Sigue avanzando el calendario de las posibilidades transformadoras y de las esperanzas abiertas. Las clases dirigentes de la transición han perdido su capacidad de representación. Sin embargo, las nuevas fuerzas aún están en formación.
Este proceso, larvado año tras año, se consolida como un momento que exige cambios de fondo frente a una crisis orgánica del neoliberalismo, en el seno de la sociedad que lo vio nacer. Es por ello que en las elecciones de abril no estarán en disputa solo los liderazgos que encabezan los gobiernos regionales y comunales, sino también quienes conformen la convención constitucional. En esas papeletas estarán los nombres de quienes encabecen la discusión respecto a la forma en que organizamos la sociedad y por tanto los objetivos, función y forma de la institución pública que soporta ese orden: el Estado.
Para constituir este nuevo orden los proyectos transformadores no pueden ser solo promesas de futuro, declaraciones, ideas reunidas en el papel o discursos de campaña. Deben ponerse en movimiento y, encarnarse desde hoy, ideas y practicas que proyecten nuevas relaciones sociales en cada espacio de la sociedad y le impriman sus nuevos rasgos a la institucionalidad aquí y ahora.
Si pensamos la sociedad como un todo y al Estado, en sus diferentes niveles, como parte de las herramientas para enfrentar el escenario constituyente, entonces debiéramos pensar en la convención constitucional y en los gobiernos locales y regionales como parte de los desafíos de producción de una nueva institucionalidad. Así fortalecer desde ya los procesos democráticos desde la base de la sociedad para que dialoguen y mandaten al órgano constituyente.
Por fin han quedado atrás aquellos días en que la contradicción central de la política era entre gobierno y oposición. Este desgastado clivaje, ha sido reemplazado por lecturas que entienden que la elite que dio vida a la alianza duopólica, que gestionó el orden neoliberal debe ser reemplazada en el poder y se requieren nuevas reglas del juego respecto a la distribución del poder. Es por ello que las convocatorias a ordenar sumando siglas más o siglas menos, nombres de partidos constituidos, no alcanza a dar respuesta. Estamos frente a un reto que requiere nuevas herramientas. Al ganar la Convención Constitucional en el plebiscito por amplio margen, la gente dio su voto al recambio de las actorías. No se trata solo de nombres, si no de aquello que representan: la elite, sus prácticas, sus objetivos, sus partidos.
Una interrogante central frente a este nuevo desafío, es si podrán constituirse en breve las actorías que lideren este nuevo escenario y empujen las oportunidades de transformación que se han abierto. Actorías colectivas que posibiliten la participación democrática, directa y vinculante que se exige desde la base de la sociedad, al mismo tiempo que canalizan su representación en la institucionalidad por fundar.
Por todas estas razones, resulta estratégico insistir en viabilizar la constitución de listas de independientes, que compitan en igualdad de condiciones, desde el momento de su inscripción y que se reserven cupos para aquellas identidades que han sido excluidas. Que estas actorías constituyentes respondan a un mandato de los territorios, con la responsabilidad de representar los intereses de quienes los han votado y de dar cuenta de los resultados de sus intervenciones en el marco de la convención. Que entendamos además, que el escenario desafía a cada ciudadano y ciudadana del territorio a actuar en el marco del proceso levantando la voz, organizando propuestas, exigiendo a las autoridades medidas concretas para que el espacio de la convención actúe en un marco de trasparencia y respondiendo a mandatos territoriales. Y que cada instancia del Estado se responsabilice de este mandato y haga uso de sus facultades ya sea locales, regionales y/o nacionales para garantizar la plena participación de la ciudadanía en el proceso constituyente.
