Es necesario avanzar hacia una condonación universal de las deudas por estudiar. Una necesidad que ha sido planteada de forma transversal en el mundo político y que puede tener como punto de partida la condonación de la mitad de la deuda ya adquirida por el Estado, para luego diseñar un proceso de mediano plazo.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) es cada vez más indefendible en el discurso público. Hasta su impulsor, el ex Presidente Ricardo Lagos, tuvo que reconocerlo. En los 2000 su célebre dedo apuntaba como “egoísta” al movimiento estudiantil por advertir el gran negocio que harían la banca y la educación privada lucrativa, a costa del endeudamiento de miles de familias. Recientemente el ex mandatario publicó en sus memorias que “supusimos tendría tasas de interés inferiores a otros créditos” y que “no supimos proyectar hasta dónde podían llegar los montos a pagar por los alumnos“.
Diversos actores sociales y políticos hemos denunciado por años las negativas consecuencias que tiene este sistema de créditos para los estudiantes, para el sistema de educación superior y para el mismo Estado. Así también lo consideró la Cámara de Diputadas y Diputados en 2018, al aprobar por amplia mayoría el Informe de la Comisión Investigadora, que promovimos, sobre esta materia.
El CAE ha sido una política de financiamiento que, con altísimas tasas de interés -subsidiadas desde 2012 por el Estado para los deudores al día-, y condiciones leoninas inéditas en el sistema crediticio nacional, ha significado una gran carga financiera para jóvenes recién egresados del sistema de educación superior, además de altamente oneroso para el fisco, contrario a lo que prometían sus impulsores. Algunos argumentan que estas deudas se justifican por una suerte de movilidad social, ignorando las altas tasas de deserción, las dinámicas de rotación y precarización laboral, el incremento del subempleo profesional y la devaluación de las certificaciones educativas, fenómenos que han acompañado la expansión desregulada, socialmente segmentada y cualitativamente diferenciada de nuestro sistema de educación superior.
El abuso que significa el CAE y las desventajas a las que se enfrentan sus deudores en relación a los demás sistemas de créditos, han sido reconocidos también en recientes fallos de la Corte Suprema. En las últimas semanas, el máximo tribunal confirmó que la imprescriptibilidad de estas deudas -regla excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico y que durante años ha sido argumento de la banca para perseguir a deudores morosos- en realidad sólo es tal en favor del fisco, debiendo los bancos y sus cobros regirse por las normas comunes de prescripción.
Más recientemente, la Corte, ordenó la eliminación de las deudas de CAE y Fondo Solidario a dos deudoras que se declararon en quiebra, acogiéndose a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Lo que contradice un fallo de 2017 que excluía a los deudores educativos de esta normativa. Estas sentencias vienen a consolidar las estrategias judiciales que muchos han seguido con el objeto de alivianar la pesada mochila de deudas que les dejó su paso por la educación superior. Sin embargo, la judicialización de este conflicto da cuenta de la incapacidad de las instituciones políticas de resolver problemas que son producidos por ellas mismas.
No podemos seguir eludiendo este conflicto. Es necesario que en este contexto de crisis global, desde la política avancemos en aliviar y reparar a las y los deudores educacionales. En esa dirección, el estallido social de octubre aceleró la tramitación de la ley “Chao Dicom”, iniciativa que elimina de los boletines comerciales a todos los deudores educacionales, incluidos los del CAE, Fondo Solidario y Corfo. Esta medida entra en vigencia el próximo 26 de agosto, y aunque constituye un alivio, es insuficiente. Otro paso se dio esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, que aprobó con amplia y transversal mayoría, que los deudores educacionales puedan suspender el pago de cuotas de sus créditos sin letras chicas, lo que esperamos se ratifique en el Senado lo antes posible.
Pero es necesario avanzar hacia una condonación universal de las deudas por estudiar. Una necesidad que ha sido planteada de forma transversal en el mundo político y que puede tener como punto de partida la condonación de la mitad de la deuda ya adquirida por el Estado, para luego diseñar un proceso de mediano plazo.
Y es preciso ir todavía más allá, porque la lucha contra el endeudamiento educacional es una pelea de todo el pueblo chileno. Fue uno de los temas en la movilización social de octubre del año pasado, las protestas del 2011 y distintas movilizaciones estudiantiles. La discusión constituyente abierta por la movilización social presenta una oportunidad para enmendar una de las causas del descontento social y proyectar un futuro que no reproduzca los errores del pasado. La unidad en la oposición debe estar anclada en acuerdos mínimos que permitan proyectar una salida al neoliberalismo. En ese sentido es fundamental que las y los diferentes actores sociales y políticos aboguemos porque la nueva Constitución garantice derechos sociales, como lo es la educación, sin endeudamiento.
