, ¿querís sufrir? te voy a torturar’ y ahí me pesca y me tira el gas en la cara”-, narra Carter.

Caminó dos pasos y desvaneció. Eso fue lo último que hizo Tania antes de perder el control de su cuerpo. Cuando despertó, había otros brigadistas que le hacían primeros auxilios, pero ella no venía nada y tenía espasmos, razón por la que la llevaron a la Posta Central. El diagnóstico: quemadura de tráquea, laringe, nariz, boca y córneas. Fue recién a principios de diciembre cuando empezó a evolucionar, pero su vista sigue dañada. Ahora está con terapeuta ocupacional y psicóloga por estrés post-traumático. Tendrá que usar lentes por el impacto de la herida.

Carter lleva asistiendo gente en las calles hace años,  pero fue recién para el estallido social que conformó un equipo de trabajo. Sobre esto, afirma que los protocolos de Carabineros en ninguna manifestación son respetados. “El uso del gas pimienta es indiscriminado en la calle y se debería usar a 1,8 metros. No se puede echar directamente a la cara. Eso nunca lo han cumplido”. Esto, cuando en el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Orden General N° 2.635) dice que el uso del “Gas OC” (pimienta) es sólo para el “uso defensivo contra agresiones hacia el personal” y para la “neutralización de un grupo reducido de individuos”.

Felipe Muñoz, fotógrafo de Concepción, afirma haber visto esto el 26 de noviembre de 2019, en Barros Arana con Castellón: “Ahí habían barricadas hechas con adoquines, muchas, como tres y los pacos fueron a despejar el camino. Yo me quedé ahí, al lado de la Escuela Militar y había, al menos, dos pacos tirando piedras hacia la plaza de Tribunales. También otro paco encapuchado, sin identificación y  con una piedra en sus manos”. 

Otra práctica que se sigue dando es la no identificación de funcionarios a la hora de cubrir manifestaciones. El fotógrafo Diego Ibacache (29) de Concepción denunció a través de imágenes que se hicieron virales que, el 18 de noviembre de 2019, Carabineros no sólo no estaba usando su nombre en su uniforme, sino que en su lugar habían denominaciones como “Super Dick”, “Destroyer” y “Raptor”.

El fotógrafo señala que un par de semanas más tarde, se volvió a encontrar con “Destroyer”, quién lo reconoció y le dio aviso a uno de sus colegas.

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Este me lanzó una amenaza de ‘se va a morir tu hermana. Tras esto, se abrió una investigación administrativa que quedó inconclusa debido al cierre temporal del caso por parte de la Fiscalía, comenta.

Lo peor es que después me di cuenta de que quién era el encargado (de investigar el caso dentro de la institución), aparecía en un video empujando a mujeres en la calle-, agrega.

Sobre este punto, Leonardo Llanos, Juez de Garantía que se desempeñó en Concepción para octubre del año pasado, dice que “ellos están obligados a portar su nombre en el uniforme y el número de placa, que también tiene que ser exhibido, para que uno pueda saber quién fue el Carabinero que está efectuando el procedimiento”.

A este prontuario se suma utilización de otros objetos no considerados en protocolos como hondas y el mal uso del bastón de servicio o “luma”, que según el Protocolo, debería usarse sólo como “uso defensivo contra agresiones hacia el personal”.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

La naturalización de las agresiones verbales

El 19 de octubre de este año, Scarleth M. se encontraba en el Cruce Higueras del Puente Perales cuando fue detenida en medio de una manifestación pacífica. Andaba con su pareja y cuando la policía tiró gases lacrimógenos para dispersarles los agarraron entre un piquete policial y alrededor de diez uniformados en motocicleta.

-Primero agarraron a mi pololo y empezaron a tirarle la moto encima y yo me acerqué a reclamarles y el paco me dijo ‘cállate, ya a la pared’. De repente llegaron más, nos ponen las esposas y cuando preguntamos el por qué si no habíamos hecho nada, dijeron ‘vengan pa’cá si ustedes no tiene por qué hablar’, ‘camina, camina’ y ‘a mi no me vengai na’ a wear-, relata.

