Preocupante retroceso de la frontera agrícola fortalece la desigualdad en los territorios rurales

El socializado discurso del compromiso gubernamental chileno de distintos gobiernos para «transformar a Chile en un reconocido productor para el mercado interno y líder mundial en exportaciones de alimentos inocuos, de calidad, respetando el medio ambiente y el bienestar animal, a la vez de impulsar el desarrollo del enorme potencial humano, económico y cultural del territorio rural» (Ministerio de agricultura 2019) entra en tensión al conocer los resultados preliminares del VIII Censo agropecuario y Forestal.

Las cifras son reveladoras. Entre 2021-2007 disminuyó de manera importante la superficie agrícola, Chile cuenta con 57,6 hectáreas menos de cereales; 33,3 mil hectáreas menos de hortalizas y 22,6 mil hectáreas menos de leguminosas y tubérculos. Por otro lado, la disminución de masa ganadera es también relevante. Chile ha perdido en el mismo período 1,3 millones de cabezas de bovino; 1,2 millones de cabezas de ovino y 557 mil cabezas de porcinos. Es importante mencionar que este análisis en torno a la superficie refleja un importante indicador de pérdida de territorios agrícolas que incide directamente en el mundo rural del país. Aún es necesario analizar los datos de producción para conocer el impacto en la provisión alimentaria que ha tenido este retroceso de la frontera agrícola.

La disminución del suelo agrícola genera una incertidumbre importante con respecto a la capacidad de generar alimentos en un escenario de emergencia climática donde el país es altamente vulnerable por poseer zonas áridas y semiáridas, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación. Lo anterior afecta directamente nuestra soberanía alimentaria entendida como el derecho de un país a diseñar sus propias políticas públicas que fomenten la producción, distribución y consumo de alimentos sanos y nutritivos para todos sus habitantes, respetando sus patrimonios alimentarios y gestionando los espacios rurales.

Con una recién promulgada Política Nacional de Desarrollo Rural que declara tener como objetivo «mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, contribuyendo así a un mayor equilibrio territorial del país, potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño«. Así los resultados del VII Censo parecen contradictorios a este objetivo.

Chile se ha caracterizado en los últimos años por profundizar la desigualdad de los territorios rurales principalmente por dos razones (1) la dificultad del mercado para remunerar las diversas funciones no productivas que los sistemas agrarios generan en territorios rurales, y (2) la implementación ineficaz de las políticas públicas para asegurar y potenciar el carácter multifuncional de la agricultura y, consecuentemente, mantener el tejido rural.

En Chile, hasta ahora, la no consideración de la oferta y la demanda por las múltiples funciones de la agricultura en el diseño de políticas agrarias y de desarrollo rural está generando el riesgo de desaparición de la actividad agrícola en aquellos territorios que no alcanzan un nivel mínimo de competitividad de mercado, al considerarse, generalmente, solamente su función productiva e ignorarse el resto de beneficios no productivos asociados a dichos sistemas agrarios. Este abandono supone una pérdida del bienestar del conjunto de la sociedad debido a la reducción de la oferta de bienes y servicios ambientales (biodiversidad, paisaje, equilibrio de los agroecosistemas, etc.) y sociales (mantenimiento de la población rural, conservación del patrimonio cultural, etc.) demandados por una sociedad cada vez más concientizada por la alimentación saludable.

El desafío para los nuevos gobernantes en el país no es menor. Primero, es clave considerar en el diseño he implementación de política pública la multifuncionalidad agraria entendida como el reconocimiento de que la agricultura no sólo provee de materias primas y alimentos, derivadas de su naturaleza productiva, sino además tiene otras funciones no productivas como lo son las ambientales, sociales, culturales asociadas a un territorio particular.

Segundo, la reciente Política Nacional de Desarrollo Rural va a requerir trabajar de manera coordinada y con visión estratégica con otros ministerios para trascender el foco sectorial en su implementación. El llamado también es aprender de experiencias exitosas, existen países que nos llevan la delantera en estas transformaciones los cuales han acusado los profundos cambios en el marco de referencia en el que se sitúan los problemas que atraviesa la actividad agraria y el mundo rural. Estas transformaciones no sólo responden a factores económicos, sino a factores políticos, culturales y sociales que el campo chileno debe considerar. Por tanto, la política agraria debe hacerse cargo de esta multifuncionalidad diseñando mecanismos de fomento que partan de la consideración de que las desigualdades generadas por las propias dinámicas del mercado, deben ser identificadas y corregidas por una integrada, responsable y solidaria participación de los poderes públicos.