San Antonio: el espejo de un país sin suelo

En 2019, en medio del estallido social, comenzaron a limpiar el terreno un centenar de familias, y levantaron las primeras viviendas en Bellavista y luego en el cerro La Virgen, en San Antonio. Durante la pandemia esa ocupación se consolidó y hoy son más de diez mil personas las que habitan este campamento, que se conoce como la mayor toma del país.

No son “usurpadores” “delincuentes” ni “víctimas perfectas”: son el reflejo del Chile actual y de las brechas que no hemos querido mirar. Una nueva exclusión habitacional. La mayoría de sus habitantes tiene entre 35 y 55 años, son jóvenes, y según el catastro Minvu, hay bastantes hogares unipersonales. ¿Por qué?, porque son excluidos del sistema formal de acceso a la vivienda: sin posibilidad de ahorro, sin acceso al crédito ni a subsidios. La tormenta perfecta. 

Mientras los salarios se estancan, los precios de la vivienda se disparan. Según el Índice de Acceso a la Vivienda (PIR), hoy una familia promedio necesitaría 11,4 años de sus ingresos para comprar una vivienda; hace una década bastaban 7,6. La Encuesta CASEN 2022 muestra que un 13,7 % de los hogares gasta más del 30 % de su ingreso en vivienda. No es falta de esfuerzo: es un sistema que asume que todos pueden endeudarse, aunque millones no puedan hacerlo.

El costo del suelo ocioso

El terreno de la toma pertenece a una inmobiliaria que lo mantuvo inactivo por más de 30 años, pagando impuestos como terreno rural, pese a estar dentro del radio urbano y con destino habitacional.

Ese suelo, bien ubicado y conectado, nunca fue puesto al servicio de la ciudad y de la tremenda necesidad de vivienda que hay en San Antonio. 14 hectáreas que podían abordar en gran medida toda la necesidad de vivienda de la comuna y la provincia. Pero la especulación pudo más.

Mientras tanto, los precios subieron y el déficit habitacional se agravó. El Estado, por omisión, toleró la especulación, permitiendo que el suelo se transformara en capital inmóvil. Sin embargo, el suelo urbano, tiene función social: debe servir al bien común. Sostenerlo “en engorda” es un privilegio que profundiza la desigualdad territorial.

Ni romanticismo ni demonización

Las tomas no se explican solo por ilegalidad o necesidad puntual; son una radiografía histórica. El barrio El Carmen, contiguo a la actual toma, surgió también como ocupación tras la crisis de 1982, cuando el desempleo y la falta de crédito obligaron a miles a autoconstruir.

De esa época data la Ley 18.138, aún vigente, que permite regularizar y destinar terrenos para vivienda social. Actualizarla y reactivarla podría ofrecer una salida institucional al problema. Asimismo, la Ley 20.234, modificada por la 21.477 (2022), impide regularizar campamentos posteriores a 2019; una simple reforma parlamentaria permitiría incluirlos hasta ese año, abriendo camino a una regularización segura y planificada.

Una política de suelo para el futuro

El caso de San Antonio revela la urgencia de una política de suelo moderna, capaz de enfrentar la especulación y la concentración.

Chile necesita:

• Gravar el suelo ocioso urbano.
• Poner terrenos bien ubicados al servicio de la vivienda.
• Recuperar las plusvalías generadas por cambios en la planificación para invertir en servicios y urbanización.
• Fomentar el arriendo público y las alianzas mixtas en la gestión habitacional.
• Densificar con escala de barrio, evitando la gentrificación y aprovechando la infraestructura existente.
• Diversificar las modalidades constructivas, incorporando las capacidades de las economías sociales y solidarias y cooperativas.

Estas medidas no buscan legitimar las tomas, sino evitar que sigan siendo la única salida.

Una ciudad desigual no sólo excluye; también fragmenta el futuro. Las tomas nos interpelan. Son el síntoma de una falla estructural, no el problema en sí. Si seguimos tratando el suelo como mercancía y la vivienda como negocio, seguiremos reproduciendo exclusión. Necesitamos un nuevo pacto urbano, donde el Estado actúe, los privados colaboren y la sociedad entienda que habitar dignamente no es un privilegio, sino un derecho.

Mirar la ciudad desde sus necesidades es mirar el país desde su gente. Y si una parte de esa gente vive en la precariedad, toda la ciudad está enferma. San Antonio no es una excepción: es una advertencia. O aprendemos a construir suelo justo, o seguiremos construyendo desigualdad. 

Constanza Lizana Sierra, abogada y exalcaldesa de San Antonio

Tania Madriaga Flores, socióloga y candidata a Diputada por el Distrito 7