Aun cuando su detención fue completamente arbitraria, la joven actualmente está imputada por lanzar objetos contundentes a Carabineros y desórdenes públicos, caso que se suma a la larga lista de arrestos injustificados efectuados en el contexto del estallido social. Según el equipo de observadores del INDH, entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, se advirtieron los siguientes comportamientos en la detención de manifestantes:

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Tabla proporcionada por Sònia Lahoz i Ubach, Cientista Social y coordinadora del equipo de Observadores del INDH

Pese a que el periodo de observación es de apenas dos meses, da cuenta de la reiteración de las prácticas anti protocolares en las que incurren los uniformados. Además, dentro de la protesta no sólo se evidencia la posibilidad de recibir golpes, gases en el rostro o, inclusive, arriesgar una detención, sino que estos elementos se acompañan de insultos verbales y hasta amenazas, todo ello naturalizado en la predisposición de los civiles a esperar cualquier tipo de afrenta por parte de Carabineros y Fuerzas Especiales.

La situación no fue muy diferente para la fotógrafa Paz Villaroel. Cuando salió para registrar la segunda fecha de la PSU de 2019 en la Municipalidad de la comuna de San Bernardo, se encontró con personal policial amedrentando a un pequeño grupo de personas. En ese momento, un Carabinero sacó una escopeta de balines y ella lo encaró, preguntándole por qué estaba sacando armas, a lo cual recibió un “cállate weona, yo no soy familiar tuyo” como respuesta.

-Yo le dije que menos mal, que yo no tengo hermanos pacos y que me daría vergüenza tenerlos y el me dijo ‘cállate maraca culia, erís una cochina culia [sic]’. Nunca me había pasado que un paco me dijera cualquier cosa (…) Cuando me di la vuelta, pidió que me detuvieran. Dijo ‘a esa, a esa deténganla-, sostiene la fotógrafa.

La aproximación más cercana a una regulación de este ejercicio se encuentra en el Art. 22 del Reglamento de Disciplina N°11 de Carabineros de Chile, que dicta “el trato descortés o inculto para con el público”.

Asimismo, dentro del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público de Carabineros, en su primer punto referido a la “Protección a manifestantes”, se indica que “el personal de Carabineros no debe reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”, evidenciando que aún si el funcionario es provocado, denostar verbalmente a un civil es un claro incumplimiento protocolar.

En este sentido, Ignacia Velasco, periodista del proyecto de investigación Documenta LaBot, que reúne casos de violaciones a los DD.HH desde el 19 de octubre de 2019, indica que existe una normalización tanto por el uso de la fuerza como por posibles insultos del personal de la institución. –Mucha gente que va a las manifestaciones asume que si lo detienen o si tiene un encontrón directo con Carabineros o va a ser golpeado, o va a ser amenazado-, explica Velasco.

Además, comentas que los casos vulneratorios son una mezcla entre agresiones verbales y físicas, donde se culpa al manifestante por el uso excesivo de fuerza y la actitud anti protocolar de los uniformados:

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-Llamaba mucho la atención amenazas como ‘por andar webeando te va a pasar esto’ y particularmente era super heavy con las mujeres porque había mucha denostación verbal. Hubo niños a los que los amenazaban con enviarlos al Sename-, dice.

En este contexto, la sensación de vulneración al momento de salir a las calles era una sensación reiterativa. Así lo deja ver el fotógrafo Johan Berna, quien fue amenazado por un Capitán de Carabineros, tal como en su momento lo fue el también fotógrafo, Diego Ibacache.

-Este tipo me insultaba de la nada, cuando ellos llegaban y pasaban al lado mío, este tipo me gritaba cosas. Tiempo después, en plena represión, me gritan de la verde de enfrente donde yo estaba ‘Johan Berna, te tengo identificado-, recordó el joven.

