Un nuevo trato con la diversidad

Para avanzar en inclusión, se debe abordar las enormes barreras que enfrentan las personas LGBTIQ+ para integrarse a la sociedad, especialmente la población trans. Se debe hacer un trabajo conjunto con las diferentes entidades del Estado para garantizar que no se discrimine a nadie por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni en sus espacios de trabajo, ni en la atención al público.


No ocurre muchas veces en la historia que coincidan una crisis institucional, una pandemia y una crisis económica. Es tan compleja y dura la coyuntura en estos ámbitos, que por momentos olvidamos que vivimos un significativo cambio cultural, cuyos efectos en las relaciones y necesidades sociales debe abordarse en los planes de gobierno.

Quienes fuimos niños y niñas en los ochentas y noventas vivimos una sociedad muy diferente. En salas de clases, iglesias y en los medios, se reforzaba la idea de una población homogénea, donde nuestra adherencia a una fe particular determinaba virtud y la biología establecía roles rígidos, conductas normadas y cualquier expresión que desafiara esas reglas se trataba como pecado, enfermedad o perversión. En aquel mundo la diversidad existía, pero en la marginalidad, donde estaban las personas que no se quería ver, que no eran dignas de empatía, ni respeto, cuyas vidas -y muertes- no le importaban a nadie.

Pero los tiempos están cambiando, hoy la mayoría ciudadana sostiene el paradigma opuesto como verdad evidente: Chile es un país diverso. Las personas LGBTIQ+ somos parte de esa diversidad y constituimos una realidad palpable en la cultura, medios, empresas y disputando espacios de poder. No obstante, años de prejuicios calaron hondo y la discriminación sigue siendo una experiencia cotidiana, nuestra institucionalidad -conservadora por diseño- quedó rezagada respecto a los cambios sociales.

Tenemos la convicción de que el próximo gobierno debe entregar a la ciudadanía transformaciones significativas y liderar este cambio cultural. Desde Nuevo Trato proponemos un programa de cuatro ejes con la diversidad: políticas antidiscriminación, familias, inclusión y educación.

La ley antidiscriminación define el momento en que el Estado dejó de ser indiferente a la discriminación, pero la ley se limita a multas modestas para quien discrimine y un agravante para los crímenes de odio.  La reforma a esta ley que se tramita en el Congreso propone un cambio de alcance estableciendo que no podemos conformarnos con penalizar el daño, el deber del Estado es prevenirlo. Esta reforma considera indemnización, reparación, y complementaremos la propuesta en discusión con institucionalidad robusta que permita hacerla efectiva y que coordine el despliegue de políticas antidiscriminación, considerando acciones de educación, capacitación y sensibilización en los diferentes organismos del Estado, con especial foco en las fuerzas del orden.

Para quienes creemos en un país de ciudadanos iguales en dignidad, es inaceptable que exista diferente trato a las familias en función de su orientación sexual. Para eliminar esta discriminación impulsaremos el Matrimonio Igualitario, proyecto que garantiza el reconocimiento legal de los vínculos de parentesco de familias lesbomaternales y homoparentales, brindando protección a cientos de niñas y niños que hoy se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por negligencia del Estado; elimina la restricción discriminatoria que limita nuestra posibilidad de adoptar y de muchos niños de contar con el amor de una familia; y habilita a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual, acceder a los derechos y deberes asociados al vínculo matrimonial.

Para avanzar en inclusión, se debe abordar las enormes barreras que enfrentan las personas LGBTIQ+ para integrarse a la sociedad, especialmente la población trans. Se debe hacer un trabajo conjunto con las diferentes entidades del Estado para garantizar que no se discrimine a nadie por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni en sus espacios de trabajo, ni en la atención al público. Se debe reforzar esto con campañas hacia el sector privado y modificar la ley “inclusión de verdad” para hacer extensiva la preparación del área de RRHH a la inclusión diversidad sexual.

También es indispensable una ley integral trans que incluya un cupo laboral en el sector público e incentivos de contratación en el sector privado, que considere medidas en salud para mejorar el acceso a prestaciones y especialistas, que tome medidas contra el bullying y la discriminación en los establecimientos educacionales, que permita el reconocimiento de la infancia trans, personas no binarias y brinde reparación a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos en las décadas pasadas. Esta tramitación debe ir acompañada de una encuesta oficial a las personas trans, que nos permita por primera vez conocer con mayor certeza nuestra situación.

Termino esta lista con el proyecto de ley de Educación Sexual Integral, iniciativa que propone entregar herramientas al alumnado y terminar con el tabú hacia la diversidad sexual y de género que existe hoy en la educación. Vamos a acabar con el veto conservador que limita la posibilidad de hablar sobre nuestra existencia en las aulas y avanzaremos con convicción en prevención de violencia, abusos e ITS, en el fomento del respeto por la diversidad y en promover una sexualidad informada, responsable y libre.

Confiamos en que este nuevo trato con el país diverso que habitamos representa avances en libertad, igualdad, derechos y dignidad. Junto a Pablo Vidal impulsaremos estas iniciativas en la campaña y trabajaremos para que se incorporen al acuerdo programático de la oposición.

Tenemos la convicción profunda de que el éxito de las naciones en el futuro será de aquellas que favorezcan el pluralismo y la coexistencia de los diferentes grupos humanos que cohabitan el territorio, luchando decididamente contra la discriminación y proporcionando las herramientas para que todes puedan desarrollar sus proyectos de vida con libertad.

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