Si analizamos la implementación de la ley de identidad de género, podemos destacar diversos aspectos positivos,tales como la cantidad de solicitudes realizadas, pero también complicaciones que han existido, en particular por la actualización de los datos en las bases de datos, problemáticas con diversas oficinas del Registro Civil y la inexistencia de financiamiento a los programas de acompañamiento.
Hoy, domingo 27 de diciembre, se cumple el primer aniversario de la entrada en vigencia de la ley de identidad de género. Una ley que tuvo una tramitación de más de 5 años marcada por los prejuicios, los discursos de odio y la transfobia, lo que lamentablemente repercutió en la demora y en el texto final. Apariciones de personajes como Marcela Aranda, el denominado Pastor Soto y grupos conservadores asociados al Partido Republicano, de José Antonio Kast, y la resistencia constante de Senadores de Derecha tales como Jacqueline Van Rysselberghe, Andrés Allamand y Francisco Chahuán, evidencian claramente el sector político que constantemente quiso boicotear el avance de esta ley. Esta constante tensión, agregando el factor de una clase política no muy convencida de esta iniciativa, explica las razones de por qué tenemos una ley de identidad de género tan restringida en algunos aspectos.
Es por esto que podemos catalogar a la ley de identidad de género como un piso mínimo para la comunidad trans, especialmente por reconocer el derecho a la identidad de género aunque, lamentablemente, no para todas las personas. De esta forma, si quisiéramos resumir el contenido de la ley, la podríamos estructurar en torno a los siguientes puntos:
1) La incorporación del derecho a la identidad de género autopercibida.
2) La inclusión de principios y garantías aplicables al derecho a la identidad de género.
3) La regulación de procedimientos de cambio de sexo y nombre registral para personas mayores de 18 años, y adolescentes y personas con vínculo matrimonial no disuelto (ante el Registro Civil y Tribunales de Familia, respectivamente).
4) Regulación de artículos relativos a la igualdad y no discriminación por identidad y expresión de género.
5) La creación de programas de acompañamiento profesional multidisciplinario para niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la ley de identidad de género excluye, deliberadamente en su tramitación diversos aspectos relacionados con la educación, el trabajo, la salud, estadísticas, políticas públicas y gasto fiscal asociado a la implementación de la ley.
La ley quedó reducida exclusivamente, en términos prácticos, al cambio de nombre y sexo registral, lo que constituye sin duda un avance en el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans pero constituye, en un panorama más general, un primer paso. Si analizamos la implementación, podemos destacar diversos aspectos positivos, tales como la cantidad de solicitudes realizadas, pero también complicaciones que han existido, en particular por la actualización de los datos en las bases de datos, problemáticas con diversas oficinas del Registro Civil y la inexistencia de financiamiento a los programas de acompañamiento.
En primer lugar, si analizamos la cantidad de solicitudes y cambios de nombre y sexo registral, podremos observar que las cifras reflejan la urgencia de una normativa que permitiera, de forma digna, la rectificación. Las cifras revelan que han existido más de 2100 cambios de nombre y sexo registral, las cuales incluyen más de 70 adolescentes, constituyen una evaluación de un panorama positivo en torno a la implementación de esta ley en su aniversario.
Lo anterior es impactante si contrastamos las cifras de cambios registrales de sexo que se han realizado, bajo la ley de cambio de nombre y apellido, son inferiores en un periodo de 30 años a las realizadas en este periodo de la vigencia de la ley de identidad de género. Esto refleja, por si sola, la importancia de esta ley para la comunidad trans.
En segundo lugar, si analizamos las problemáticas de la implementación de esta ley, podremos ver que éstas van desde desactualización de bases de datos, escaso conocimiento de la ley por parte del Registro Civil y otras instituciones públicas, ausencia de financiamiento para los programas de acompañamientos. Las problemáticas en torno a la actualización de los datos en las distintas bases de datos de instituciones públicas y privadas han complejizado una correcta implementación de dichas rectificaciones lo que impacta directamente en el ejercicio de diversos derechos y acceso a beneficios. Por lo mismo, diversas personas han denunciado problemáticas en la actualización de datos de instituciones como el Servicio Electoral, Ministerio de Educación, Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre otras.
Asimismo, diversas personas han denunciado que en distintas oficiales del Registro Civil ha existido un mal trato a personas que han realizado solicitudes y en otras han señalado que ahí “no se hacen esos procedimientos” o que se “necesita abogado” para presentarla. La problemática en torno a la ausencia de financiamiento a los programas de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes ha repercutido directamente en que actualmente no existe ninguna
En tercer lugar, la exclusión de niños y niñas en el reconocimiento del derecho a la identidad de género, y las ausencias en regulación en materias relacionadas con filiación, educación, salud, trabajo, vivienda, en la ley han impactado también en la realidad de las personas trans, aún más en el contexto de la pandemia del covid-19. Es por esto que se ha levantado desde diversas organizaciones de la sociedad civil la necesidad de contar con una ley integral trans, tal como se realizó en Uruguay, para regular diversos ámbitos que quedaron excluidos de la ley de identidad de género.
En razón de lo anterior, es por esto que podemos señalar que a un año de la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, podemos catalogar este periodo de agridulce y de un proceso que aún se encuentra muy abierto a nuevas modificaciones. La erradicación de la discriminación, la exclusión y transfobia no solo pasa directamente por el cambio de nombre y sexo registral sino que también por hacerse cargo de la realidad en torno a una población precarizada y excluida.
Los grandes desafíos que se vislumbran dicen relación con estas exclusiones de la ley de identidad de género y además con la oportunidad que se presenta en torno a la redacción de una nueva constitución. Para todos estos procesos, la participación activa de la población trans es vital para la transformación de los cambios que se requieren.