No sólo las amenazas eran recurrentes, esta situación le significó cuidarse las espaldas, sino que personal de Carabineros le lanzó tres lacrimógenas en el cuerpo -cabeza, pierna y costillas- y, pese a interponer una querella en el INDH, a más de un año de la denuncia respectiva, éstas acusaciones se encuentran congelada en los tribunales de justicia.

Juan Andrés Álvarez, abogado y miembro del piquete jurídico de la Universidad de Concepción, dice que en su experiencia, no se ve que la policía cuide su lenguaje o sepa cuál es su rol.

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Ocurre que hay un trato de iguales, cuando la situación desde luego no es horizontal. No puede estimarse que porque el manifestante estaba insultando, Carabineros tenga la misma libertad para hacerlo. Hay un error grave de percepción en torno a que Carabineros de alguna manera se tiende a homologar con los manifestantes y creen que su defensa pasa también por insultarlos de vuelta, en circunstancia de estar en una posición de autoridad-, comenta.

Fotografía por Equipo Fotográfico OPIP

La refundación de Carabineros

El hecho de que existan tan pocos funcionarios policiales desvinculados de la institución, pese a contar con un alto porcentaje de denuncias por violación a los Derechos Humanos, explica que hay un claro problema estructural. Los testimonios expuestos son prueba de que, por lo general, la desvinculación solo es efectiva cuando son casos mediáticos, tal como lo fue con el caso de Fabiola Campillai o Gustavo Gatica.

Los protocolos y manuales de conductas tienen dos falencias grandes: la primera, es que en su normativa manejan conceptos jurídicos indeterminados, lo que hace muy difícil asignar las responsabilidades; la segunda, es que constituyen actos administrativos, por lo su infracción implica una investigación sumaria interna, en los que son los superiores quienes evalúan la gravedad de una falta y dictan las sanciones correspondientes.

Juan Pablo González, sociólogo e investigador del Laboratorio de Datos del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), afirma que los protocolos que deberían servir para que los ciudadanos entendieran a las policías, en realidad sirven como un mecanismo que garantiza la arbitrariedad.

-Al final ellos siempre se pueden escudar en ‘es que el protocolo dice que yo puedo hacer esto, entonces yo estoy siguiendo órdenes’ y en ese seguir órdenes la cadena puede llegar hasta muy arriba-, explica.

Otro punto a mencionar es que es la misma institución quien escribe y modifica sus protocolos y manuales de conducta. En este sentido, es posible que la solución para que las situaciones descritas no se sigan repitiendo, no pase por una modificación a estos documentos -que, por cierto, ya se ha hecho en varias ocasiones-, sino que sea un tema de pensar a los manifestantes como personas más que como enemigos, y a la seguridad pública como un medio, más que como un fin.

Para Leonardo Llanos es difícil que Carabineros pueda llegar a entender lo que un derecho significa, puesto a que no los tienen asociados en su sistema institucional debido a la formación que reciben.

-Por ejemplo, ellos tienen como prohibición constituirse como asociaciones gremiales o presentar solicitudes a sus superiores. Desde ese punto de vista, se torna super complejo que un Carabinero pueda entender qué es lo que él está violando, si él tampoco tiene ese derecho-, afirma el Juez de Garantía.

Este problema estructural que se niega a desaparecer sigue dejando huellas en una sociedad que ya carga con trauma de la dictadura. Uno que pesa cuando un funcionario se siente con la libertad de decir o hacer cualquier cosa, porque sabe que no le va a pasar nada; o cuando la naturalización de agresiones verbales es una situación tan innata dentro de la protesta social, que se aceptan por miedo de no volver a casa.

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*Para efectos de este reportaje, se solicitaron cifras desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2020, pero desde la institución se acotó el plazo a una cantidad de cinco meses. De las solicitudes enviadas, se requirieron los datos de los funcionarios desvinculados a nivel nacional y de los funcionarios desvinculados por “denostaciones y provocaciones públicas a civiles”, ambas en el contexto de manifestaciones públicas durante el estallido social. Sin embargo, Carabineros no especificó al momento de dar la información, entregando sólo una cifra para ambas solicitudes.
*Para este texto se contactó a Carabineros, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

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